Las cartas ya están echadas: aunque hay algunos focos de resistencia, la Legislatura porteña se apresta a recortar los sueldos de los diputados y funcionarios, en una cifra cercana al 40 por ciento. Y el producto de esas reducciones estará destinado a gastos sociales en la ciudad. La premura de la dirigencia política porteña por dar un gesto hacia los reclamos de la sociedad no se limita al ámbito legislativo: el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, se apresta a anunciar un recorte en los haberes de los funcionarios, con un tope que rondaría los 3000 pesos. Más aún, funcionarios de ambos poderes pretenden que las reducciones se anuncien en forma conjunta.
Según pudo saber Página/12, el recorte de haberes fue tema central, esta semana, entre legisladores de distintos bloques y las máximas autoridades del cuerpo aseguran que la medida es “irreversible”. Los diputados que la impulsan pretenden que la ley que dispone los recortes sea sancionada el martes, en la primera sesión del año de la Legislatura.
Hasta ahora, sin embargo, hay más ideas que proyectos. Uno de ellos, presentado por el socialista popular Roy Cortina, propone reducir los haberes de un diputado en un 44 por ciento: pretende llevar el ingreso a 3580 pesos (2800 de bolsillo), cuando hoy es de 6500 pesos (4500 en la mano).
El proyecto prevé extender el recorte a los cargos de secretarios (administrativos y legislativos), subsecretarios y directores generales. Y en una segunda etapa, incluir al personal de planta transitoria, unas 400 personas cuyos puestos son, en buena medida, políticos.
Según el proyecto de Cortina, los recursos resultantes del recorte deberán destinarse a un fondo de asistencia hospitalaria, para reforzar la provisión de medicamentos e insumos. La medida sería especialmente oportuna en un momento en que el sistema sanitario de la ciudad está jaqueado desde diversos frentes: el aumento de precios y desabastecimiento de insumos, el incremento de la demanda y la caída de la recaudación (ver página 15).
“Es necesario dar una señal ante el reclamo de la sociedad, que pide cambios para mejorar el sistema de gobierno, hacerlo más eficaz y menos costoso”, argumentó Cortina, consultado por Página/12.
La idea es compartida por diputados de casi todos los bloques, que parecen haber interpretado en ese sentido el mensaje de las cacerolas. Si bien aclaran que la Legislatura ya hizo un ajuste, hace un año, y que la cuestión de la austeridad es un mandato de la Constitución –que dispone un tope para el presupuesto legislativo del 1,5 por ciento del total de la ciudad y prohíbe los gastos reservados–, reconocen que la sociedad vive un deterioro permanente de su nivel de vida, aflicción que no padecen los dirigentes políticos.
La iniciativa de los diputados tiene una versión melliza en el Poder Ejecutivo. Aunque ningún miembro del gabinete porteño lo quiso confirmar, este diario pudo saber que, después de firmar ayer, junto a los gobernadores, el compromiso con nacional para reducir el gasto político, Aníbal Ibarra se apresta a impulsar un recorte igual ya implementado por el presidente Eduardo Duhalde: un tope de 3000 pesos para los funcionarios políticos. El silencio tiene una explicación: la medida sería anunciada por el propio jefe de gobierno.
La iniciativa de Ibarra no es compartida por todo el gabinete: algunos secretario consideran innecesaria la medida, por el escaso peso que tendrá el ahorro conseguido. También se generaron resistencias puntuales entre diputados de distintos bloques. “Pero entre la mayoría prevalece la idea de dar una señal a la sociedad, destinando los fondos resultantes de la reducción de haberes, por menor que sea, a gastos sociales”, dijo una fuente de la Legislatura.
Para implementar el recorte, Ibarra no necesita más que la firma de un decreto. En cambio, en la Legislatura, será imprescindible la sanción deuna ley, lo que demanda, en estos días, una trabajosa negociación política.
Como no quieren abrir un frente de conflicto dentro del cuerpo, los diputados analizan si el recorte a la planta transitoria puede quedar para una segunda etapa. En principio, no se tocaría a la planta permanente -600 empleados que, en su mayoría, quedaron desde el viejo Concejo Deliberante– para no generar protestas que podrían paralizar el funcionamiento del cuerpo.
“En el futuro, va a ser insostenible que un empleado o un director ganen más que un diputado”, dijo a este diario un legislador. En rigor, de esos 600 empleados, un 10 por ciento tiene sueldos por encima de los 3000 pesos y uno de ellos ronda los 6000.
La reducción de haberes no es el único cambio que se cocina en la Legislatura. Los diputados también quieren cambiar el régimen de funcionamiento de la Legislatura, para que sesione dos veces por semana, en lugar de una. “La idea es que los martes se dediquen al tratamiento de temas que requieren un largo debate, y que los jueves se destinen a los otros proyectos”, dijo una fuente de la Legislatura.