El Estado nacional le reclamó al juez civil y comercial Edmundo Carbone que deje sin efecto la medida cautelar que mantiene eximido al Grupo Clarín de la obligación de desprenderse de licencias de radio y televisión en el término de un año, como establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También le pidió que, si resolviera dejarla en pie, entonces se atenga a lo que dispuso recientemente la Corte Suprema y fije un “plazo razonable” para evitar que esa cautelar se convierta en una sentencia anticipada en beneficio del multimedio. La presentación judicial fue acompañada de un informe técnico que advierte que, en las circunstancias actuales, en las que el grupo empresario concentra –por ejemplo– el 57 por ciento del mercado del cable, no estaría garantizado el surgimiento de nuevos prestadores de acuerdo con la norma sancionada el año pasado.

El puntapié para que el Estado hiciera este nuevo planteo lo dio el fallo de la Corte Suprema que, dos semanas atrás, resolvió sostener la medida cautelar que exceptúa al Grupo Clarín del plazo de desinversión, pero simultáneamente advirtió sobre la “conveniencia” de ponerle “un límite razonable” que evite su prolongación en el tiempo. Ese tope, explicaron entonces en el alto tribunal, pretende además apurar una definición sobre la cuestión de fondo, donde se debate la constitucionalidad del límite al número de licencias, su transferencia y el plazo para desinvertir. La Corte no precisó cuál sería la duración ideal de la cautelar: el fallo decía que si el juez de primera instancia no la definía, el Estado podía pedirle que lo haga.

La presentación de ayer, que impulsó el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, patrocinado por el procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, pide –en primer lugar– que se levante la medida de no innovar favorable al Grupo Clarín. Argumenta que, desde la sanción de la ley en octubre del año pasado hasta septiembre de 2011, cuando expira el plazo de desinversión para todos los titulares de licencias, habrán pasado casi dos años, lo que representa –dice– un lapso suficiente para adecuarse a los topes que indica la nueva norma (diez licencias de televisión o radio en todo el país). Junto con el texto jurídico, el Estado entregó un informe técnico que intenta demostrar que mientras el Grupo Clarín siga al margen del desprendimiento forzoso de licencias, la nueva ley no se podrá aplicar en forma íntegra ni garantizarse su vigencia para todo el mundo, ya que los potenciales nuevos prestadores tendrán reducidas sus chances de ingresar al mercado.

Ese análisis, según pudo saber Página/12, detalla los procesos de obtención de licencias del grupo y cómo, a través de la adquisición de empresas competidoras, fue consolidando monopolios o posiciones dominantes en ciertas jurisdicciones; y por otro lado explica el impacto en el mercado. Estos son algunos de los datos que surgen de esa documentación:

- Al Grupo Clarín le atribuye 225 licencias de cable (radiodifusión por suscripción), mientras que según la nueva ley (26.522) podrá tener hasta 24; posee nueve licencias de señales de televisión por cable, pero podrá tener sólo una señal de generación propia; tiene nueve radios y cuatro estaciones de televisión abierta, pero entre ambas sólo podrá tener diez. Lo que destacan los abogados del Gobierno es que la cantidad de licencias tampoco se adecuaba a la ley anterior de radiodifusión (22.285), arrastrada desde la dictadura.

- El 57 por ciento del mercado de la televisión por cable está en manos del Grupo Clarín, dice el informe. Casi el 79 por ciento de la población ve televisión por estos sistemas de suscripción.

- El multimedio, surge del texto, tiene el dominio casi absoluto de las redes (de cable coaxil) en ciertos puntos del país: el 95 por ciento en Santa Rosa, La Pampa; el 94 por ciento en La Plata, el 85 por ciento en Córdoba, el 78 por ciento en Santa Fe, el 85 por ciento en Capital Federal, el 94 por ciento en San Isidro, el 89 por ciento en Avellaneda. Son sólo algunos de los ejemplos citados en base a datos de Defensa de la Competencia, que ilustrarían que cualquier competidor podría tener sólo ese cinco a veinte por ciento restante, según el lugar.

Si el juez Carbone no accede a levantar la medida cautelar, todo indica que, según lo que señaló la Corte y ahora reclama el Estado, deberá establecer cuánto tiempo más la sostiene sin que sea excesivo. Cuando la Cámara Civil y Comercial decidió respaldar la cautelar en mayo de este año lo hizo con el argumento de que en un año era “altamente improbable” que se resolviera la cuestión de fondo en la causa, y si resultara favorable al Grupo Clarín el daño sería irremediable. Con este criterio, en el alto tribunal decían que agregar un año al plazo que establece la ley para la desinversión sería lo más lógico. En este caso, suponiendo que la Justicia confirme la validez constitucional de la ley de medios, su aplicación plena quedaría para un próximo gobierno.