El Estado Nacional solicitó ayer la intervención judicial de Papel Prensa Sociedad Anónima y la remoción del gerente general y de siete directores de la empresa que representan a los capitalistas privados, los diarios Clarín y La Nación, por la presunta existencia de “graves y numerosas irregularidades cometidas en el funcionamiento de la compañía”. La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que patrocina a la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía, ante el Juzgado Nacional en lo Comercial 2, a cargo del juez Eduardo Malde. El canciller Héctor Timerman vinculó con la denuncia del Estado contra ambos diarios el titular “total y absolutamente falso” publicado ayer en la tapa de Clarín sobre una presunta “crisis diplomática” con Brasil motivada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

El Estado, que acusa a los propietarios y gerentes de los diarios por la apropiación ilegal de la papelera durante la última dictadura, solicitó como medida cautelar “la intervención judicial de la empresa con el desplazamiento de los directivos del capital privado, mientras se sustenta el juicio de fondo, para que se dejen de cometer las irregularidades denunciadas”. El pedido de remoción alcanza a los directores titulares Raúl Aguirre Saravia, Jorge Alberto Bazán, Daniel Fernández Muñoz, Alberto Maquieira, Guillermo González Rosas, Julio César Saguier y Jorge Carlos Rendo, y al gerente general Jorge Noseda. La información la dio a conocer ayer el titular de la unidad que comanda a todos los abogados del Estado, Joaquín Pedro Da Rocha, procurador del Tesoro.

El informe oficial señala que el pedido se basa en “el vaciamiento de funciones del directorio de Papel Prensa, el que en los hechos ha traspasado sus funciones esenciales al gerente general de la sociedad”. También se denuncia “la obstaculización sistemática de la labor de control que deben cumplir los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la compañía, la única en la que el Estado tiene mayoría”. La “violación al derecho de información del Estado en su condición de socio minoritario” es otro de los motivos en los cuales la Procuración del Tesoro basa su pedido, al igual que “la irregular integración del Consejo de Vigilancia de la sociedad”. El informe alude finalmente a “anomalías en la gestión comercial de la empresa, como por ejemplo la inexistencia de estudios de costos que permitan establecer si las ventas de papel realizadas a los socios Clarín y La Nación han aparejado pérdidas para la sociedad”.

El canciller Héctor Timerman desmintió ayer una información publicada en la tapa del diario Clarín, según la cual el embajador brasileño Enio Cordero se habría quejado por los modos del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. “Seguramente que tiene que ver Papel Prensa y la necesidad corporativa del diario Clarín de influir donde no influye, que es (en) la política del Gobierno”, sugirió.

La denuncia del Estado, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encomendó a Da Rocha, es por la presunta participación de los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en crímenes de lesa humanidad contra varios integrantes de la familia del empresario David Graiver, para obligarlos a resignar el control de Papel Prensa.