El veto al 82 por ciento móvil llegó
ayer a Diputados.

La oposición parlamentaria salió al cruce de los argumentos vertidos en el veto presidencial a la ley aprobada por el Congreso para implementar el 82 por ciento móvil a las jubilaciones, pero todavía no resolvió la estrategia legislativa para enfrentarlo. Convencidos de que no alcanzarán los dos tercios necesarios para rechazar el veto y ratificar la ley, desde la Coalición Cívica tratarán de enarbolar la iniciativa como una bandera de campaña electoral de todo el arco opositor: buscarán la semana entrante un acuerdo del Grupo A para volver a tratar el proyecto el próximo año y el compromiso de todas las fuerzas políticas de aplicarlo si alguna de ellas llega al Gobierno. En tanto, el texto del veto de CFK ya llegó al Congreso.

“El veto desnuda la verdadera cara del kirchnerismo. Nunca fue un gobierno progresista, sino un modelo de poder arbitrario, injusto e hipócrita”, afirmó el presidente de la UCR, Ernesto Sanz. “El 82 por ciento móvil es peronismo puro, y el veto es kirchnerismo”, sumó el peronista disidente Felipe Solá. “Cuando el kirchnerismo no logra imponer sus mayorías en el Congreso, opta por impedir su funcionamiento o vetar sus decisiones”, sostuvo Horacio Alcuaz, de GEN. “El veto es lamentable. Hay que terminar con esta contradicción de una Anses rica y jubilados pobres”, dijo el presidente del socialismo, Rubén Giustiniani.

Toda la oposición considera que son “exagerados” los fundamentos del veto en los que se plantea que “la promulgación de la ley implicaría prácticamente no sólo la quiebra del sistema previsional argentino sino del propio Estado”. Sin embargo, la oposición todavía no avanzó, más allá de las declaraciones individuales, en la elaboración de una estrategia conjunta para enfrentar el veto. Algunos de sus legisladores propusieron en un primer momento hacer “pagar aún más caro el costo político del Gobierno”, insistiendo con el proyecto en Diputados para obligar nuevamente al bloque oficialista a respaldar el veto presidencial. Pero otros cuestionaron la iniciativa para no exponer al arco opositor a una derrota parlamentaria ante la “imposibilidad” de reunir los dos tercios.

Por eso desde la CC promueven volver a impulsar el mismo proyecto el año entrante y buscar el compromiso político de todos los bloques de la oposición de implementarlo si cualquiera de ellos gana las elecciones presidenciales. Algo que los propios seguidores de Carrió consideran que incomodará a la UCR, que estaba más de acuerdo con el texto que los senadores de la oposición habían propuesto. “Cuando nosotros incorporamos al texto del proyecto el cumplimiento de los fallos de la Corte sobre los casos Badaro y Sánchez, los radicales lo terminaron acompañando a regañadientes”, sostienen los legisladores de Lilita.

El extenso texto del veto llegó al mediodía a la Cámara de Diputados, y tiene a la cabeza de sus fundamentos la violación de la Ley de Administración Financiera del sector público nacional, donde se establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el Presupuesto deberá especificar las fuentes de recursos a utilizar para su financiamiento”. Una situación que dividió al arco opositor en la Cámara baja, a la hora de discutir el proyecto y que aún provoca roces.

El Grupo A desechó el intento de los bloques de centroizquierda de incorporar otras fuentes de financiamiento al proyecto. Una lista que incluía desde la restitución de los aportes patronales de las grandes empresas al mismo nivel de los ’90 hasta gravar la renta financiera, minera y del juego de azar. Una postura por la que ahora el diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, también les pasa factura a las bancadas opositoras a pesar de haber acompañado el proyecto con su voto.