El general Ricardo Brinzoni acababa de cortar su entrevista telefónica con Mariano Grondona cuando un oficial entró a su despacho con un mensaje urgente:
–(Chiche) Gelblung, en Radio 10, acaba de decir que los regimientos de Azul y Tandil se levantaron bajo las órdenes del general (Daniel) Reimundes.
–Comuníqueme con Gelblung –ordenó Brinzoni.
En el Edificio Libertador evalúan la versión como una cuenta más del rosario que apunta a “victimizar” al Gobierno y, dicen, “usa” al Ejército “demonizándolo con un discurso golpista”. Brinzoni repitió ante el conductor de la radio de Daniel Hadad que las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder político, son respetuosas de la Constitución y están integradas plenamente en el sistema democrático.
El señalamiento de Reimundes era evaluado entre los hombres de Brinzoni como un tiro por elevación contra el mismo titular de la fuerza. Después de dos años, Reimundes acaba de dejar la agregaduría militar en la Embajada argentina en Washington para hacerse cargo de la secretaría general del Ejército que ocupa Eduardo Alfonso, quien pasará a retiro. Ese cargo es clave en la estructura jerárquica de la fuerza y quien lo desempeña es, de hecho, la mano derecha de Brinzoni. La usina de rumores que lo identificó al frente de una supuesta asonada llegó más lejos de lo esperado para los uniformados.
Por carriles separados, un integrante del gabinete nacional coincidió con algunos militares en el origen de las versiones y señaló que “no sabemos si los genera la Secretaría de Inteligencia del Estado o Carlos Soria (su titular) se está comiendo operaciones de sectores golpistas”. El mismo funcionario sí dio crédito al intento de hombres de las Fuerzas Armadas por avanzar en un proceso de militarización de la represión del conflicto social.
–General, mucha gente se preguntaba estos días de tanta convulsión en la Plaza de Mayo, con choques, saqueos, ¿si la policía pierde autoridad, actuaría el Ejército? –le preguntó Grondona en La Red.
–El Ejército no tiene misión ni vocación ni medios ni entrenamiento para reemplazar a la policía ante un desborde social. Además la legislación lo prohíbe, no tenemos ninguna aspiración en ese sentido. Si eso llegara a suceder, hay otras fuerzas de seguridad que pueden ser empleadas en caso de tan desgraciada circunstancia –aseguró Brinzoni.
En el Edificio Libertador aseguran que en la entrevista con el presidente Eduardo Duhalde de lo único que se habló es de la posibilidad de que oficiales de esa fuerza reemplacen a la Gendarmería en regiones alejadas. De esa forma se liberaría a gendarmes para que actúen en los cada vez más frecuentes conflictos sociales. Ese es un proyecto que está en danza desde el gobierno aliancista y que cuenta con el aval de Horacio Jaunarena, el único ministro que continúa en la gestión duhaldista. Como muestra de la “vocación democrática” de la fuerza, los uniformados recuerdan que en el desmadre final del delarruismo algunos llegaron a sondearlos para que tomen la posta de la represión de la protesta. “Nosotros dijimos que estamos subordinados a la Constitución y a la ley y sólo por una orden con acuerdo del Congreso que implicara la modificación de las normas vigentes se podía considerar una alternativa semejante”, repiten para demostrar que después de diecinueve años de democracia no están dispuestos a alterar el funcionamiento institucional.
El discurso de la cúpula del Ejército contrasta con las reiteradas apariciones del ex coronel Mohamed Alí Seineldín, quien apelando al ultranacionalismo sigue apostando a otro rol de las Fuerzas Armadas.
Brinzoni se ocupó en descartar toda influencia del ex coronel entre los oficiales en actividad. “El ex coronel es un interno del penal militar. En su momento fue un oficial superior prestigioso del Ejército, después tuvo actitudes que no correspondían con las que se exigen de una unidad superior, fue juzgado, fue condenado y está cumpliendo su condena”, destacó en diálogo con La Red y consideró que “los irresponsables que siembran dudas deberían terminar porque el Ejército está totalmente cohesionado y preparado para defender la Constitución sin limitaciones”.
Obsesionados por desmentir toda intentona golpista en el Ejército repiten que las preocupaciones inmediatas de la fuerza pasan, como en todas las áreas, por las penurias presupuestarias. No saben cuándo cobrarán los sueldos y sólo esperan que el ajuste no les recorte más fondos porque “estamos en subsistencia”.
Brinzoni reconoció que en el encuentro que mantuvo, junto con sus pares de la Armada y la Aeronáutica, con Duhalde se fueron con la certeza de que no habrá extradiciones de oficiales acusados por genocidio. “Yo considero que los problemas argentinos del pasado fueron juzgados en su momento. Creo que quienes han tenido participación, han tenido actos deshonestos y han tenido responsabilidades individuales fueron juzgados o deberán ser juzgados si no lo fueron en su momento, en el país. Pero no deberían ser extraditados, ésa es la posición del Ejército y es mi convicción”, dijo en sus diálogos radiales.
Tanto el gobierno de Carlos Menem como el de Fernando de la Rúa primero eludieron y luego explicitaron en sendos decretos la defensa del principio de territorialidad como argumento para impedir el juzgamiento en el exterior de los represores argentinos. Salvo durante el breve mandato de Adolfo Rodríguez Saá, lapso en el que Alberto Zuppi en la cartera de Justicia dijo que había que juzgar o extraditar, el criterio se mantuvo. El decreto firmado por De la Rúa y Jaunarena que prohíbe las extradiciones sigue vigente y Duhalde no está dispuesto a alterar ese orden. Los oficiales repiten que ellos tampoco están dispuestos a alterar el orden democrático.