El falso debate por el falso 82 por ciento móvil puso la lupa en las partes pudendas del sistema, las agrandó y las puso en pantalla gigante. Fue como un Tinelli show para que todos pudieran ver otra vez el mismo desenlace superstar del vice votando cualquier cosa en contra del gobierno al que todavía pertenece. Y todo el mundo haciendo como si. Como si se tratara de discutir una medida revolucionaria, como si se tratara de debatir un aumento para los jubilados, como si se tratara de impulsar la distribución de la renta, como si se estuvieran defendiendo principios, como si fuera una lucha de vida o muerte por la justicia. Es igual que el show de Tinelli donde todos hacen que lloran como si estuvieran tristes o se pelean como si estuvieran enojados o se dan besitos como si estuvieran enamorados.

El PRO de Mauricio Macri llevó bien alta la bandera de la distribución de la renta. La derecha radical y la derecha peronista se rasgaron las vestiduras por su larga tradición en defensa de los jubilados, incluyendo la congelación de las jubilaciones y la privatización menemista y los descuentos abusivos del delarruismo radical. Todos juntos supieron dar batalla hasta la victoria final, que no fue la aprobación de la ley trucha, sino su veto por la Presidenta. Y todo esto acompañado por un sector del centroizquierda –Proyecto Sur, el GEN, los socialistas santafesinos– que quedó enrollado en este reality con escenarios de papel maché y en la bolada desperdició la posibilidad de dar una verdadera discusión por las jubilaciones y la distribución de la riqueza. Plantearon pour la galerie una fuente de financiamiento para la medida, pero terminaron impulsando el proyecto trucho que apuntaba a obligar a la Presidenta a vetarlo, o en caso contrario al desfinanciamiento del Estado y a la venta de los activos de la Anses a precios de La Salada. Esa ley terminaba en un nuevo desastre de las jubilaciones estatales y su consecuente privatización y regreso al sistema de las AFJP. Vaya la casualidad, porque la mayoría de los que la impulsaron en su momento votó en contra de la reestatización de las jubilaciones y a favor de las AFJP. Esos fueron los aliados increíbles del centroizquierda opositor.

En la misma semana que se aprobó la ley en el Senado, en Francia las centrales obreras y los partidos de centroizquierda movilizaron 3,5 millones de personas en contra de la reforma del sistema jubilatorio que atrasa dos o tres años la edad para jubilarse. Todavía el miércoles había miles de jóvenes protestando en las calles de París.

El debate sobre el sistema jubilatorio que se dio aquí fue tan poco creíble que apenas movilizó a un puñado de activistas. Se había elegido el 82 por ciento no por ningún cálculo científico, sino por el efecto propagandístico que tiene esa cifra como hito histórico de máxima en la lucha de los jubilados. Pero en el contexto en que fue planteado nadie creyó en ese falso 82 por ciento, ni siquiera los jubilados. El miércoles, cuando se discutió el proyecto de ley en el Senado, hubo varias convocatorias en la puerta del Congreso. Lo más extraño de toda esta comedia de equivocaciones era que todos los convocantes han sido enemigos históricos. Por la puerta del Congreso pasaron Luis Barrionuevo con su CGT Azul y Blanca, y después Víctor De Gennaro –que debe ser la primera vez que coincide en algo con Barrionuevo– en un acto en el que participaron la CTA, la CCC del PCR (viejos enemigos de la CTA), y las huestes del MIJD de Castells. El diario La Nación –que apoyaba la movida– calculó que toda la convocatoria había sumado unas cinco mil personas. Se trataba de un tema tan sensible que, si se lo tomaba en serio, podría modificar de raíz la situación de millones de personas.

Esta problemática moviliza cientos de miles en cualquier país, como lo demuestra Francia en la actualidad, y como lo han demostrado los jubilados argentinos en otras épocas. Por eso, la poca repercusión que tuvo el tema da cuenta de la poca seriedad con que fue planteado por todos los que apoyaron la ley que salió del Congreso, incluyendo el centroizquierda opositor al que siempre le pasa lo mismo cuando va detrás de la ola centroderechista del Grupo A. Debajo del atractivo título del 82 por ciento móvil, la ley tiene dispositivos que atentan contra las jubilaciones y están a la derecha de la derecha.

Para que el centroderecha se lanzara detrás de una reivindicación supuestamente distributiva debía tener varios retenes de seguridad. Desde el oficialismo sugieren que la idea de aglutinar a la oposición detrás del 82 por ciento móvil fue promovida por Clarín. Desde el otro lado se argumenta que si hubiera sido así, Clarín tenía el suficiente poder para convertirla en una causa nacional. Pero justamente, de lo que no se trataba era de convertirlo en una causa de masas. Se buscaba simplemente reunir a toda la oposición, incluidos los legisladores del centroizquierda opositor, para forzar el veto presidencial y resentir la imagen popular o progresiva del Gobierno. Y tampoco podían explicitar las fuentes de financiamiento para el 82 por ciento porque las únicas fuentes posibles son aumentando los aportes patronales u otros impuestos. Y eso no lo van a proponer porque allí están los intereses que representa el centroderecha.

Desde el centroizquierda opositor, que los acompañó a pesar de conocer ese cuadro, se habló también de sacar subsidios a los servicios y a la producción, o disminuir obras públicas, lo cual presenta un centroizquierda bastante a la derecha: lo que se da por un lado a los jubilados se les saca por el otro, aumentando tarifas y desempleo. En función de las circunstancias, el centroizquierda opositor ha sido bastante concesivo con el centroderecha en su alianza parlamentaria, lo cual proyecta un esbozo de lo que sería en un eventual gobierno suyo.

Casi no hubo ningún esfuerzo de los dirigentes opositores por ser convincentes. De lo único que se preocuparon fue de sumar los votos en el Congreso. Por lo demás, da la sensación de que la oposición no trabaja para convencer, sino que actúa sobre la base de que la sociedad ya está muy definida: a los oficialistas les parecerá perfecto todo lo que venga del Gobierno y a los opositores, viceversa. Cuando se parte de esa imagen, los discursos son esquemáticos y simplistas. Cuando se lo escucha desde el lado opuesto ese esquematismo queda muy expuesto porque la mirada está desprovista de todos los implícitos y preconceptos sobre los que se asienta.

De todas maneras, en el caso del 82 por ciento, la falta de esfuerzo parece obedecer más a la intención de controlar la llegada de este debate a la sociedad, que a cualquier preconcepto. Porque hasta el opositor de a pie se alegra por la derrota del oficialismo, pero no se traga la idea de que la batalla seguirá hasta la definitiva instauración de esa propuesta. Esa reivindicación se conoce desde fines de los años ’50, pero no formó parte de ninguno de los programas electorales de los partidos que ahora la impulsaron en el Parlamento.

Si la sanción de la ley hubiera estado acompañada por cientos de miles de jubilados en las calles, al Gobierno le hubiera sido más difícil vetarla. Pero la esencia de esta ley no es popular, y los que la impulsaron evitaron la divulgación horizontal o cualquier debate masivo. Los grandes medios hicieron lo mismo. Porque en el pensamiento del centroderecha, el Gobierno era capaz de implantar el 82 por ciento móvil y decretar el aumento de los aportes patronales, si la movida hubiera puesto en la calle a millones de personas. Y ellos no querían que se aplicara la ley que habían aprobado.

El objetivo era el veto presidencial. Como la falsedad de toda esta movida estaba muy a flor de piel, nadie le creyó y no generó expectativa por lo que, a su vez, el veto presidencial resultó fácil y no tuvo un costo alto. Y seguramente el oficialismo trate de recuperar ese espacio con algunos anuncios inminentes favorables a los jubilados, lo cual es bueno. La oposición, por su parte, se anotó un triunfo parlamentario con el resurgir del Grupo A que venía de una frustración tras otra. Pero las instituciones no han quedado bien paradas: se usó al Congreso para una mascarada y otra vez el vicepresidente usurpó la prerrogativa del desempate que la Constitución le concede al Poder Ejecutivo, al votar contra el Gobierno del cual es delegado y representante.