“¿Usted dice que el objetivo político se cumplió?”, le preguntaron ayer al ex secretario de Seguridad Enrique Mathov. “Sí, claro”, contestó el indagado, aunque se lamentó por “todo lo que pasó” aquel 20 de diciembre. Es que el “objetivo político” de la moribunda administración delarruista, que pretendió evitar la “toma de la Casa Rosada liberando la Plaza de Mayo”, derivó en una brutal represión y el homicidio de seis personas, y los interlocutores del ex funcionario no podían creer que su evaluación fuera positiva y omitiera a los muertos y a los heridos. Por lo demás, Mathov reiteró su argumento: que los “excesos” corresponden al personal que hizo el procedimiento y que no tiene ninguna responsabilidad sobre los hechos. Según relató a Página/12 un testigo de la audiencia, el ex funcionario no dio una respuesta satisfactoria cuando le preguntaron por los asesinatos cometidos a medio kilómetro de la Casa de Gobierno. “Ahí se fue por la tangente”, fue el comentario recogido. A pesar de los rumores que indicaban su posible detención, volvió a su casa. Pero si la jueza María Servini de Cubría decide procesarlo puede perder su libertad.
También declararon como testigos el ex viceministro del Interior Lautaro García Batallán (ver aparte), el ex secretario general de la Presidencia Nicolás Gallo y el ex secretario privado de De la Rúa, Leonardo Aiello. Todos negaron haberse comunicado ese jueves con el jefe de la Federal para pedirle que despejara la Plaza de Mayo, tal como afirmó Rubén Santos en un escrito con el que logró postergar su propia indagatoria. Los investigadores piensan cruzar los listados de llamadas. El ex ministro de Justicia Jorge de la Rúa, también mencionado por Santos, se excusó por no concurrir y alegó que su hija se encuentra enferma.
Cerca de las 10 Mathov llegó a los tribunales de Retiro. Ingresó al subsuelo en un vehículo con vidrios polarizados mientras medio centenar de policías se preparaban para “protegerlo” de la prensa dentro del edificio. Afuera quedaron las cámaras y una pequeña manifestación del MST e HIJOS, que pegaron carteles con las caras de los ex funcionarios bajo la leyenda de “asesinos”. Recién a las 12 y media ingresó a la audiencia, acompañado por su abogado, el ex camarista Jorge Valerga Aráoz. “Respondió con solvencia, casi con frialdad”, comentó una fuente a Página/12.
Mathov declaró tres horas, acusado de homicidio agravado y lesiones graves, y admitió que el decreto del estado de sitio impuesto por De la Rúa no contó con un listado de personas a detener, por lo tanto los 4.500 arrestos producidos en todo el país serían ilegales. Por esa omisión del Poder Ejecutivo es que los hábeas corpus presentados permitieron la rápida liberación de la mayoría de los detenidos. Los comisarios que declararon afirman que desde el poder político ordenaron “hacer detenciones”.
El 20 de enero, la jueza Servini de Cubría afirmó que creía que Santos y Mathov le informaron a De la Rúa cuando terminó su discurso que no había muertos. ¿A qué hora se enteró Mathov de los asesinatos investigados, que se produjeron en su mayoría entre las 16 y las 19? El ex funcionario respondió que fue “a la tarde” pero que “oficialmente” fue el 20 a la noche, cuando la magistrada lo convocó para que diera explicaciones. Es que ese mediodía la policía y el Gobierno habían desobedecido su orden de “frenar la represión indiscriminada”. Pero cuando le preguntaron sobre tres llamadas recibidas en su celular, cerca de las 20, provenientes de la agencia Télam respondió que “no sabe” de quién fue esa comunicación. Los investigadores sospechan que el interés periodístico de esa llamada tenía que ver con las muertes, hecho ya conocido a esa hora incluso por quienes no estaban mirando televisión.
Por otra parte, Mathov negó haber estado en la sala de situación del Departamento Central de Policía, tal como piensan algunos querellantes. Y cuando le preguntaron por la utilización de balas de plomo indicó que ordenó “medidas preventivas para despejar la Plaza de Mayo”, pero no tuvonada que ver “con los métodos ni con los instrumentos implementados”. Fue entonces que, por consejo de su defensor, argumentó la diferencia entre una orden política, con un objetivo determinado, y la ejecución que hace la policía, algo técnico donde no intervienen los funcionarios políticos que, en su caso, “estaban atendiendo la situación general del país”.
Consultado por Página/12, Valerga Aráoz explicó que el objetivo político cumplido fue preservar la Casa de Gobierno, aunque admitió que la orden originaria abarcaba también el cuidado de la “vida y la integridad física de los manifestantes”. “Se evitó que los custodios de la Casa Militar tuvieran que tirar, sí con balas de plomo, cuando la manifestación ya había derribado la valla cercana a la Rosada”, afirmó para sostener el balance positivo que había hecho su cliente. “Me parece que Mathov se refería a preservar la vida de los que estaban dentro de la Casa de Gobierno y no afuera”, comentó con ironía un participante de la audiencia.