“Caballo”, escribió uno. “Impertinente”, respondió otro. Todos los funcionarios judiciales que intervienen en el caso de la viuda del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria terminan ferozmente enfrentados. Ahora el campo de batalla se trasladó a la implementación del inminente juicio oral en el que la colombiana será juzgada como jefa de una asociación ilícita para lavar dinero. El fiscal del juicio, Jorge Aguilar, denunció penalmente y ante el Consejo de la Magistratura a los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 por desconocer sus argumentos sobre la nulidad de todo el proceso. Aguilar había pedido el sobreseimiento de la mujer, que estuvo presa pero recuperó su libertad en abril de 2001, y del resto de los acusados. Pero su planteo fue desestimado a fines del año pasado, con una resolución muy dura en la que fue mencionado como un “veterano fiscal” que incurre en reiteradas “confusiones”. Aguilar le dijo a Página/12 que es cierto que tiene 77 años y que se quiere retirar, pero enfatizó que lo hará “con la frente bien alta”. Por eso denunció a los jueces del TOF que, según él, le faltaron el respeto. Y prepara una denuncia penal contra el juez que llevó el caso en primera instancia, el ahora camarista Gabriel Cavallo.
Mientras miraban pasar estas balas, la viuda de Gaviria, su hijo Sebastián Marroquín Santos y la novia del joven, María de los Angeles Sarmiento se habían esperanzado con evitar ser juzgados en proceso oral y público gracias al planteo de Aguilar. Pero ahora todo indica que el TOF 6 seguirá adelante con el juicio, aunque antes de sentar a los acusados en el banquillo tiene que resolver si acepta o rechaza el pedido de excusación de Aguilar, que no quiere ser el acusador en ese proceso porque sostiene que el asunto le causó “violencia moral”. Si el TOF 6 lo aparta, el fiscal del juicio debería ser Miguel Angel Romero, pero como está llevando el juicio por el ataque contra la AMIA es posible que el procurador Nicolás Becerra designe a otro. Mientras tanto, jueces y fiscales siguen cruzando lanzas.
Hay una constante en el caso: los representantes del Ministerio Público que intervinieron hasta ahora consideraron que Victoria Henao Vallejo, o María Isabel Santos Caballero según los nuevos documentos que le otorgó el gobierno colombiano para protegerla, fue acusada por portación de apellido y que durante la investigación no se pudo probar que haya ingresado al país dinero proveniente del narcotráfico. En la etapa de instrucción, se enfrentaron el entonces juez federal Gabriel Cavallo y los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, con duras acusaciones públicas y privadas. Freiler y Delgado pidieron que la mujer fuera sobreseída pero fueron apartados de la causa por la Cámara Federal, que avaló el accionar de Cavallo. Finalmente fue el fiscal Carlos Cearras quien produjo la elevación a juicio, aunque destacó que las pruebas eran débiles. Aguilar retomó ese argumento, pero fue más allá al señalar que en la causa no quedó demostrado que los fondos mencionados provengan de operaciones relativas al narcotráfico.
Aguilar contra el resto
del mundo
Así Cavallo se mantuvo en el ring pero su contendiente pasó a ser Aguilar, quien calificó como “historieta” el origen del sumario. Se refería a que de “la mera enunciación de una circunstancia como lo es una camioneta parada en un semáforo, que conducía Santos Caballero, el magistrado saca en conclusión un hecho delictivo, fijando un objeto procesal nada más que por su propia voluntad”. Según Aguilar, Cavallo desconoció las garantías constitucionales referidas a la defensa en juicio y a la legalidad del debido proceso. Y también afirmó que se excedió en su potestad judicial al disponer las detenciones. Y concluyó que estorepresenta “una verdadera arbitrariedad” que implica “una nulidad absoluta” que debería haber impedido el progreso del caso.
Aguilar decía en aquel escrito que Cavallo debía ser denunciado pero no lo hizo. El magistrado le devolvió el golpe y lo denunció ante el Jury de la Procuración. En su entorno razonaron que si el fiscal consideraba que había un delito tenía la obligación de denunciarlo. Y explicaron que las nulidades que no habían sido planteadas por los anteriores fiscales ya no podían invocarse porque no es pertinente hacerlo en esta instancia.
Quienes le volvieron a dar la razón a Cavallo fueron los integrantes del TOF 6, María del Carmen Roqueta y José Martínez Sobrino (el tercer miembro es Juan María Torino que está de licencia). Rechazaron el planteo de inconstitucionalidad del “veterano” Aguilar “en razón de su poca claridad y sustento jurídico”, y desestimaron las nulidades que él había avalado. Sobre su pedido de que Cavallo sea denunciado, los jueces consideraron que la solicitud “no pasa de ser una mera enunciación sin respaldo legal” y resulta “un planteo impertinente por los términos descalificantes sobre el magistrado” (Aguilar había escrito Caballo en lugar de Cavallo). Y volvieron a denunciar al fiscal ante la Procuración.
La última ofensiva partió de Aguilar. Le pidió a la comisión de disciplina del Consejo de la Magistratura que analice si la resolución del TOF 6 “contiene calificativos agraviantes” hacia su persona. “Me piden opinión sobre los planteos de la defensa pero después me castigan y me denuncian”, se quejó en su despacho del séptimo piso de Comodoro Py. Aguilar cree que también incurrieron en el delito de abuso de autoridad porque dice que Roqueta y Martínez Sobrino le niegan una copia certificada de la causa. La necesita para denunciar a Cavallo por incumplimiento de los deberes de funcionario y privación ilegítima de la libertad. Pero de todos modos anticipó que la semana próxima ya tendrá listo el escrito.