El juicio al ex agente civil de inteligencia del Ejército durante la dictadura, Raúl Guglielminetti, acusado por delitos de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, entró en su etapa final. Del 3 hasta el 18 de febrero está previsto el inicio de los alegatos, cuando la fiscalía formule su acusación ante el Tribunal Oral Federal 1. Tras las últimas palabras de los acusados, para marzo se espera el veredicto del juicio que comenzó a mediados del 2010.

La semana pasada, luego de un intervalo, fueron retomadas las audiencias para dar lugar a los planteos técnicos de las partes e incorporar las declaraciones, con lo que se dio por terminada la etapa testimonial del juicio oral. Por la sala de audiencias pasaron unos ochenta testigos que declararon ante los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas, quienes deberán resolver si condenan o no a Guglielminetti, al ex coronel Rubén Visuara, al ex general de División Eduardo Cabanillas y a los ex agentes de la SIDE Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz. Todos ellos procesados con prisión preventiva por el juez Daniel Rafecas, acusados de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio calificado.

Automotores Orletti funcionó como centro clandestino de detención en el barrio porteño de Flores, bajo la órbita de la SIDE, en lo que fue un taller mecánico de dos plantas, hoy convertido en sitio recuperado para la memoria. El lugar había sido alquilado por unos meses por ese organismo de inteligencia como base operativa, y por allí pasaron secuestrados víctimas del Plan Cóndor, diseñado por las dictaduras de la región para concretar persecuciones en distintos países. Por eso es que muchas de las víctimas que fueron detenidas allí eran de nacionalidad uruguaya, como la nuera del poeta argentino Juan Gelman. Su nieta Macarena fue una de las testigos del juicio, al igual que Mariana Zaffaroni Islas, una nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo que también declaró porque sus padres, Jorge Zaffaroni y María Islas, también fueron secuestrados y llevados a Orletti. Según se estableció en la causa, el centro clandestino fue comandado por el fallecido ex jefe de la Triple A Aníbal Gordon y dependía funcionalmente de la SIDE, a cargo entonces de Otto Paladino, también fallecido. En la causa actúan como querellantes la Secretaría de Derechos Humanos, organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas.