Tras haber conseguido quórum propio y tener que desistir del emplazamiento con que se proponía modificar el Presupuesto del Gobierno para 2011, el entramado opositor fue en busca de una de sus principales aspiraciones parlamentarias en Diputados: la reforma del Indec. Con 131 votos a favor y 98 en contra, el Grupo A le dio media sanción a la intervención del organismo a cargo de una comisión bicameral y la reincorporación de los trabajadores despedidos y trasladados. El kirchnerismo se opuso. Argumentó que “se le quita al Ejecutivo un instrumento de gestión” y que “mientras dure la intervención, el Poder Legislativo se atribuye facultades que le corresponden al Gobierno”. Antes, oficialistas y opositores coincidieron en aprobar la suspensión por 180 días hábiles de las ejecuciones hipotecarias anteriores a la crisis de 2001. Después, la deserción de los opositores dejó sin quórum la sesión y sin tratamiento a una extensa lista de iniciativas de su propia cosecha. Claudio Lozano (Proyecto Sur) y Silvana Giúdici (UCR) fueron los encargados de fundamentar el “consenso” opositor que modificó la media sanción del Senado. Lozano sostuvo que la independencia del Indec provocó dolores de cabeza a no pocos gobiernos, como “la intervención directa de (Domingo) Cavallo en la encuesta permanente de hogares en los ’90” y “la de (Roberto) Lavagna, cuando el índice de pobreza no era el que él creía que debía medir. Pero los cuatro años de intervención que lleva este Gobierno es para el libro Guinness”.

Giúdici explicó el proyecto que “faculta a la comisión bicameral a nombrar al interventor, incorpora a los trabajadores despedidos y desplazados. Devuelvan categorías a toda planta del Indec y termina con los abusos y hostigamiento de la patota de (Guillermo) Moreno”. También cuestionó el pedido de asesoramiento al FMI: “No era este gobierno el que le quería pegar una patada en el trasero al FMI, sin embargo parecen arrodillarse”, afirmó.

El oficialismo también contestó a dúo. Juliana Di Tullio afirmó que “desacreditar los datos del Estado es una vieja estrategia opositora”; que el proyecto de la oposición “unió a sectores antagónicos como Lozano y Giúdici”; que el proyecto “no fue debatido en las comisiones”, y que encubiertos en “una supuesta asepsia técnica se busca favorecer intereses corporativos y políticos”.

Carlos “Cuto” Moreno pidió permiso para leer “la editorial de un diario”. La nota volcaba duros conceptos para las estadísticas oficiales, cuestionaba los números sobre la inflación y tenía ácidas críticas para el secretario de Comercio. Moreno pidió entonces a los diputados opositores que “quieran aplaudir lo hagan” cuando revelara el nombre del autor de la nota: el editorial del diario Clarín, llevaba la firma de su fundador Roberto Noble y estaba fechado en junio de 1966. También leyó la tapa del mismo diario pocos días después, donde daba cuenta del golpe de Estado contra Arturo Illia, que “las fuerzas armadas tomaban la Casa de Gobierno” y que “rige la libertad de prensa”. El diputado K no dudó en asociarla a las actuales críticas opositoras.

En el cierre del debate, el jefe de la bancada K, Agustín Rossi, aseguró que “el planteo opositor roza lo anticonstitucional, creando una comisión bicameral para intervenir un organismo del Poder Ejecutivo” y que en “el lapso que dura la intervención, el Legislativo va a administrar, con normas que superan sus atribuciones”. También sostuvo que durante todo el año parlamentario “la oposición buscó cercenar las atribuciones del Gobierno para condicionarlo”. Nombró “las restricciones a los DNU, la suspensión de las facultades delegadas, la modificación a la ley de administración financiera para sacarle la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias, negarle el presupuesto y ahora le quitan una herramienta de la construcción económica, como son las estadísticas estatales”.

A la hora de votar, el conglomerado opositor impuso su superioridad numérica y consiguió la media sanción por 131 votos a 98. Ahora el proyecto debe atravesar el Senado para convertirse en ley, y difícilmente lo haga este año. Antes, oficialistas y opositores coincidieron en la darle media sanción a la suspensión por 180 días hábiles de ejecuciones hipotecarias anteriores a la promulgación de la ley de emergencia económica sancionada en 2002, que también deberá pasar por la Cámara alta para entrar en vigencia.

Con quórum ajustado, la oposición apuró el debate del extenso temario pero con el correr del tiempo la discusión se fue diluyendo y la sesión cayó. Varias de las propuestas opositoras deberán esperar hasta el año que viene para regresar al recinto de sesiones: la regulación de la publicidad oficial, el aumento de las deducciones personales para el cálculo del impuesto a las Ganancias; la conformación de la comisión bicameral investigadora de la deuda pública, la producción estatal de medicamentos, modificaciones a la Ley de Defensa del Consumidor y la incorporación de donantes vivos a la Ley de Trasplantes, que ni siquiera había pasado por las comisiones.