El jurado del Consejo de la Magistratura empezó a buscar acuerdos para el fallo a Luis Francisco Miret, el camarista mendocino suspendido que está siendo juzgado bajo la acusación de haber colaborado con la represión ilegal durante la dictadura. A Miret se lo juzga por cinco causas que reúnen casos previos y posteriores al golpe de Estado del ’76, que dan cuenta de su inacción a la hora de investigar denuncias por tortura y vejaciones en la D2 mendocina; se lo acusa además por no haberse apartado en un caso por su relación con un ex jerarca de la represión y por haber archivado un expediente de apropiación de menores.

El lunes, la acusación leyó el alegato y pidió su remoción. Miret hizo su descargo, apuntalado por la defensa. Esa intervención pareció dejar en suspenso por unas horas inquietantes la búsqueda de unanimidad que impulsan algunos integrantes del jurado para llegar a un acuerdo. Pero anoche, cierta calma ganó los pasillos del Consejo: “Gracias a Dios –se escuchó– parece que seguimos adelante”.

El jury a Miret entró en un profundo hermetismo. Ninguno de los miembros del jurado parece dispuesto a adelantar ningún juicio, convencidos de que eso podría hacer caer todo el proceso.

El lunes a la noche se había dicho que los resultados se conocerían a mediados de marzo. Pero durante el día de ayer las certezas empezaron a caer. Una de las fechas que se dieron como dato es la del 14 de marzo, poco antes de la renovación del jurado que debería rotar cada seis meses.

Uno de los puntos más fuertes que enunció la acusación encabezada por Hernán Ordiales y Carlos “Cuto” Moreno el lunes pasado fue darle una lógica a los movimientos del camarista: dijeron que su inacción a investigar o su “manifiesta parcialidad” le permitieron conseguir los ascensos en su carrera judicial antes y durante la dictadura: “Actuó sin valentía ni principios y, fundamentalmente, demostrando absoluto desprecio por la ley y la Constitución”, dijo Ordiales, quien anoche recordó a Página/12 un detalle: que las cinco causas fueron instruidas antes del golpe de Estado y después de 1983. “Eso quiere decir que no hizo nada por impedir la violación de los derechos humanos en ese tiempo y no es menos grave que eso haya ocurrido durante la dictadura, pero lo que decimos es que su argumento de defensa es más débil aún porque su falta de acción a la hora de impedir estos ilícitos se hizo durante el período constitucional”.

Uno de los temas que quedó picando en la audiencia de alegatos partió de la intervención de su defensa. Sus abogados son dos: el defensor Jorge Falco y Santiago Marino, que asumió la defensa más tarde, a pedido de Miret, se presentó como penalista, y aunque intentó evitarlo terminó mostrando la hilacha: “Cierto que subversivo ya no se puede decir”, dijo. El leyó una serie de encabezados de causas de la represión, en las que Miret sí habría actuado de acuerdo con el derecho. Lo curioso es que ninguna de esas pruebas fueron presentadas en su defensa en la causa que tramita la Justicia federal mendocina.

En Mendoza, el camarista suspendido está imputado por 31 casos, de dos períodos: de agosto a diciembre de 1975 y de abril a junio de 1976, momentos en los que actuó como juez subrogante. Las acusaciones están separadas en tres grupos: denuncias por secuestros o allanamientos de parte de las fuerzas de seguridad que terminaron con los responsables sobreseídos. Hábeas corpus de detenidas o desaparecidos rechazos invariablemente y hábeas corpus de los detenidos del PEN a los que nunca les hizo lugar. Un ejemplo, son los más de 150 hábeas corpus que investigó el equipo del fiscal general Omar Palermo entre 1976 y 1983: en uno sólo, un juez que no era Miret abrió una investigación, y en 1982 con la dictadura debilitada.

Intuitivamente, uno de los hombres de la fiscalía recuerda, por si hace falta, otro dato: él o los contados casos en los que pudo haber intervenido Miret parecen haber sido consecuencia del pedido de un conocido. Lo mismo hicieron algunos militares.