Por Laura Ginsberg *

En apenas dos semanas, el Gobierno puso en marcha una campaña sucia para intentar nuevamente poner un punto final a la causa y al juicio que se sustancia por la masacre de nuestros familiares en la AMIA. Esta campaña consta de tres actos, dos de los cuales son aparentemente secretos y el tercero, del cual nadie habla, está publicado en el Boletín Oficial. Se trata del Decreto 41/03, publicitado falsamente como una autorización a la Side a revelar más secretos ante el Tribunal Oral Federal Nº 3. Luego resucitaron al testigo C diciendo que se habría retractado de sus dichos anteriores que comprometían al Estado argentino y, por último, anunciaron con bombos y platillos la aparición de un informe oficial de la Side que revelaría quién dio la orden para volar la AMIA, acusando formalmente a Irán de la responsabilidad del atentado.
Con sólo leer el decreto 41/03 se puede entender que somos víctimas de una nueva manipulación política y de una campaña de desinformación organizada por Duhalde, el ministro J.J. Alvarez y el secretario Toma “...por aplicación de indiscutibles principios de Derecho Internacional y por la calidad de los valores jurídicos que se comprometerían de no establecerse las señaladas restricciones”, según reza el decreto. En respuesta a la confesión de impotencia que los jueces del Tribunal Oral le hicieron llegar a Duhalde al pedirle que releve a los funcionarios de la SIDE citados en el juicio de la orden de guardar secreto (Decreto 490/02), porque se “obstruye de manera evidente el accionar de la justicia toda vez que compromete el debido esclarecimiento de los hechos”, Duhalde no sólo ratificó nuevamente la prohibición, sino que además elevó el status de la causa y del juicio a secreto de Estado (parte final Art. 2 Decreto 41/03). De este modo, los espías, si declararan, lo harían gozando de la inmunidad que les otorgan verdaderos “fueros” por decreto. Los jueces Larrambebere, Pons y Gordo deberán resolver si van a administrar esta nueva maniobra de encubrimiento avalando al gobierno para no “comprometer la seguridad del Estado”, que está involucrado en todos los trámites del atentado.
El segundo acto de la campaña puso a Toma y a sus hombres a trabajar sábados y domingos para cerrar el paquete y, de paso, resolver sus internas partidarias y con Galeano. Violando el secreto dispuesto por la misma Ley de Inteligencia con la cual pretenden encuadrar al juicio y las líneas de investigación que conducen a la responsabilidad del Estado, la Side hizo pública la carta del testigo C del 20 de diciembre para seguir negociando con la CIA y el Mossad las condiciones en que el iraní vendría a Buenos Aires y, de paso desprestigiarlo, para aliviar la carga de sus dichos e intentar una siniestra reivindicación de Menem y su gobierno. Pero las patas de la mentira son cortas: en verdad, el delator iraní a todo servicio dijo que la información escrita en los periódicos locales es falsa ya que no proviene de su declaración y, a la vez, ratificó sus dichos: “... cuando yo ratifico mis declaraciones, lo hago, ya que es mi obligación en cuanto a su contenido y su veracidad... y esto se puede probar con los protocolos”.
El tercer acto explica los dos primeros. La aparición del informe de la Side pretende superar las diferencias internas en el juicio oral, que todas las partes reivindican atribuyéndole legitimidad e independencia, y encolumnarnos detrás del reclamo de Galeano, la DAIA, los fiscales, la defensa de los imputados y los servicios americanos e israelíes: cargar toda la responsabilidad sobre Irán, considerar al Estado argentino como una víctima más y aprobar una ley antiterrorista. Por ello, la condición del secreto es indispensable para encubrir a la Side y al conjunto del aparato estatal. A diferencia de Menem, De la Rúa y Rodríguez Saá, Duhalde no puede dejar el gobierno sin dejar cerrado el tema AMIA. Para superar esta campaña infame y los límites insalvables de los jueces, tribunales y partes, es necesario que las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos, nacionales e internacionales, sepronuncien por la inmediata derogación del decreto 41/2003. Debemos considerar seriamente la necesidad y la posibilidad de constituir una comisión independiente para juzgar y castigar al Estado argentino responsable de tanto crimen. Depende de nosotros. Nos lo merecemos.
* Familiar de una víctima del ataque a la AMIA. Por la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia)