EL PAíS › EL GOBIERNO DE AHMADINEJAD RECHAZó LA PROPUESTA ARGENTINA DE JUZGAR EN UN PAíS NEUTRAL A LOS ACUSADOS POR LA AMIA
La propuesta la había hecho Cristina Kirchner en la Asamblea de las Naciones Unidas. En una carta de rechazo que recién se conoció ayer, Irán criticó al país por hacer acusaciones sin fundamento contra sus ciudadanos.
› Por Fernando Cibeira
El gobierno de Irán rechazó la oferta de la presidenta Cristina Kirchner de enjuiciar en un tercer país a los ciudadanos iraníes acusados de haber participado del atentado a la AMIA. A través de una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la que cierra toda posibilidad de cooperación en el tema, Irán acusó a las autoridades argentinas de formular “alegaciones sin fundamento contra ciudadanos extranjeros” y les recomendó “poner en marcha investigaciones rigurosas que muestren la voluntad política de encontrar a los auténticos autores de tan execrable crimen”. La Presidenta advirtió ayer que era una carta larga y que la iba a leer con detenimiento antes de dar una respuesta que prometió para la noche, aunque no llegó. El Gobierno debe decidir si escala en la controversia bilateral o, por el contrario, canaliza su enojo a través de las vías formales sin romper lanzas.
El ofrecimiento a Irán era la sorpresa que Cristina Kirchner tenía escondida en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 24 de septiembre pasado, en Nueva York. Luego explicaría que no le veía sentido insistir por cuarta vez en pedir la extradición de los ocho acusados, reclamo que no había ni siquiera merecido respuesta por parte de Irán. Argentina en esos años probó diferentes estrategias frente al régimen de Mahmoud Ahmadinejad pero, sin dudas, el momento más tenso fue en la Asamblea de la ONU de 2009, porque Irán acababa de designar ministro de Defensa a Ahmad Vahidi, uno de los acusados que son reclamados desde el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral. En señal de repudio, la delegación argentina se retiró cuando Ahmadinejad comenzó a hablar.
Este año, al menos, hubo una propuesta: la del juzgamiento en un país neutral. La Presidenta citó como antecedente el llamado “caso Lockerbie”, por el cual, en 1998, dos libaneses fueron juzgados en Holanda pero con jueces escoceses por un atentado contra un avión de PanAm, que dejó un saldo de 270 muertos. “No estamos buscando culpables, estamos buscando justicia”, justificó Cristina Kirchner el cambio de posición.
En verdad, tampoco era ciento por ciento una novedad porque posibilidades como esa ya habían sido exploradas en la época en que Rafael Bielsa era canciller y también fue la propuesta que el fiscal que investiga el atentado, Alberto Nisman, llevó al encuentro que mantuvo con funcionarios iraníes en marzo pasado, en el edificio de la Interpol, en Lyon. La idea de Nisman fue rechazada, pero en la Casa Rosada no la interpretaron como un antecedente. “Era el fiscal que llevaba adelante el caso, nada que ver con las garantías que puede ofrecer la presidenta de la Nación”, justificaban en la Cancillería por qué se había resuelto volver a la carga con una propuesta similar unos meses después.
En ningún momento se especificó cuál podría ser el tercer país en el que se realizaría el juicio, pero en aquella oportunidad Cristina Kirchner dio a entender que no tendría problemas en que fuera una nación islámica, condición que podría suponerse significaría una mayor garantía para Irán. En ocasión del viaje de Nisman se había mencionado a Marruecos, Turquía y a Costa Rica. Igual, no hacía falta ponerse a evaluar sedes porque la respuesta de Irán conocida ayer descarta esa alternativa de cuajo.
Cristina Kirchner se había ido de Nueva York sin que se supiera de ninguna repercusión iraní a su propuesta. Antes de subirse al avión, la Presidenta consideró ese silencio prometedor porque podía significar que estuvieran pensado en qué contestarle.
Pero la respuesta ya estaba decidida. La carta difundida ayer está fechada el 28 de septiembre –es decir, apenas cuatro días después del discurso de CFK en la ONU– y lleva la firma del representante permanente de Irán en las Naciones Unidas, Mohammad Khazaee, quien se dirige a Ban Ki-moon “en ejercicio de su derecho a contestar a las observaciones formuladas por la presidenta de la República Argentina”.
La respuesta está dividida en cuatro puntos, el cuarto tiene a su vez varios incisos que vuelven sobre las habituales consideraciones que Irán hizo históricamente en esta causa.
1. Habla de la “falsa acusación” insinuada por la Presidenta acerca de que ciudadanos iraníes habían participado del atentado a la AMIA.
2. Irán manifiesta “su pesar ante la persistencia de algunas autoridades argentinas en seguir el camino equivocado de distanciarse de la justicia”.
3. Recuerda las respuestas a los anteriores discursos presidenciales en la ONU, curiosamente también fechados los 28 de septiembre de 2007, 2008 y 2009.
En el cuarto punto el gobierno iraní se explaya sobre sus objeciones a la investigación del atentado que realizó la Justicia argentina, con lo que echa por tierra cualquier posibilidad de colaboración. “Un procedimiento arbitrario que, a todas luces, infringe los derechos fundamentales de las personas sobre la base de su nacionalidad y religión”, considera el expediente. Incluso, acusa a Argentina de ser “responsable de numerosas violaciones al derecho diplomático”, debido a las escuchas telefónicas realizadas a funcionarios de la embajada iraní en Buenos Aires.
También sostiene que Argentina colaboró y dio apoyo financiero a “grupos terroristas”, en referencia a la declaración de “arrepentidos” que apuntalaron las acusaciones contra los ciudadanos iraníes. Estos testigos de identidad reservada ofrecieron sus testimonios en el exterior –en Alemania y en Estados Unidos– e Irán los acusa de tener vínculos con la CIA y el Mossad, los servicios norteamericanos e israelíes.
Insólitamente, la carta del representante iraní hace referencia a “un atentado terrorista perpetrado en 1995 contra el antiguo encargado de negocios iraní en Buenos Aires que cometió un grupo terrorista en Argentina”, cuando la investigación judicial determinó que aquel hecho fue un robo común por el que el funcionario iraní no sufrió mayores consecuencias.
“Pedimos al gobierno de la Argentina que desista de reiterar las improcedentes hipótesis y lugares comunes inventados por una administración corrupta en la década de 1990 para encubrir a los autores reales y que, en lugar de ello, tomen medidas efectivas y lleven a cabo investigaciones rigurosas para descubrir la verdad”, afirma, en uno de sus párrafos más duros. Pese al tono general confrontativo, Irán sostiene en el inciso “k” que su gobierno “está interesado en mantener e intensificar sus históricas relaciones con la República Argentina, y dispuesto a entablar un diálogo constructivo con el gobierno de la Argentina en un espíritu de respeto mutuo a fin de que se lleguen a comprender claramente las respectivas posiciones”.
El gobierno argentino evaluaba anoche qué respuesta dar al rechazo. La condena a Irán ha sido siempre un tema que acercó a la Argentina a los intereses de la política exterior de Estados Unidos y de Israel, aunque nunca se llevó al extremo de romper relaciones con el régimen de Ahmadinejad.
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