La investigación del intento de soborno a un juez de la Cámara de Casación Penal para que liberara a los detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra amaga con generar una onda expansiva. La Justicia no sólo puso la lupa sobre el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, escrachado a través de escuchas telefónicas en la cocina del presunto ofrecimiento al magistrado, sino que apuntaría a otros de los abogados que defienden a los detenidos por el homicidio del militante del Partido Obrero (PO) y a la cúpula de la Unión Ferroviaria (UF).

Sobre fin de año la jueza Susana Wilma López, que tiene a cargo la causa sobre el homicidio de Mariano, detectó conversaciones sospechosas entre unas 25 escuchas que había ordenado. Del análisis de los diálogos surgía –dijeron allegados a la causa a Página/12– la aparente planificación de una coima destinada a que la Cámara de Casación liberara a los detenidos, que son siete (y están procesados), todos ferroviarios menos Cristian Favale. La oferta, según las mismas fuentes, parecía tener origen en la UF, y como gestores surgieron los nombres de Aráoz de Lamadrid, quien hasta diciembre defendió al imputado Guillermo Uño, y un hombre de apellido Riquelme, que sería un “operador” cercano al gremio. El camarista aludido, dedujeron los investigadores, era Eduardo Riggi, de quien Aráoz fue secretario antes de convertirse en juez subrogante en 2005.

La jueza López concluyó que podía haber un delito e hizo la denuncia. Se abrió así un nuevo expediente, que quedó a cargo del Juzgado 11 (que subroga Osvaldo Rappa) y del fiscal Mariano Solessio. Investigan el intento de soborno que, como al parecer no se concretó, se reduciría a la figura de “tráfico de influencias”, que es excarcelable. En este contexto fueron allanados anteayer el estudio y la casa de Aráoz de Lamadrid.

Una versión de funcionarios cercanos a la investigación dice que entre las escuchas habría propuestas del ex juez a otros de los abogados que intervienen en la causa para que pusieran dinero. En los diálogos, en los que participaría también el intermediario Riquelme, se discute el monto y habría referencias a juntar 250 mil dólares. Al camarista lo mencionan por su nombre de pila. Por el momento no hay nada que lo involucre de manera directa ni pistas de que efectivamente haya recibido algo.

Los primeros cuatro imputados que reclamaron su excarcelación ante Casación fueron los barrabravas Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez (acusados de efectuar disparos en el ataque donde murió Mariano) y los delegados ferroviarios Pablo Díaz (imputado como instigador) y Jorge González. Uño, vinculado con la causa en la distribución de las armas, cuestionó ante el tribunal, con posterioridad, la prisión preventiva. Los primeros planteos debían ser resueltos en la feria judicial. En la primera quincena de enero, Riggi fue uno de los jueces de turno. Pero al final el fallo (que rechazó la excarcelación) fue firmado por los jueces de la segunda quincena. El planteo del picaboletos Uño quedó fuera de ese paquete, y ayer Casación recibió la noticia de que su caso había quedado radicado por un sorteo informático hecho el 26 de enero justamente en la Sala III, que integra Riggi, quien ahora podría ser recusado.

Según razonan en tribunales, Aráoz de Lamadrid había “abandonado” la defensa de Uño para que Riggi no tuviera que excusarse dado que había sido su jefe. Lo reemplazó Mariano Laporta. Ayer en el primer piso de Comodoro Py 2002, donde está la Casación, había un tremendo alboroto. Los camaristas se reunieron a puertas cerradas. Riggi se defendió. Ciertos jueces, en voz baja y en defensa de su colega, atribuyeron la maniobra a una jugada personal de Aráoz de Lamadrid de la que dicen, Su Señoría tal vez ni se haya enterado. Explican que es común que algún abogado haga gala de sus contactos y junte dinero para una virtual coima, total sabe que tiene la mitad de las chances de que el fallo salga a su favor.

La causa por tráfico de influencias está bajo secreto de sumario. Este diario habló con los abogados Carlos Froment (cercano a la UF, defensor de Díaz y González), Sergio D’Amico (de Favale) y Gustavo D’Elía (de Sánchez) y negaron haber siquiera hablado con Aráoz de Lamadrid. Aráoz tuvo una época de fama cuando se sacó un uno en el concurso para quedar como juez del juzgado que subrogó durante más de cuatro años. Impulsó causas contra el kirchnerismo y terminó renunciando, asediado por una investigación del Consejo de la Magistratura. Entonces empezó con su estudio. Su nombre rondó a la patota ferroviaria desde los inicios de la causa por el crimen de Mariano, donde crecen las chances de que el líder de la UF, José Pedraza, y su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, sean llamados a indagatoria, tal como pidió la fiscalía.