Durante los alegatos, las querellas ya habían dicho que una de las secuelas de la dictadura era obligarlas a montar no sólo la estructura de las pruebas, sino a desmontar cada una de las mentiras que se habían construido para aniquilarlas. Cuando se pronuncian los alegatos de las defensas en los juicios orales de estos días, suele parecer que todo ese mismo proceso sigue poderosamente en pie. En José León Suárez, ayer se escuchó el alegato de la defensa oficial de Omar Riveros, Reynaldo Bignone y Martín “El Toro” Rodríguez. El abogado Juan Carlos Tripaldi intentó mostrarse deferente con las víctimas, pero una y otra vez hizo una marcha atrás en el tiempo para cuestionar la legitimidad del Estado como ámbito de recolección de pruebas en los procesos de verdad y justicia. Y como si no hubiese habido causa 13, con cierta ironía criticó el valor de los relatos aportados por los testigos: “Les propongo a cualquiera de ustedes –dijo– que intenten recordar dónde y cómo festejaron sus cumpleaños cuatro años atrás”.

Como sucedió sólo en los primeros días de audiencia, en el auditorio municipal de San Martín –donde se lleva adelante el juicio oral a Luis Abelardo Patti y los otros imputados–, se sentó Reynaldo Bignone, en su calidad de ex jefe del Comando de Instituto Militares con asiento en Campo de Mayo. Al lado se acomodó Martín “El Toro” Rodríguez, uno de los torturadores del centro clandestino, y Fernando Meneghini, ex comisario de Escobar. No estuvo Riveros y Patti se mantuvo como siempre, metros atrás de la sala, en medio del descampado, dentro de una ambulancia.

Antes del comienzo, los militantes y víctimas del terrorismo de Estado de Escobar colgaron los carteles con los nombres de los más de cuarenta desaparecidos en territorio de Patti. Dos de los antiguos militantes cuelgan y descuelgan esos enormes carteles cada uno de los días de audiencia, y se los vuelven a llevar a veces en auto, muchas a bordo de los maltrechos espacios del tren.

Sobre los testigos

Adentro, la presidenta del Tribunal Oral Federal 1, Lucila Larrandart, vapuleada en las jornadas anteriores por los dichos del ex camarista Alfredo Bisordi, reconvertido en abogado de Patti, encabezó la audiencia. Era la segunda y última jornada de alegatos de la defensa oficial. Tripaldi y Carlos Palermo defienden a los tres militares procesados. Además de pedir absoluciones y disminución de las eventuales condenas, adelantaron un pedido para que la prisión se cumpla en los domicilios. En ese contexto, Tripaldi habló de la reclusión como “una venganza” y que la decisión de mandarlos a una cárcel común es “condena a muerte encubierta, vedada por la Constitución y las políticas de derechos humanos”.

Algo de esa lógica atravesó todo el alegato: hubo un discurso que parecía perfectamente cuidado en sus tonos, con una marcada idea de respeto hacia las víctimas y los familiares, pero que finalmente terminaba desbarrancando y mostrando posiciones como ésas.

Uno de los puntos de su alegato fue una evaluación de las pruebas de los casos. El defensor debía los elementos con los que la acusación construyó la prueba para sostener que las víctimas fueron secuestradas, asesinadas o desa-parecidas por los acusados. Entre los casos de ayer, evaluó la prueba sobre el homicidio del diputado Diego Muniz Barreto. Las querellas sostienen que lo secuestraron en Escobar, que primero estuvo en la comisaría, luego en Campo de Mayo y finalmente lo inyectaron y arrojaron al cauce de un arroyo encerrado adentro de un auto. Con él estaba su secretario privado Juan José Fernández, que sobrevivió. Le contó a un escribano amigo lo que le había pasado, escribió todo en una carta y peleó durante años en contra de la teoría oficial que decía que aquella muerte había sido producto de un accidente.

Tripaldi no sólo insistió con la teoría del accidente, negó que hayan estado en Campo de Mayo y en Escobar; cuestionó cada línea de la carta, no admitió siquiera que la haya escrito Fernández, pero se detuvo especialmente en dos testimonios que sostuvieron durante el juicio las presencias en Campo de Mayo. Uno es el testimonio del sargento Víctor Ibáñez y otro el de Cacho Scarpati, uno de los pocos sobrevivientes del Campo.

Con Scarpati se remitió a una vieja resolución de la Cámara de Apelaciones que rechazó en una ocasión su testimonio como si luego no hubiese sido objeto de prueba, una y otra vez, en muchos otros juicios. A Ibáñez, en cambio, intentó descalificarlo y lo ubicó como eventual arrepentido, pero uno de los principales problemas no técnicos sino políticos de su argumentación es que para eso socavó o cuestionó peligrosamente (dado que es un defensor oficial y no privado) espacios construidos desde el Estado o desde los organismos de derechos humanos para acumular documentos y pruebas durante años sobre la represión ilegal mientras se se había mutilado el camino de la Justicia.

Una de las veces le disparó a la ex Dipba, hoy a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria, donde trabajan peritos del Poder Judicial, alguno de los cuales declaró en el juicio. Un testimonio que el abogado cuestionó porque el empeño que pusieron los peritos para encontrar las pruebas –empeño del que hablaron– no garantizaría el derecho de justicia y defensa de sus defendidos. El otro espacio cuestionado fue el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el primer espacio en el que Ibáñez dio testimonio. A tono con lo que había sucedido en otro de los juicios, entre los problemas que enumeró se refirió a que la Secretaría de Derechos Humanos “está fuera del control judicial”.

La causa 13 suele ser criticada, entre otras cosas, porque consagró en su fallo la teoría de los dos demonios. Uno de los aportes que nadie discute, en cambio, es la elaboración que hizo el Tribunal sobre el peso de la prueba testimonial. El relato de los sobrevivientes se tomó como prueba superlativa de la existencia de los campos y de lo que sucedió con los desaparecidos. Este es otro de los puntos contra los que apuntó el defensor oficial. Cuestionó el testimonio de un médico, por ejemplo, preguntándose cómo era posible que recuerde 34 años después detalles de lo que había sucedido con uno de los cuerpos. Pero, además, explicó que la mayoría de los relatos de quienes declararon no podrían usarse como prueba porque pertenecen a familiares, a víctimas o amigos de las víctimas, no pueden ser consideradas pruebas “independientes” ni “indiscutibles”.

Uno de los cuestionados fue nuevamente Ibáñez. En ese caso, dijo que lo suyo había sido producto de una “astuta preparación”, porque recordó que a las tres de la mañana del día en el que asesinaron a Diego Muniz Barreto un compañero lo despertó para decirle que lo habían mandado con dos prisioneros a la puerta. Tiempo después ambos se dieron cuenta de que los dos prisioneros eran Muniz Barreto y Fernández. La hora coincide con el momento en el que deberían haber salido de Campo de Mayo para llegar al arroyo a la hora en la que lo sitúan los otros testigos. Allí fue cuando Tripaldi mencionó lo de la fiesta de cumpleaños.

Pero el problema es que de lo que se acordó no era de un cumpleaños, sino de la preparación de un homicidio, decía afuera la hija de una de las víctimas. Cuestiones que de momento y afortunadamente no parecen intercambiables.