Durante el juicio, Luis Francisco Miret habló de sí mismo en tercera persona. Cruzado de piernas, protegido por un protocolar traje gris perla y unos coquetos zapatos deportivos, se sentó a escuchar la acusación, una de las últimas instancias del jury abierto por el Consejo de la Magistratura. Luego de casi dos horas de alegatos, Carlos “Cuto” Moreno y Hernán Ordiales pidieron la remoción del magistrado del cargo que ocupa en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. “Para quienes asistimos a estas audiencias dio la sensación de que estos últimos 36 años no han pasado para el doctor Miret –dijo Ordiales–, es claro que sigue pensando de la misma forma y lo que es peor, ante una circunstancia similar, obraría del mismo modo.” Detrás de la acusación, y de la larga respuesta de su defensa, el camarista suspendido pidió la palabra. Algo nervioso, la voz entrecortada, negó todo los hechos: “Siempre fui garantista, fui un defensor de los derechos humanos antes de que se pusiera como hoy en boga”. Y al final habló con los jueces (o con Dios): “Les agradezco su atención, estoy en sus manos, confío en la divina providencia y estoy tranquilo con mi conciencia”. El jurado definirá hoy cuándo estará la sentencia.

La mujer de Miret lo acompañó, quieta y sentada detrás, a lo largo de la audiencia que se extendió hasta las diez de la noche. Adelante estaba la larga mesa de jurados encabezada por el juez Carlos Bossi, seguido por el senador Eric Calcagno y José Manuel Cano y los diputados Jorge Landau y Daniel Katz, entre otros, quienes ayer ya buscaban acuerdos para conseguir un fallo por unanimidad sobre un juicio que alguno define como histórico. Es la primera vez que el Consejo de la Magistratura evalúa destituir a un integrante del Poder Judicial por delitos de lesa humanidad.

Después de los testimonios de las víctimas, la acusación constituyó el alegato. Al camarista suspendido se lo juzga por cinco casos: tres de la causa desprendida del caso de Prudencio Mocchi, por la detención de un grupo de militantes de una organización de izquierda entre agosto y septiembre de 1975. Entre ellos, se encuentra el caso de Luz Amanda Faingold Casenave, detenida el 28 de agosto de ese año y trasladada a la D2 mendocina cuando acababa de cumplir 17 años. El cuarto caso es por no haberse excusado de intervenir en 2007 en un Juicio por la Verdad para revisar entre otras cosas la intervención del represor y general Juan Pablo Saá, ex jefe de la VIII Brigada de Montaña de Mendoza y responsable de los centros clandestinos de esa área. Miret se había apartado un año antes en un expediente por su relación de amistad con el represor, en ese caso no sólo no se apartó, sino que lo convocó a declarar como testigo. El quinto caso es porque archivó la investigación por la desaparición de Alfredo Manrique y Laura Terrera y la apropiación de su hija, Rebeca, el 16 de septiembre de 1987. Para eso aplicó la Ley de Punto Final, cuando el robo de menores había quedado excluido de sus alcances.

“Este jurado cuenta hoy con elementos de los que quizá carecían anteriores integrantes –dijo el acusador–, por cuanto nuestra sociedad más allá de las diferencias ideológicas o partidarias ha alcanzado hoy la madurez necesaria para atesorar el respeto a los derechos humanos como uno de los pilares fundamentales.”

Cuto Moreno y Fargossi aclararon varias veces que no era un juicio penal, sino político. Que el Consejo tiene la misión de “velar por el deber que deben cumplir los magistrados” que es impartir justicia. “Miret ha demostrado un absoluto desinterés por estos valores”, dijeron. “Ha generado un daño irreparable a un grupo de jóvenes que han sido marcados para siempre y recién hoy, 36 años después, tienen la esperanza de que se haga justicia.”

Ese mismo hombre, al que los testigos mencionaron una y otra vez como una de las personas que vieron en la D2, al que luego vieron en su rol de juez obligándolos a firmar declaraciones sin asistencia de abogados o gritándoles “izquierdistas”, burlándose por la condición de judíos de alguno de ellos, o negándose a investigar las torturas y vejaciones que le decían que habían padecido; ese mismo juez fue quien ayer se quejó a través de sus defensores porque “¿cómo no iba a intervenir?”, se preguntaron al mencionar el caso de Luz, con un “padre que no se ocupaba de ella porque vivía de viaje, se encontraba para Miret en peligro moral y material” porque concurría a “altas horas de la noche a un lugar donde se hacían reuniones de carácter político, aunque decir subversivos ahora suene un poco fuerte”, se oyó.

Pero los acusadores siguieron lo mismo. Explicaron que Miret consiguió a través de ese modo de actuar un acelerado ascenso durante los años de la dictadura. Ese camino “oportunista” por la búsqueda de un cargo, recordaron, “le permitió favorecer con su manifiesta parcialidad” a los que lo habían honrado con su ascenso. Fue un juez que actuó “sin valentía ni principios”, que “se dejó amedrentar, intimidar por fuerzas que debieron estar a su servicio, para luego negociar con la misma autoridad que dijo despreciar”.

La defensa encontró explicaciones para cada cosa. “Difícil responder acusaciones como ‘el juez me miraba con cara de nazi’”, dijeron en un momento. Cuestionaron la capacidad de “verdad” de los testimonios no sólo por el paso del tiempo, sino porque cada uno se había mostrado interesado en el resultado. Aseguraron sentirse impotentes. En ese contexto, anunciaron además la última baraja del juego: Miret acaba de enviar una intimación al Poder Ejecutivo para pedirle que diga si aceptan o no la renuncia que presentó en septiembre. Dijo que de no haber respuesta, se iba a considerar renunciado, es decir, un dato que puede anular el peso del juicio.

Al final, habló Miret. “Pretendía del proceso que fuera un ir y venir de ideas racionalmente plateadas en búsqueda de la verdad –dijo–; no pretendo tener la verdad en el bolsillo, nunca fui una persona de tomar partido.” En esa línea, negó tener algo que ver con las imputaciones. “Hubo testigos interesados, eran denunciantes o hasta querellantes”, explicó. El jurado se reunirá hoy a discutir cuándo se dará a conocer el veredicto.