En algún momento iba a decirlo. El público lo esperaba. Habían pasado poco más de dos horas desde el comienzo de la audiencia, y entonces le salió. La abogada defensora Verónica Blanco repasaba algunos de los argumentos para empezar a pedir absoluciones de los principales represores del circuito Atlético-Banco-Olimpo. Hablaba de la justicia “transicional”, de la idea de la “pacificación”, de las amnistías. Y llegó al gobierno de Héctor Cámpora, y dijo: “Liberó a las organizaciones terroristas”.

Con su alegato, la defensora oficial abrió la etapa de descargos de los 17 represores acusados por 184 víctimas del circuito denominado ABO. A cargo de Blanco están las defensas de once represores, entre ellos el agente civil Raúl Guglielminetti y Julio Simón, alias el Turco Julián, condenado por otras dos causas y a quien sus compañeros consideraban dentro de los campos como un maestro, maestro de torturas, que se jactaba de sus cadenazos y se vestía con colgantes o llaveros con esvásticas.

Detrás de Blanco, a metros de las sillas ocupadas por los represores, hubo una presencia nada habitual: los defensores oficiales de la mayor parte de las causas por crímenes de lesa humanidad. Blanco les agradeció la presencia. Recordó que el área tuvo que rearmarse para enfrentar la cantidad de juicios. Estaban los de ESMA, pasaron los de Orletti, Vesubio y los de San Martín, que siguen el juicio donde está acusado Luis Abelardo Patti. Aparecieron en bloque, ocuparon una esquina, el espacio destinado al público, entre los que suelen estar los que ayer decidieron no estar: muchos de los querellantes, los sobrevivientes cuyas presencias sostuvieron puertas adentro a los testigos que declararon en el juicio y algunos de los integrantes de Hijos, que con el vacío subrayaban la decisión de no hacer lugar.

El bloque de los defensores, que pudo haber estado ahí sólo para marcar un respaldo simbólico y afectivo al trabajo de la compañera, resultó algo más curioso. Tiempo atrás, el abogado Rodolfo Yanzón, de Kaos, le había dicho a este diario que era meritorio que el equipo de abogados oficiales se tomara en serio y con responsabilidad la defensa de los imputados, pero el problema aparecía en ocasiones cuando la defensa era más que eso y mostraba cierta actitud militante.

Por momentos, Blanco pareció asumir esa lógica. Burlona y ácida, se lanzó varias veces contra el alegato de la fiscalía de Alejandro Alagia, que basó su estrategia en consolidar un cuerpo de pruebas para pedir desde el Estado una imputación por genocidio. Para Blanco, Alagia usó la Convención contra el Genocidio, palabras más palabras menos, “dando una sorpresa de su calidad de legislador”.

“Distintas memorias”

En la introducción, Blanco habló de “distintas memorias” o de los cambios que la historia le fue dando a la idea de tormentos –a su pesar, portadora de una semántica cada vez más amplia–; cuestionó la contextualización de los casos que hicieron las querellas: criticó específicamente que tales contextos hayan referido, por ejemplo, a las “consecuencias económicas” de la dictadura. Una lectura errada, a su criterio, porque no tuvieron que ver con las acciones de sus “pupilos”, como cándidamente los llamó varias veces. En esa línea, apareció otra crítica con la que veladamente pareció buscar reinstalar la lógica de los dos demonios: cuestionó la lectura del contexto histórico de la querella, esta vez, porque no incluyó al peronismo como fenómeno social y como movimiento relacionado con la etapa previa a los hechos en cuestión.

Tras eso, la defensa se dedicó a los puntos centrales. Cuestionó las acusaciones por entender que hay “cosa juzgada”. Revisó paso por paso el camino que siguieron los sobrevivientes y familiares para pedir la reapertura de las causas, los distintos momentos, las leyes de impunidad, para terminar diciendo en pocas palabras que las cosas que fueron resueltas en alguna ocasión por la Corte Suprema no se pueden volver a revisar, porque el presente altera de algún modo la lectura del pasado. Esa interpretación de los fallos, que elimina del presente la posibilidad de una reconstrucción de la historia, apareció basada en un voto de la jueza Carmen Argibay. Desde el fondo, en voz baja, algún miembro de las querellas retrucaba que los fallos de la Corte en temas como el consumo de marihuana, por dar un ejemplo, contrarían todo el tiempo ese supuesto principio.

Otro de los ejes de la defensa fue el principio de no juzgar dos veces por el mismo delito a una persona. Intentó demostrar que los imputados fueron absueltos, beneficiados con las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, habló de la inconstitucionalidad de la ley 25.779 de nulidad de las leyes del perdón y se detuvo en la Justicia transicional. En esa Justicia de transición ubicó cuestiones curiosas, como la defensa de una idea que provocó alguna carcajada entre los pocos sobrevivientes presentes en la audiencia: es que la pacificación señalada por Blanco se sustenta en ideas como que la sociedad debe rearmarse “a partir de la convivencia de víctimas y victimarios”. Algo que, dijo, no significa perdón y olvido, sino un tipo de perdón y un tipo de olvido. Por lo demás, nutrió constantemente su carga de argumentos en trabajos de Daniel Pastor, el hombre que rechaza los juicios a los militares por delitos de lesa humanidad, critica a los organismos de derechos humanos y fue un efímero rector del Instituto Superior de Seguridad Pública, nombrado por Mauricio Macri.

Al final del día, una de las abogadas de los organismos de derechos humanos resumió: “No hizo ningún aporte original: volvió con los planteos de los ’80”.