El trámite fue rápido, poco más de media hora, porque el imputado hizo uso de su derecho a negarse a declarar. Así pasó ayer por los tribunales federales de Retiro el ex secretario de Transportes de la Nación Ricardo Jaime, quien a través de un escrito negó haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar y pidió ser sobreseído en el sumario penal por presunto enriquecimiento ilícito que instruye el juez federal Norberto Oyarbide. El ex funcionario aseguró haber subalquilado un piso en Avenida del Libertador y un departamento en la calle Cerrito a directivos de la empresa concesionaria de la terminal de ómnibus de Retiro, TEBA, que a su vez rentaban esas propiedades y pagaban a los dueños.

Jaime, que llegó a Comodoro Py 2002 cerca de las 9 acompañado de su abogado Andrés Marutian, se negó a contestar las preguntas que tenían preparadas el magistrado, el secretario Jorge García Davini y el fiscal Carlos Rívolo. El secretario de Transporte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2009, está acusado de haber aceptado de parte de los directivos de TEBA las garantías y el pago de los alquileres de los departamentos de Cerrito 1518, en el que Jaime vivió entre 2005 y 2007, y de Avenida del Libertador 654, con contrato desde marzo de 2009 al mismo mes de 2011. TEBA es la empresa a la que Jaime le expidió la concesión de la terminal de ómnibus de Retiro hasta 2015 y a la que por su función debía controlar. El vicepresidente de TEBA Edgardo Preiti y el síndico suplente de la concesionaria Alfredo Pielach llevaron adelante las tratativas de los alquileres, incluso hay cheques de la firma Cleaner, subsidiaria de TEBA, para ese fin y el cobrador iba a buscarlos a la Terminal de Retiro, según sostienen los investigadores.

Pero ayer Jaime dijo en su escrito que “él le pagaba los alquileres a otra gente que estaba alquilando de antes”, o sea que subalquilaba, aunque no aportó documentación que respaldara sus dichos ni recibos de alquiler, pero sí el original del contrato de locación por el inmueble de Avenida del Libertador por el período 2007-2009, en el que figura como arrendatario. Las viviendas que según Jaime subalquilaba son propiedad del ex futbolista Fernando Redondo y de su hermano, Leonardo; declaró en la causa que fue Preiti quien negoció y pagó el adelanto del departamento de la calle Cerrito, que entre 2003 y 2005 fue habitado por Silvia Reyss –actual mujer de Jaime–, y hasta 2007 por la pareja.

Oyarbide tiene que resolver en los próximos días un planteo de nulidad del abogado del ex asesor de Jaime, Manuel Vázquez, el ex juez Federico Pinto Kramer, relacionada con una cadena de correos electrónicos que fueron usados como prueba en contra de Jaime. Pinto Kramer solicitó la devolución de las computadores y planteó la nulidad de esa prueba porque sostiene que violaron normas relacionadas con la preservación y seguridad de los discos que contienen esos datos. Días atrás la Cámara Federal ordenó que Vázquez sea investigado en forma conjunta con Jaime, porque podría haber ocultado información para favorecerlo en la causa en la que está imputado por enriquecimiento ilícito. Según el fiscal Rívolo, Vázquez habría omitido presentar su declaración jurada de bienes para evitar complicar a Jaime.

El expediente se inició por el delito de supuesto enriquecimiento ilícito de Jaime por la presunta compra de un avión Lear Jet y un yate, pero la investigación derivó a las dádivas por los alquileres. En la causa, él, su mujer Reyss y sus hijas tienen prohibida la salida del país, además de un embargo sobre sus bienes por 40 millones de pesos. Además, el ex funcionario kirchnerista tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal por el mismo delito, por recibir pasajes aéreos para viajar a Córdoba, Uruguay y Brasil de parte de empresarios de la aeronavegación a los que como secretario de Transporte debía controlar.

Jaime fue secretario de Transporte del gobierno de Néstor Kirchner y del de su esposa Cristina Fernández hasta el 1º de junio del año pasado, cuando renunció dos días después de que el Gobierno perdiera las elecciones legislativas de junio de 2009.