Reivindicar el terrorismo de Estado y gritar que los desaparecidos “están todos bien muertos” en el hall de una universidad pública no es hacer apología del crimen, sino ejercer el derecho a expresar ideas libremente. El razonamiento lo formularon Angel Alberto Argañaraz y Augusto Enrique Fernández, jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca, al revocar el procesamiento de la abogada María Antonieta Guiñazú Mariani, profesora de Derecho en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.

El episodio ocurrió el 23 de marzo de 2009, mientras empleados del Concejo Deliberante de Santa Rosa instalaban una muestra de fotos de desaparecidos pampeanos. La señora se acercó, dijo que “la verdad hay que contarla completa” y calificó a las víctimas de “asesinos, guerrilleros y ponebombas”. Ante la reacción, insultos incluidos, gritó que “la dictadura estuvo bien”, que “tendría que volver”, y manifestó su convicción de que los desaparecidos “están todos bien muertos”. Al día siguiente volvió para arrancar las fotos. Pudo romper sólo dos porque el sereno se interpuso y logró calmarla.

La denuncia judicial contra Guiñazú Mariani la formuló Leonardo Avendaño, uno de los empleados que respondió a la provocación. Otros tres salieron de testigos. Luego se sumaron la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa y de la Nación. En primera instancia, un juez federal procesó a la mujer por apología del crimen y daño calificado. Destacó que la reivindicación de la dictadura no se limitó a “una mera defensa verbal”, sino que incluyó “actos físicos concretos”, como “romper las fotografías”.

Ante la apelación, intervino la Cámara. Argañaraz enmarcó el exabrupto en “la conocida discusión sobre la teoría de ‘los dos demonios’”. Sostuvo que el comportamiento es “censurable” pero no delictivo porque no afecta “la tranquilidad pública” ni tiende a “debilitar el sentido moral de la sociedad”. Consideró que entre quienes instalaban el memorial y la señora que reivindica las muertes existen sólo “diferencias de posición”. Son “opiniones distintas sujetas a discusión, aunque una de ellas no fuera reconocida por el gobierno democrático actual”.

Ricardo Planes votó en disidencia. Destacó que los jueces no son “comisarios de opiniones”, consideró que reivindicar que “la dictadura estuvo bien” se enmarca en la libertad de expresión y en todo caso podría tener “consecuencias académicas” (el juicio académico está en veremos porque el procedimiento no está regulado en la universidad pampeana). Planes fijó un límite en la frase “están bien muertos”. Desde el juicio a los ex comandantes se probó “una conducta criminal desplegada de modo colectivo a connacionales”, recordó, y concluyó que “el elogio o exaltación” de los delitos concretos, para peor “haciendo elogio de la crueldad”, constituye apología del crimen.

Fernández adhirió al voto de Argañaraz, victimizó a la profesora al situarla entre las “minorías disidentes especialmente desprotegidas frente a la natural tendencia de las mayorías a silenciar al que ataca” y calificó la justificación de los crímenes como “una idea”. “Si una idea ofende, escandaliza o irrita, la solución no es silenciar a quien la predica, sino tratar de persuadirlo de que está equivocado”, sostuvo. Agregó que la apología del crimen “requiere la difusión”, que para el juez no existió en el caso de Guiñazú Mariani, pues sólo se expresó en una discusión privada ante tres testigos. Sobre arrancar fotos de desaparecidos, los tres jueces coincidieron: destacaron “falta de precisión” del sereno y ordenaron repreguntarle: “¿En qué consiste la rotura de las fotografías?”.