Experto en seguridad e integrante del Acuerdo de Seguridad Democrática, Marcelo Saín avala la propuesta de varios intendentes del conurbano bonaerense de crear policías comunales y descentralizar la policía provincial para “garantizar la prevención del delito a nivel local”. “El centralismo sólo se sostiene en el interés que tienen determinadas autoridades políticas y policiales de mantener un sistema de recaudación ilegal de fondos, que termina yéndose hacia arriba y concentrándose en la cúpula”, afirma el ex viceministro provincial de Seguridad y ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ahora, encolumnado en el EDE –el partido que conduce el diputado nacional Martín Sabbatella—, Saín sostiene que el gobierno provincial “no sabe dónde está parado en materia de seguridad pública” y sale al cruce de las críticas de los sectores progresistas a la iniciativa de los jefes comunales: “No se pueden garantizar por ley o por acuerdo político gestiones progresistas. Eso lo decide la gente. Pero sí se puede garantizar que se respeten las normas”, sentenció en esta entrevista con Página/12.

–¿Cuál es su postura frente a la propuesta de algunos intendentes del conurbano de crear policías comunales?

–Creo que es una buena iniciativa y no hago una evaluación desde quiénes la formulan, sino a partir de su contenido. Hay que señalar que el sistema policial provincial está colapsado por muchísimas razones, pero hay una que es clave y es que en general destina pocos recursos humanos y operacionales a atender tareas del control de los delitos. Sólo el 25 por ciento está destinado a la prevención de delitos.

–¿Las policías comunales tendrían que suplir ese déficit?

–Este esquema centralizado es el que te impide desarrollar un trabajo preventivo integral y serio a nivel local, que requiere de dispositivos de gestión local. Es imposible trabajar tareas policiales preventivas desde una estructura central para un territorio de 310 mil kilómetros cuadrados y para 17 millones de personas. No existe en ningún lugar del mundo. El centralismo sólo se sostiene en el interés que tienen determinadas autoridades políticas y policiales de mantener un sistema de recaudación ilegal de fondos, que termina yéndose hacia arriba y concentrándose en la cúpula.

–¿De qué manera habría que implementarlo?

–Hoy no hay esquemas de prevención a nivel local. Esta situación impide que los gobiernos locales, aquellos que por lo menos tienen interés, capacidades para poder desarrollar esto, me refiero a capacidad financiera, técnica y política, para poder conducir un sistema local de seguridad pública con un pilar en estrategias de intervención en prevención social, la violencia y el delito, y otro pilar en lo que es la gestión de la conflictividad como es la policía.

–¿Cómo se podría discernir cuáles son los municipios que reúnen estas condiciones?

–No se tendría que discernir desde la provincia. Habría que hacerlo desde los municipios o un conjunto de municipios. Nosotros no pensamos necesariamente en una policía municipal para cada uno de los distritos. Es muy probable que algunos distritos lleguen al acuerdo de juntarse para establecer una suerte de policía de condado, regional, para tres o cuatro municipios. Pero eso depende de ellos. Si se va a un esquema así, debería haber un convenio de descentralización de la provincia hacia aquellos municipios que, entre otras cosas, demuestren determinados parámetros de descentralización, entre los cuales, a mi modo de ver, debería ser clave que cuenten con estructura de la gestión política de la seguridad local. Si no, lo que van a pretender muchos de estos intendentes es poner un comisario duro retirado al frente de este esfuerzo.

–Uno de los cuestionamientos a esta iniciativa, es que los intereses de los que usted hablaba sobre nichos de corrupción que se concentran arriba de la estructura política y policial se harían más fuerte abajo, en la estructura municipal.

–Me parece que ahí hay una lectura errónea de lo que es el dispositivo de corrupción policial institucionalizado. El grueso de la recaudación ilegal que se hace a nivel local no queda en los municipios, se va para arriba, la inmensa mayoría de esos fondos. Entonces, pensar que eso puede ocurrir en un futuro con un esquema descentralizado y no ver que ocurre ahora en la mayoría de las intendencias, donde existe una permeabilidad policial a la influencia política de los intendentes, es no saber cómo funciona el sistema actualmente. Así ocurre con los principales referentes políticos del PJ en los grandes municipios.

–¿Cómo se podría revertir esto?

–Los buenos intendentes, aquellos en los que no importa su filiación política, hoy quisieran tener el manejo del instrumento policial para integrarlo junto con lo que son los recursos sociales en materia preventiva, y no lo pueden hacer en el marco de este esquema. Antes Martín Sabbatella y hoy el intendente Lucas Ghi, en Morón, siempre han reivindicado contar con la conducción policial, y ellos se sienten rengos y chuecos. Hacen mucho esfuerzo en lo que es intervención social, prevención de conflictividad en el plan social y hasta aporte de infraestructura pero la policía no les responde. O si les responde es con situaciones correctivas ex post, pero nunca tienen la posibilidad de tener un mecanismo integral en esa materia.

–Entonces habría distintas políticas de seguridad de acuerdo con quien sea el intendente.

–Yo creo en la gente y en la democracia. Y al pueblo que le interesa tener un esquema de seguridad duro y le da legitimidad democrática, hay que bancárselo. Igual que aquel pueblo que crea que hay que sostener un esquema de seguridad democrático. No tolero la crítica progresista a este tipo de descentralizaciones que creen que es posible garantizar a través de un esquema constitucional que la gente gestione las cosas como nos gusta a nosotros. Eso lo tiene que decidir la gente.

–Sería necesario algún tipo de control para evitar actos de corrupción o de utilización política de esa policía comunal.

–Si hay algo irregular o ilegal, los controles son la denuncia penal de aquellos hechos que son delictivos. Es algo que tiene que ser dirimido en el ámbito de cada uno de los municipios y hay que tener una absoluta libertad. Habrá municipios que tendrán una perspectiva más volcada hacia la derecha en la gestión de la seguridad pública y otros que la tendrán más hacia un concepto democrático. Mientras no se violen normas ni haya un incentivo a la violación de normas de parte de los intendentes, no veo cuál es el problema. No se pueden garantizar por ley o por acuerdo político gestiones progresistas. Pero sí se puede garantizar que se respeten las normas.

–¿Hay que prever algún tipo de control ciudadano?

–Lo que brinda la posibilidad de la descentralización a nivel local es que se gestione de manera mancomunada con la comunidad todo lo que es la conflictividad local. Acerca mucho más al vecino a lo que es la estructura de gobierno, la gestión social y fundamentalmente la intervención policial. Claro que va a estar mucho más vigilada socialmente. Nadie controla la institución policial si no maneja los recursos presupuestarios, los ascensos y promociones y las ocupaciones de cargos de esas policías. Y si después hay intendentes que lo hacen bien o mal, ya eso tiene que ver con las capacidades políticas de cada uno y lo pagarán en la urna, donde serán premiados o castigados.

–¿Qué funciones debería cumplir la policía municipal?

–Todas tareas de prevención local: la vigilancia del espacio público, respuestas inmediatas frente a delitos, incluso delitos violentos. No puede investigar delitos bajo el mandato judicial o mantenimiento del orden público, ésos deben ser servicios policiales centralizados. Pero cuando hablamos de descentralización estamos hablando de traspaso funcional y orgánico: crear una nueva policía con una nueva estructura de mando, operacional, una nueva carrera y régimen profesional, de formación y capacitación y de control. Tiene que haber un nuevo sistema de selección y encasillamiento.

–Hubo una experiencia de regionalización en la época de León Arslanian, en la que dividió a la policía en la misma cantidad de departamentos judiciales...

–Nosotros estamos pensando en otro esquema.

–¿Cuál sería?

–Que en la provincia se establezcan policías autónomas, por regiones, con un grado de descentralización importante en dos aspectos: el sistema operativo, que incluye inteligencia, operacional y logístico, y en todo lo que hace a estructura administrativa.

–También existe una discusión sobre si debe haber una policía judicial o no.

–Creo que sí, pero es un asunto de la Justicia. Lo que no puede hacer el poder administrativo es terminar subsidiando los vacíos de decisión de la Justicia. Ninguno de los actores jugó seriamente a que se conforme la policía judicial. La Justicia porque no quiere poner los pies en el barro y cree que es una pesada carga conducir su propio servicio pericial y de investigadores. Y por el lado del poder administrativo, que siempre tuvo recelo de descentralizar eso a nivel judicial, porque le interesa manipular las causas judiciales.

–Cuando los intendentes plantearon la creación de policías comunales, desde la gobernación se dijo que podría ser una solución a los problemas de inseguridad, pero nadie presentó un proyecto concreto. ¿Cree que hay disposición de la gobernación para implementarlo?

–El gobierno de la provincia no sabe dónde está parado en materia de seguridad pública, no podría impulsar nada. Pero creo que algunos de estos intendentes tienen clara certeza de que no pueden avanzar en un esquema integral sin contar con la conducción de los recursos policiales.