La primera demanda contra los bancos internacionales que financiaron a la dictadura militar ya tiene juez. Tras un año y medio de deambular entre los distintos fueros, la Sala I de la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal dictaminó que sea un juzgado en lo civil en primera instancia el que instruya la causa que intenta dilucidar qué bancos fueron cómplices de los dictadores. El expediente recayó en el juzgado a cargo de Graciela González Echeverría, que ya se había declarado incompetente para investigar los préstamos que se hicieron al país entre 1976 y 1983, y que terminaron sosteniendo al aparato represivo ilegal. La jueza ahora deberá pedir informes al Banco Central y al Ministerio de Economía para determinar quiénes fueron los prestamistas y los montos que facilitaron.

La buena noticia es que la acción civil que, por primera vez, intenta ir contra los bancos privados internacionales que colaboraron con el sostenimiento de la Junta Militar dio su primer paso en la Justicia. La mala es el tiempo transcurrido desde que fue presentada, el 18 de marzo de 2009, por dos hijos de desaparecidos. El expediente denominado “Ibáñez y otros”, en rigor es una medida preliminar, que antecede a una posible demanda, y que persigue establecer los nombres de los bancos y los montos que prestaron a la Argentina entre 1976 y 1983, cuando el financiamiento internacional para el país estaba vedado por los organismos multilaterales de crédito y por el Congreso de los Estados Unidos, ante las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Por decisión de los camaristas María Susana Najurieta y Martín Diego Farrell –el tercer juez que integra la sala, Francisco de las Carreras estaba de licencia–, el destino del expediente será el Juzgado Civil Nº 34, a cargo de González Echeverría. En el interminable laberinto judicial al que sometieron al pedido, el expediente ya había pasado por ese juzgado. En su momento, la jueza se había excusado argumentando que, por la naturaleza del reclamo, que podría involucrar entidades transnacionales, el fuero civil y comercial federal era el indicado. Aún así, en una decisión controvertida, la Cámara estableció que prima facie no correspondería involucrar la competencia federal, puesto que “se demandará por daños y perjuicios a entidades financieras del sector privado, por lo que se aplicarán normas de derecho común”, y no las normas federales. “En este caso no hubo presión directa de los bancos, pero hubo mucha autopresión por parte de la corporación judicial”, dijeron a Página/12 fuentes judiciales. Los magistrados se escudaron en que la “pretensión principal es un resarcimiento por los daños y perjuicios que dicen haber sufrido los accionantes frente a la conducta de las entidades que pretende demandar, lo que exigiría la aplicación de normas de tipo civil”. Poco se habló en el fallo de la responsabilidad corporativa en violaciones a los derechos humanos.

La jueza González Echeverría tiene diez días hábiles para evaluar si considera improcedente el pedido y archiva la causa o si, en cambio, solicita los informes al Banco Central y a Economía. Según varios expertos en derecho internacional, una acción civil de este tipo, derivada de delitos de lesa humanidad, que al día de hoy se siguen investigando en los tribunales, sería también imprescriptible. Por su parte, entre los antecedentes de González Echeverría se cuenta el fallo que en 2002 declaró inconstitucional la Ley de Salud Reproductiva, votada por la Legislatura porteña –entre otras acciones, la norma promovía charlas de orientación y reparto de anticonceptivos en hospitales públicos–.

La demora de la Justicia no es casual. El pedido de resarcimiento que surja de los informes que se soliciten podría apuntar, entre otros, a entidades de la talla del Bank of America, Republic Bank of Dallas, Unión de Bancos Arabes y Franceses, Banco de la Sociedad Financiera Europea, Banco Europeo de Crédito, Unión de Bancos Suizos, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Citibank, Banco de Boston, Chase Manufacturs, Lloyds Bank, Wells Fargo, Marine Midland, Banco di Roma y Citicorp. Todos ellos, relacionados con los registros asentados en el fallo de la sentencia del caso Olmos, que prueba que las entidades facilitaron dinero utilizando como fachada a la entonces estatal YPF.

En tanto, el anuncio de la presentación de una segunda demanda que apunta directamente contra el Citibank y el Bank of America por haber financiado al Estado que había montado un aparato de represión ilegal, causó revuelo en el exterior. Ejecutivos de los dos principales bancos de los Estados Unidos buscaron de inmediato ponerse al corriente de los fundamentos que tendrá la demanda. La presión de los bancos se tradujo en una versión que fue deslizada con posterioridad, que vinculaba el planteo judicial iniciado por Martín Garramone –hijo de un desaparecido– con una estrategia del gobierno nacional para apoderarse del sistema financiero, utilizando como argumento las violaciones a los derechos humanos. Incluso, fueron más allá y llegaron a comparar su situación con la de Papel Prensa.

Informe: Gabriel Morini.