Treinta y tres soldados que hicieron el servicio militar durante la dictadura confirmaron la existencia de vuelos de la muerte desde la Primera Brigada Aérea de El Palomar. La Fuerza Aérea arrojaba personas al mar desde aviones Hércules C130 y Fokker F27. “Hombres y mujeres, siempre encapuchados o tabicados, esposados entre sí, con ropas sucias, en estado consciente, caminaban en fila ayudándose mutuamente y tenían aspecto muy deteriorado”, resumió el fiscal Federico Delgado tras escuchar a más de seiscientos ex conscriptos y empleados de El Palomar. Peritos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata estudiaron legajos de pilotos e historiales de aviones y concluyeron que los documentos de la Fuerza Aérea “no reflejan la realidad”. Delgado considera inviable por el momento imputar a autores directos por hechos concretos pero le solicitó al juez Daniel Rafecas que declare probados los vuelos desde El Palomar y le encomendó “someter esta investigación al escrutinio de la sociedad civil”.

En su Carta Abierta a la Junta Militar, el escritor Rodolfo Walsh acusó a las Fuerzas Armadas “de arrojar prisioneros al mar desde transportes de la Primera Brigada Aérea” y precisó que “usaron Fokker F-27”. La instrucción de Delgado se inició 32 años después a pedido de Lorena Pacino. Su padre, Carlos Pacino, fue visto en cautiverio en el centro clandestino Olimpo. Una sobreviviente declaró que en agosto de 1978 Pacino y otros secuestrados fueron trasladados en un camión rumbo a El Palomar. Los cadáveres aparecieron en la costa, fueron enterrados como NN y treinta años después identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

A partir de la denuncia, patrocinada por el abogado Pablo Llonto, el fiscal pidió informes a la Fuerza Aérea y citó a conscriptos y civiles que prestaron servicios en Palomar. Los 130 empleados aportaron “poco y nada”, resumió. La Fuerza Aérea “hizo lo imposible para informar mal, de modo incompleto, con lenguaje encriptado”. Con los datos de los 493 soldados elaboró el informe que entregó ayer al juez Rafecas, responsable de investigar delitos de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército, y una maqueta que diseñaron docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

Desde El Palomar “despegaron aviones en vuelos ‘regulares’ y de los ‘otros’ –escribió Delgado–. Unos partían hacia la Antártida. Otros llevaban planteles de fútbol del Mundial ’78. Así como había personas ilegalmente privadas de la libertad, otros disfrutaban de las piletas, las canchas de tenis o incluso de un frontón donde otras personas esperaban ser ‘trasladadas’ en un avión, con el preciso significado que esa palabra tenía en el plan criminal probado en la causa 13/84: la muerte.”

“Treinta y tres testigos juraron la existencia de los ‘vuelos de la muerte’ mas ninguno identificó uno concreto”, admitió Delgado. Los camiones con grupos de veinte a treinta secuestrados ingresaban por la guardia principal, sobre todo de noche. A veces entraban hasta los hangares, otras directo a la pista. Los encargados de subirlos pertenecían a “grupos especiales” y vestían de civil. “Los vuelos duraban entre veinte y treinta minutos y los aviones solían regresar vacíos, sin pasajeros. Los rumores dentro de la base afirmaban que eran arrojados al mar o al Río de la Plata.” Usaban aviones Hércules C-130 y Fokker F-27, que admiten la apertura de sus puertas en vuelo sin despresurizarse. Los despegues y aterrizajes que por “órdenes superiores” la Oficina de Programas y Ordenes de Vuelo no asentaba se denominaban “sobrevuelos”.

“Diez o veinte” varones con las manos atadas, custodiados por militares, fueron vistos sentados en el piso de una cancha de básquet o frontón, a la espera de ser trasladados. Horas después los soldados constataron que habían escrito nombres y teléfonos en el piso, con piedras, y que habían dejado papeles con datos que no pudieron ser recuperados. Los superiores explicaban que los detenidos eran “trasladados doscientas millas mar adentro y lanzados, y que dejaban a una o dos personas que luego eran liberadas para que comentaran a sus compañeros lo que les esperaba”.

Delgado comparó su trabajo sobre los vuelos con las investigaciones en las causas Mercedes-Benz, Ford y Conarepa, en las que se probó la responsabilidad empresarial y sindical pero no hubo imputaciones por falta de pruebas directas. “Nos revelaron el guión pero no los actores”, escribió. Mencionó a “supuestos protagonistas de ‘vuelos de la muerte’ y torturas” aunque aclaró que sus nombres surgían de menciones sin entidad suficiente para imputarlos. Se trata del “mayor Joaquín Argüelles Benett, jefe de Inspección y Recambio de Aviones, piloto de Fokker F-27”; del “suboficial principal o mayor Meyer, a cargo del Escuadrón Fokker F-27”; del “cabo primero Siandra” y del “cabo Rivas”.

La Primera Brigada Aérea formó parte de la Subzona 16, que abarcaba Merlo, Moreno y Morón (incluía entonces Hurlingham e Ituzaingó), donde la Fuerza Aérea comandó la represión ilegal auxiliada por la policía bonaerense. La columna vertebral del esquema represivo en el oeste del conurbano fue la Fuerza de Tareas 100, creada para “desarticular y aniquilar a las organizaciones subversivas que actúan preferentemente en el frente gremial y en el ámbito fabril y estudiantil”. Titular de la FT100 era el brigadier Hipólito Marini, jefe de Palomar. En diciembre de 1977 fue reemplazado: en la brigada por el brigadier Néstor Oscar Caeiro, en la FT100 por el brigadier César Miguel Comes, jefe de la Séptima Brigada Aérea de Morón. Mariani y Comes fueron condenados por crímenes en Mansión Seré.

En tres de las noventa edificaciones de Palomar se constató que hubo personas secuestradas. Hace quince meses Rafecas detalló el funcionamiento de la brigada como centro clandestino. Los cautiverios incluyeron torturas con picana, violaciones y simulacros de fusilamiento. Al menos dos desaparecidos estuvieron en Palomar: Natalia Cecilia Almada y Ernesto Bonifacio Lahourcade Whitelaw. El rol central de la Primera Brigada en la estructura del Estado terrorista, sin embargo, era como lugar de derivación de secuestrados. Varios sobrevivientes fueron interrogados y trasladados a Mansión Seré. Los menos a las comisarías de Castelar, Haedo, Morón y Ramos Mejía. Aterrizaban en El Palomar aviones con secuestrados provenientes de destinos como Mendoza, Rosario, Mar del Plata y la base naval Puerto Belgrano.

Mariani y Comes son los únicos condenados de la Subzona 16. El mayor responsable dentro de la Fuerza Aérea era el brigadier Ramón Agosti, fallecido en 1997. Debajo se ubicaba el brigadier Miguel Angel Ossés, jefe del Comando de Agrupaciones de Marco Interno, que tiene arresto domiciliario (Talcahuano 1174, 4º B). En el peldaño siguiente estaban el jefe de Subzona y de la FT100 (Mariani/ Comes) y el de la Plana Mayor de la FT100, el fallecido brigadier Julio César Santuccione, de quien dependían los grupos de tareas. El de El Palomar era el GT-11, que en 1976 comandó el vicecomodoro Alejandro Noel Lazo, quien rendía cuentas al jefe de operaciones de la FT100, comodoro Eduardo Mazza.