Recién está comenzando a reunirse la Comisión de Juicio Político del Congreso. Pero ya sus integrantes tienen al menos dos acuerdos para la instrucción de los procesos contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El primero es respetar los tiempos necesarios para implementar los juicios políticos, aunque sean más prolongados que lo que desearían la gente y el gobierno de Eduardo Duhalde. El segundo, tal vez el más importante, es delinear cuál o cuáles de las 31 presentaciones que se realizaron serán aceptadas para procesar a los nueve jueces de la Corte que, de acuerdo al criterio que prima hacia el interior de la comisión, deberían ser suspendidos una vez que el Senado reciba la acusación por parte de Diputados.
La comisión, presidida por el santacruceño Sergio Acevedo, se reunirá oficialmente hoy. Los diputados que la integran, actualmente divididos en tres grupos, intercambiarán el análisis que realizaron del cúmulo de presentaciones existentes contra los miembros del alto tribunal. El encuentro servirá para realizar una primera selección de las denuncias presentadas. Ayer llegaron a 31 y se prevé que se reciban algunas más.
Entre los miembros de la comisión hay un principio de consenso con respecto a cuáles presentaciones se aceptarán. Es muy poco probable que las realizadas por particulares puedan prosperar. Más chances tienen en cambio, las que tienen por autores a algunos legisladores. En este grupo se inscribe el caso de la venta de armas, el rebalanceo telefónico y el atentado a la embajada de Israel.
“El criterio que debe primar es que a los jueces los investigaremos no sólo por acción sino también por omisión. Como es el caso de la venta de armas donde algunos jueces no se excusaron cuando debían hacerlo y el resto de la Corte no los recusó”, aseguró Acevedo a este diario. la referencia alude a Julio Nazareno y Adolfo Vázquez amigos personales de Carlos Menem que, sin empacho, decidieron sobre su libertad.
Pero el pensamiento de Acevedo no es todavía hegemónico. Dentro de la comisión hay otros, como los representantes del ARI, que opinan que hay que evitar perder tiempo y concentrarse en la causa que engloba a la totalidad de los miembros de la Corte: la investigación al atentado de la embajada de Israel. En el Frepaso acuerdista, en cambio, piensan que más allá de buscar los delitos cometidos por algún miembro de la Corte, mejor sería enmarcar el juicio político en la metodología de trabajo que los jueces le imprimieron a su tarea. Esto es, desde mora en las causas hasta excesos de viaje, ausencias reiteradas, tachaduras en las resoluciones de la Corte y hasta la pérdida de sentencias. Es decir, como graficó un miembro de la comisión, “apuntar a la falta de prestigio de esta Corte antes que a la complicada búsqueda de supuestos delitos cometidos por alguno o todos sus integrantes”.
Si este fuera el único problema, el juicio político sería menos peliagudo. Pero la comisión, y sobre todo sus integrantes justicialistas, deben lidiar por un lado con la ansiedad del gobierno de Eduardo Duhalde, quien reconoció públicamente que el fallo que decretó la inconstitucionalidad del corralito catalizó el impulso al juicio político.
Consciente de este apuro, la conducción del bloque de diputados del PJ se reunió ayer con Acevedo. Allí se decidió que es necesario convencer al Ejecutivo sobre la conveniencia de bajar la ansiedad en su pelea con la Corte “o el último bastión del menemismo, el mayor enemigo del gobierno de Duhalde”. Además los justicialistas deben tratar de convencer a su tibia oposición radical de que los acompañe en su embestida con la totalidad de los Supremos.
El menemismo en Diputados, por caso, está prácticamente anulado. Su incidencia es mínima. El problema está en el Senado, la Cámara que debe juzgar a los jueces, donde hay todavía seguidores del ex presidente conpeso y predicamento. Un dato que arroja pistas sobre el tiempo que puede llegar a insumir el juicio político y que complica el deseo de los duhaldistas de ver destituida a la Corte lo más pronto posible.