Sin acuerdo, por ahora, en la Legislatura para modificar el calendario electoral, los porteños tendrán que ir a las urnas el próximo 5 de junio para votar los cargos electivos de las quince comunas en las que está dividida la ciudad de Buenos Aires desde la sanción de la Constitución porteña en 1996. La elección de las siete autoridades comunales completaría un proceso de descentralización administrativa que ha sido evitado por las sucesivas gestiones porteñas y reemplazaría las funciones de los actuales CGP, además de hacerse cargo del presupuesto destinado al mantenimiento urbano, bastión de la gestión PRO. Los partidos políticos tradicionales de la ciudad con representación parlamentaria son los que han estado trabajando junto a las organizaciones sociales para estar mejor posicionados con vistas a la elección de comuneros.

La Constitución porteña estableció en 1996 la división en comunas, cuya cláusula transitoria decimoséptima sostenía que su instrumentación tenía un plazo para llevarse a la práctica que venció el 1º de octubre de 2001. Recién en septiembre de 2005, y tras algunas modificaciones, la ley Orgánica de Comunas fue sancionada con el compromiso de terminar la transición hacia ese modelo un año más tarde. En agosto de 2007, la Legislatura porteña fijó por ley el 10 de agosto de 2008 como la primera fecha en la que se debería votar. No obstante, el macrismo procuró evitar en aquel momento que se completara el proceso y logró su postergación hasta fines de 2011. Ante varios amparos judiciales para que se cumpliera con la ley, los bloques en la Legislatura –incluido el PRO– fijaron el 5 de junio como la nueva fecha para los comicios.

El Tribunal Superior de Justicia porteño decidió, con los padrones actualizados, poner en marcha el proceso para la votación, pero aún no fue convocada por el jefe de Gobierno –lo que le valió una denuncia penal–, a la espera de poder modificar una vez más la fecha, con el apoyo de otras fuerzas políticas. Además, Macri, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura, manifestó su voluntad de cambiar la ley de comunas argumentando que implicaría elevar “costos burocráticos”.

“Macri es un enemigo de la descentralización por su propia ignorancia y por una visión empresarial centralizadora. La ley no se puso en marcha y ya la quiere modificar, cuando fue votada por todos los bloques después de un trabajo participativo que incluyó a más de 700 organizaciones y ocho mil vecinos. Se le hicieron 120 enmiendas a la ley 1777”, explicó el diputado socialista Roy Cortina a Página/12, autor de la norma.

Entre los incumplimientos que se le adjudican al PRO figura la falta de una adecuada campaña de difusión sobre el tema, algo que también fue fijado por ley, pero que el jefe de Gobierno vetó el año pasado. Tampoco cumplió con calcular cuáles serán los fondos que deban asignarse a cada comuna de acuerdo a sus necesidades socioeconómicas.

¿Qué son las comunas?

El objetivo fundamental de la implementación de las comunas es la descentralización administrativa. Serán unidades autónomas del Gobierno central –que reemplazarán en sus funciones a los Centros de Gestión y Participación Comunales (CGP)– con presupuesto propio y capacidad de decisión en materia de mantenimiento urbano. Cada una de las quince comunas tendrá a su cargo el mantenimiento de plazas, calles y avenidas en su área de influencia, generarán políticas culturales y sociales y contarán con la posibilidad de resolver trámites y problemáticas cotidianas con mayor rapidez y eficacia.

La ley establece dos instituciones: la Junta Comunal, compuesta de siete miembros elegidos de forma directa, y el Consejo Comunal, donde vecinos y organizaciones no gubernamentales participan para discutir las políticas a implementar, además de controlar la gestión de los comuneros. La norma establece que:

- Se elegirán siete autoridades por cada comuna, a partir de un reparto proporcional de votos, que funcionarán como un cuerpo colegiado. Por lo menos tres fuerzas políticas tendrán representación. El miembro que resulte más votado, ocupará la presidencia de la Junta Comunal. El sueldo de cada una de las autoridades será equivalente al 60 por ciento de la dieta de un legislador porteño.

- Ocuparán los mismos edificios y heredarán todo el personal que se desempeña en los actuales CGP. No están contempladas las contrataciones directas. A la vez, se dan de baja los cargos de directores de CGP.

- Tendrán funciones exclusivas y concurrentes. Las exclusivas tendrán injerencia en el mantenimiento urbano menor y podrán presentar iniciativas legislativas, además de planificar y administrar su propio presupuesto. Las concurrentes se engloban en el control de la gestión central en lo referido a la obra pública y demás políticas a ser acordadas en el marco de una coordinación intercomunal, con el jefe de Gobierno a la cabeza. Ninguna Junta podrá tomar una decisión a contramano de la política central dispuesta por el Ejecutivo.

Los legisladores opositores acusan a Macri de incumplir con la Constitución porteña y de buscar evitar que el Ministerio de Espacio Público se vea obligado a traspasar sus partidas presupuestarias. Por otro lado, desde el propio macrismo subrayaron que con la actual cantidad de cargos electivos, el PRO podría obtener como máximo tres directores por comuna, lo que significaría quedar en minoría frente a los que provengan de otras fuerzas. “La oposición va a tener presencia en todas las comunas y eso puede ser leído como una derrota para el oficialismo”, deslizaron desde el PRO.

Informe: Gabriel Morini.