Nadie puede decir que no hubo preaviso. “Deberían tomarse medidas drásticas, como por ejemplo estatizar toda la deuda privada”, dijo, con una habilidad sorprendente para prever el futuro. El visionario también insistió con que debería haber “un tratamiento muy especial con respecto a la deuda que todo el empresariado argentino ha acumulado”. El hombre de negocios que con tanta claridad adelantó lo que se venía fue uno de los capitanes de la industria de los ‘80, dueño de uno de los Grupos Económicos que disfrutó de la Convertibilidad y las privatizaciones y ahora es uno de los beneficiarios sin motivo de la licuación de deuda que surgirá de la pesificación a una paridad 1 a 1 de las deudas bancarias. A fines de octubre del año pasado, cuando Domingo Cavallo seguía confundiendo todo, Francisco Macri lanzó su presagio revelador. Sus principales empresas acumulaban una deuda con el sistema financiero local de 472 millones: Correo Argentino, 198 millones; Socma, 168, y Sideco, 106 millones. Ahora, ese pasivo total se redujo a 236 millones, con un dólar a 2, y se seguirá licuando tan rápido como el dólar libre empiece su carrera. Semejante operación mágica será pagada por el Estado, o sea por toda la sociedad.
Macri, que ya se siente empresario brasileño, según afirmó en un reciente reportaje a una revista de negocios brasileña, vendió compañías durante la década del ‘90 por un monto de 550 millones de dólares. Muchos de esos millones los invirtió en Brasil, algo en Argentina y otros tantos incrementaron su patrimonio líquido en moneda dura, a buen resguardo en el exterior. Bien podría repatriar algunos millones para cancelar su deuda en la moneda original a la que se pactó. Con la pesificación, el Estado le resolvió ese problema de conciencia a él como a otros.
Dicen que el viceministro de Economía afirmó, cuando se definía las condiciones de la pesificación, que si había acuerdo entre deudores (Grupos Económicos) y bancos “vamos por el 1 a 1”, bajando así del proyecto original de hacer la conversión a 1,4, que luego se ajustó a 1,2. Finalmente, las empresas lograron el máximo de sus aspiraciones (1 a 1). Lo que no tuvo en cuenta Todesca, o prefirió hacerse el distraído, es que el Estado pagará la cuenta de ese acuerdo. En total, unos 18 mil millones. Resulta evidente que la devaluación afectaría a los endeudados en dólares. La cuestión pasa por ver cuál de ellos deberían ser compensados para evitar el colapso de la economía. Los deudores hipotecarios, pequeñas empresas y hasta grandes cuya base de negocios es el mercado interno tendrían motivos para reclamar una licuación. Pasa a ser un absurdo con costos elevadísimos para la sociedad cuando se incluye en ese jubileo a grandes empresas con ingresos dolarizados (exportadoras), que han vendido activos y tienen recursos disponible en dólares (casi todos los Grupos), que han contabilizado ganancias en dólares increíbles para los estándares internacionales (privatizadas) o que tienen millonarios depósitos en el exterior (todos).
Basta leer con detenimiento el cuadro adjunto para advertir aquellas beneficiarias de un régimen de pesificación que no le correspondía. Un simple trabajo de determinar criterios de aceptación o rechazo para sumarse a la pesificación hubiera servido para que esa medida no se transformara en un escándalo, convocando al recuerdo la infame estatización de deuda privada de 1982. Algunas de las consideraciones para definir beneficiarios podría haber sido el nivel de facturación, el monto de transferencia de utilidades al exterior, si sus casas matrices están radicadas en el extranjero, si podrían tomar líneas de crédito en el exterior o si son privatizadas.
Pero la opción elegida fue la del visionario. ¿Sabrá Macri a cuánto cotizará el dólar libre?