Los incrementos en las jubilaciones propuestos en la ley que vetó ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reducían 1,5 puntos porcentuales la pobreza pero incrementaban 15 por ciento la desigualdad entre los jubilados. Las estimaciones fueron realizadas por un grupo de investigadores del Conicet encabezados por Demián Panigo. Los especialistas advierten que la medida ampliaba entre los ancianos los profundos contrastes distributivos que arrastra la población activa desde el fragmentado mercado de trabajo.

Las mejoras que proponía la vetada legislación incrementaban 37 por ciento los haberes mínimos que perciben las tres cuartas partes de los ancianos dentro del sistema previsional y elevaba, en promedio, un 80 por ciento las prestaciones más altas. Ante las limitaciones estructurales que posee el sistema de la seguridad social, los economistas enfatizan la necesidad de mejorar el monto de la jubilación mínima de acuerdo con los requerimientos de alimentación, vestimenta, vivienda y esparcimiento de los beneficiarios, y ampliar la cobertura que hoy alcanza al 87 por ciento de los jubilados a la totalidad de la población retirada.

La primera parte del articulado de la ley llevaba al 82 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) el monto de las jubilaciones mínimas. La prestación que perciben la mayoría de los beneficiarios hubiera pasado de 1042 a 1427 pesos. Esa actualización implicaba, de acuerdo con las estimaciones del Ceil-Piette, una erogación de entre 18 y 23 mil millones de pesos. Mientras tanto, el recálculo de los haberes de los ancianos mejor remunerados estipulado en los artículos 5, 6 y 7 de la iniciativa (referidos a los fallos Badaro, Sánchez y Eliff de la Corte Suprema) acarreaba un costo de hasta 30 mil millones pesos. Las simulaciones realizadas para el documento que está elaborando Panigo junto con los economistas Julio Neffa, Emmanuel Agis y Nicolás Dvoskin, arrojan casos donde un jubilado pasaba de cobrar 4 mil pesos a 33 mil pesos mensuales si la ley hubiera entrado en vigencia.

A su vez, la iniciativa establecía que el monto del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) no podía superar el importe equivalente a un año de jubilaciones. Los recursos del fondo superan los 150 mil millones de pesos, por lo que “hubiera sido necesario vender 70 mil millones de dólares de acciones de empresas privadas y bonos públicos. La venta compulsiva de esos activos en el corto plazo resultaría en una fuerte pérdida de capital”, comentó el especialista.

Para los ancianos, jubilados o no, la diferencia de ingresos entre el 20 por ciento más pobre y el 20 por ciento más rico es de diez veces. Según el especialista el impacto de la ley vetada ayer hubiese sido equivalente a “retroceder cinco años de avances en materia previsional a partir de la recuperación de un sistema solidario que permitieron que Argentina sea el país de mayor igualdad entre los viejos”. A su vez, el impacto regresivo de la medida hubiera impactado más fuerte sobre las mujeres mayores de 60 años profundizando la inequidad de género.

La ampliación en la cantidad de individuos cubiertos por el sistema es una de las principales transformaciones que exhibe la seguridad social. En 2005 la tasa de cobertura tocó un piso de 55,1 por ciento. Esos niveles evidenciaban el fracaso del sistema de capitalización de las AFJP y el proceso de precarización del mercado de trabajo. Desde ese momento, las moratorias previsionales permitieron incorporar 2,4 millones de jubilados que no contaban con los aportes suficientes para acceder al sistema. Así la cantidad de personas en edad de retirarse que perciben haberes trepó hasta el 86,7 por ciento.

El investigador del Conicet sostiene que “con un tercio de los recursos que se pensaban utilizar para recalcular los haberes más altos se puede extender la cobertura del sistema al ciento por ciento de los jubilados”. La arraigada concepción de que debe existir proporcionalidad entre el salario y la jubilación rechaza este tipo de propuestas de universalización de la prestación independientemente de la capacidad contributiva de los jubilados. La resolución de las fallas estructurales que arrastra el sistema previsional requiere un debate más profundo que contemple, además de la relación entre el salario y el monto del haber, la composición de las fuentes de financiamiento.