Mauricio Macri y Juliana Awada en el salón de Costa Salguero donde se casaron por civil.

Los porteños pierden cerca de ocho millones de pesos por año por la concesión de Costa Salguero, el lugar que eligió casualmente Mauricio Macri para casarse. El predio pertenece a la ciudad y está involucrado en una disputa judicial que incluyó la clausura de la mayoría de los locales. Está en manos de la empresa Telemetrix, que cada mes le paga al gobierno porteño 68 mil pesos y recibe de los subconcesionarios un promedio de 750 mil. La Justicia indagó sobre los niveles de facturación que tienen las empresas, pero la AGIP –que depende de la gestión PRO– se negó a dar información. Le dijeron al juez que está “bajo secreto fiscal”. Un regreso sin escalas al “Estado bobo”.

“En caso de que no se trate de una devolución de gentilezas por parte de la empresa, seguramente Macri pagó más por horas de alquiler del salón para su fiesta que lo que Costa Salguero paga mensualmente por explotar todo el predio”, graficó Rocío Sánchez Andía. “El Gobierno de la Ciudad habilitó irregularmente el lugar que, meses después, el jefe de Gobierno eligió para casarse”, advirtió la legisladora de la Coalición Cívica. En 2009, ella impulsó junto con el ex diputado Facundo Di Filippo un amparo por el uso del predio: cuestionaron el funcionamiento de Costa Salguero en un lugar que restringe el acceso de los vecinos al Río de la Plata.

La causa recayó en el juzgado de Roberto Andrés Gallardo. Su Señoría pidió informes a la Dirección de Concesiones porteña y se encontró con que sólo cuatro de las veintitrés subconcesionarias tenían habilitación para funcionar. La estación de servicio, que está en la entrada, tampoco había pedido habilitación a la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina. La estación es cuestionada por su cercanía con el Aeroparque Jorge Newbery y el antecedente del accidente de LAPA. En noviembre del año pasado, Gallardo ordenó la clausura de los 19 locales. “Causa repugnancia ver cómo algunos quieren defender por cualquier medio la posibilidad de seguir explotando comercialmente un espacio público, incluso sin contar con las habilitaciones correspondientes. Es posible que Costa Salguero termine imputada penalmente”, sostuvo Sánchez Andía en su momento.

La Dirección de Habilitaciones porteña se negó a cumplir la medida judicial, por lo que el magistrado recurrió a la fuerza pública para hacer efectivas las clausuras. A partir de allí, Telemetrix inició una guerra que continúa hasta hoy: denunció penalmente a Gallardo y lo recusó tres veces hasta ahora (la última, pocos días antes del casamiento, para que no tuviera el expediente en sus manos). Telemetrix consiguió la explotación de Costa Salguero en 1988, pero el menemismo se la extendió en 1991 por treinta años. Sus dueños son Federico Bensadon y Alberto Gutiérrez.

Mientras el magistrado no podía investigar, el director de Habilitaciones, Martín Farrell –el mismo que tuvo que renunciar por el derrumbe de Beara–, les concedió en tiempo record las habilitaciones a todos los locales en Costa Salguero y se levantaron las clausuras. Entre ellos, estaría el que eligió Macri para su ceremonia de casamiento.

Entre recusación y recusación, la causa avanzó. Se pudo saber que en mayo de 2009, el director general de Concesiones, Javier Solari Costa, aumentó en tres mil pesos el canon a pagar por Telemetrix: quedó solamente en 68.298 pesos. Las facturas de los subconcesionarios que constan en la causa dan cuenta de un negocio redondo: la misma empresa recibió en marzo de este año, un total de 727.624,76 pesos por subcontratar el predio. En abril, 834.573,19.

“Macri se casó en un lugar totalmente ilegal. Es el símbolo de la impunidad del PRO”, advirtió Di Filippo a Página/12. El 7 de mayo de este año, Gallardo le exigió a la AGIP que informe en un plazo de tres días los ingresos declarados de los subconcesionarios. La agencia de recaudación porteña le contestó primero que necesitaba veinte días para reunir los datos. Luego respondieron que “la información solicitada se encuentra vinculada con la aplicación del secreto fiscal, por lo que corresponde la negativa a su otorgamiento”. En boca cerrada, no entran fallos.