¿Los bonos subieron tras la muerte de Néstor Kirchner para celebrar su de-saparición o por la continuidad del modelo? La respuesta está más cerca de la primera suposición, aunque lo extraño es que la segunda es la que más debería convenirles. En este caso es como dicen los economistas heterodoxos, pero al revés: o sea, prima la política sobre la economía, pero por derecha. Es triste corroborar por este camino también lo que el Gobierno viene sosteniendo: que la política, los rasgos culturales de un grupo social, orienta muchas veces en definitiva, y de una u otra manera, la decisión económica, aunque se lo quiera ocultar. Y no solamente cuando el punto de decisión se ubica en la izquierda, lo popular o el progresismo, sino también cuando se trata de la derecha, como en el caso de los valores bursátiles.

Una lectura que venían haciendo los encuestadores casi desde el comienzo del gobierno de Cristina Kirchner, sobre todo durante el conflicto por la 125, era que los sectores de capas medias altas para arriba, que más se beneficiaron de la política económica oficial, ya consideraban lo alcanzado como un derecho adquirido y empezaban a mostrar recelo por el ascenso de clases sociales subordinadas y su correspondiente participación política. Se produce allí una tensión entre el progreso económico personal y grupal y el temor por la irrupción de la plebe. Los datos macroeconómicos muestran una reducción importante de la pobreza y la indigencia desde el 2003 hasta ahora, pero no sucedió lo mismo con la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Es decir, los pobres están bastante mejor, pero los ricos también aumentaron mucho sus ganancias. Es poco lo que han repartido hasta ahora. Y además, la mejoría de los sectores populares no ha sido un derrame, sino el resultado de políticas activas por parte del Gobierno.

El mismo Néstor Kirchner describió su gestión como la etapa de salida del infierno, es decir, del restablecimiento de condiciones de normalidad para la actividad económica y la convivencia. En ese mismo discurso, el gobierno de Cristina Kirchner expresaba una segunda etapa, esta vez orientada a la distribución de la riqueza. Y las medidas que se tomaron en ese aspecto han sido de gran impacto, como la incorporación de dos millones y medio de personas a la jubilación más la reestatización de las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo. Aunque de menor impacto, también hay muchos planes sociales en ese mismo sentido y que tienen cientos de miles de beneficiarios. Sin embargo, el efecto de reducción de esa brecha ha sido poco.

Los falsos progres que hablan del aumento de la brecha entre ricos y pobres y lo plantean como un equivalente de que los pobres están peor que antes, no conocen el mundo de los sectores populares. No tienen ni la menor idea de la diferencia que existe entre ganar poco y no tener trabajo, entre no poder aumentar ese salario y tener la posibilidad de discutirlo por lo menos todos los años, entre vivir en una casucha de cartón y acceder a una vivienda digna, entre tener que hacer trabajar a sus hijos o poder llevarlos a la escuela. La diferencia que significó para millones de familias pobres la asignación universal por hijo solamente es invisible para el que no conoce nada de la pobreza o en realidad no le interesa conocer.

Para la Cepal, el coeficiente de Gini que mide la desigualdad mejoró en la Argentina un diez por ciento en los últimos años. Argentina está entre los únicos nueve países de América latina que han achicado la brecha entre ricos y pobres. Es más, en un informe de esta semana elaborado por el PNUD, sobre desarrollo humano, Chile y Argentina son los dos países con el índice más alto de la región. Sin embargo, si el índice se ajusta de acuerdo con la desigualdad, Uruguay es el que tiene la brecha más reducida y detrás se ubica Chile, luego Argentina y después los demás países de América latina. Si se compara esa performance con el 2003, Argentina progresó en forma significativa.

Pese a ello, el esfuerzo ha sido bastante más grande que sus consecuencias si se mira a otros países que obtuvieron resultados parecidos en la disminución de la desigualdad. Si bien Argentina está entre los primeros puestos en cuanto a más desarrollo humano y menor desigualdad, está entre los países en los cuales la desigualdad de ingresos más perjudica al desarrollo humano en cuanto a factores como la salud y la educación. Según el PNUD, la desigualdad provoca que las políticas de desarrollo humano tengan un 25 por ciento menos de efectividad. Se indica también que los tres países de la región que más avanzaron, en relación al punto del cual partían, son Guatemala, Bolivia y Brasil, en ese orden. Los tres países están detrás de Argentina en desigualdad y desarrollo humano, pero salían de un piso más bajo aún.

Se ha hablado mucho de la importancia del plan “Bolsa Familia” de Brasil, que consiste en un subsidio mensual a familias de bajos ingresos, o del Plan “Oportunidades” que funciona en México. Resulta extraño que en esos informes no se mencione la Asignación Universal por Hijo de Argentina si se tiene en cuenta que el promedio de lo que invierte el programa brasileño por persona es de 50 dólares, en tanto que la asignación argentina invierte en promedio 90 dólares por persona, en un país donde el dólar es mucho más caro.

Hay un esfuerzo real y constatable, pero el efecto en la disminución de la brecha entre ricos y pobres es apenas similar a otros países. Es decir que en este caso, el tamaño de la brecha no está hablando del aumento de la pobreza, sino más bien de las rentabilidades fabulosas que se han obtenido en un país cuya economía ha crecido a tasas chinas en forma sostenida durante siete años. Fue paradójico observar que muchos de esos falsos progres que se rasgan las vestiduras por la desigualdad apoyaron a las entidades agropecuarias cuando el Gobierno quiso aumentar el gravamen a esa renta extraordinaria. Algunos de ellos incluso llegaron a bautizar maliciosamente como “guerra gaucha” a la resistencia violenta de este sector, equiparándola con las montoneras de Güemes por la Independencia. El doble discurso resta autoridad moral para hablar de desigualdad.

Mal que les pese, comparada con el 2003, la situación de los sectores populares mejoró, y no poco. No hacen falta índices ni coeficientes para corroborar una afirmación que se puede comprobar de manera empírica. Es cierto que queda mucho por hacer para vivir en un país realmente justo, pero utilizar eso que falta para desconocer lo que se ha hecho es engañoso y lleva a conclusiones equivocadas. Como en otras áreas, se podrá decir que se ha hecho mucho o poco, pero no se puede decir, como lo han dicho, que no se hizo nada o que la situación está peor que antes. La misma composición de los movimientos sociales lo demuestra. En su mayoría, al principio eran desocupados y ya no. Hasta el carácter de los reclamos es diferente y el eje del conflicto social es otro. Ese mucho o poco ya constituye un rasgo de identidad de esta etapa.

Volviendo a las ecuaciones: si el esfuerzo no se compadece con una disminución significativa de la desigualdad, la explicación está en la rentabilidad extraordinaria que hubo en Argentina durante estos años. En este caso, el círculo virtuoso se convierte en vicioso, porque la mejoría de los sectores populares reactiva el mercado interno y pone en funcionamiento toda la maquinaria que produce esas grandes rentabilidades que a su vez provocan grandes desigualdades. El punto de equilibrio sería encontrar un mecanismo para repartir mejor esa renta sin caer en un igualitarismo purista que desaliente la actividad económica. Ese punto de equilibrio le conviene también al sector empresarial porque sus ganancias seguirían siendo importantes, pero además serían sustentables en el tiempo. Lo que pierden en el momento lo ganan a la larga. Ese sería un proyecto empresario sustentado en un proyecto de país, algo que ha sido una excepción entre los empresarios argentinos.

El mismo Néstor Kirchner planteó más de una vez como una meta razonable el viejo modelo del fifty-fifty del primer peronismo, que propugnaba la mitad del PBI para el trabajo y la otra mitad para el capital. Pero en este momento, un proyecto de ley para que los trabajadores participen en el diez por ciento de las ganancias ha levantado una oposición rotunda entre los representantes del capital más concentrado y el que más rentabilidad ha captado en estos años. La muerte de Néstor Kirchner fue un golpe fuerte para ese modelo de país. Pero al mismo tiempo dejó planteada la posibilidad de una reelección de la Presidenta, lo que garantizaría la continuidad de ese proyecto por lo menos por un nuevo período de cuatro años. El sector empresario acompañó en la etapa de “salir del infierno”, pero pasó a la oposición en el momento de repartir lo que se había logrado con el esfuerzo de todos. El proyecto de país que expresaron así, ha sido el del atraso.