La pelota quedó picando para María Romilda Servini de Cubría. Los fiscales federales electorales Jorge Di Lello y Jorge Alvarez Berlanga volvieron a avalar lo resuelto por el Congreso Nacional Justicialista, que anuló las elecciones internas del partido. Pero difirieron hasta el momento una decisión sobre el derecho de los tres candidatos proclamados por el Partido Justicialista a llevar en su boleta los símbolos partidarios. La jueza federal con competencia electoral ya está en condiciones de resolver el entuerto. En el Gobierno están convencidos de que avalará el Congreso, optimismo que el dictamen de ayer robusteció aún más.
Así ratificaron ayer un dictamen de la semana pasada con un escrito entregado a la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría. La magistrada debe resolver el planteo de nulidad de lo resuelto en el Congreso de Lanús, en el que el PJ anuló las elecciones internas del partido, que habían sido convocadas en un encuentro anterior, e implantó el sistema de neolemas para los próximos comicios presidenciales, desoyendo una medida cautelar contraria dictada por Servini un día antes. La semana pasada, la jueza volvió a pedir a los fiscales su opinión tras una fallida audiencia de conciliación en la que se intentó arribar a un acuerdo entre los menemistas –que reclaman las internas– y los duhaldistas, impulsores de los neolemas. Servini requirió una postura fiscal para el caso de convalidar los neolemas, en cuanto a la manera de resolver temas jurídicos referentes al reconocimiento de las agrupaciones, la portación de símbolos partidarios y de la sigla del PJ, entre otros puntos. Pero respecto de la forma jurídica en que se presentarán los binomios, los fiscales difirieron una opinión hasta que cada agrupación se inscriba en la Justicia electoral. Con el dictamen fiscal de ayer, la magistrada está ya en condiciones de resolver si avala o no el sistema de neolemas para el PJ, el planteo más importante que tiene pendiente.
Además, afiliados al Partido Justicialista insistieron en pedir a la jueza que declare la nulidad del Congreso de Lanús, con el argumento de que les impidió ejercer el derecho de elegir candidatos en comicios primarios. Según fuentes consultadas por la agencia Télam, el afiliado Virgilio Hernández reclamó que se suspendan las elecciones en el distrito Capital Federal porque considera que hay irregularidades en la incorporación de miles de fichas al padrón partidario. Junto a Ricardo Cassino, José Andrés Tagliafico, Gioconda Emilse García y Gerardo Edelmiro Rodríguez solicitaron una “acción declarativa” que disponga la “nulidad de todo lo actuado” en el Congreso. El objeto de la demanda coincide con el de la acción de amparo promovida por la fórmula de precandidatos a presidente y vice Carlos Menem-Juan Carlos Romero. Hernández, miembro de la Comisión Consultora de la Intervención Judicial al PJ del distrito, criticó la incorporación de 3189 nuevas fichas al padrón partidario que, a su criterio, carecía de los datos necesarios exigidos por ley.
Por otra parte, el abogado Ricardo Monner Sans apeló la resolución de la jueza Servini de Cubría que había rechazado su recurso de amparo pidiendo la inconstitucionalidad de las leyes de acefalía y de llamado a elecciones. El letrado solicitó a la magistrada que eleve las actuaciones a la Cámara Nacional Electoral y que, en caso de que ese Tribunal insista en el rechazo, sea la Corte quien decida porque consideró que hay “suficiente cuestión federal constitucional”. Monner Sans recordó que el basamento de Servini para rechazar su amparo fue la Ley 16.986, a la que calificó como “uno de los primeros bandos dictados por el gobierno de facto de Onganía para invalidar la amplitud democrática” de anteriores fallos.