Hoy, cuando se cumple un año del asesinato de Silvia Suppo, una importante testigo en las causas por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe, la Corte Suprema podría resolver si el caso debe seguir siendo juzgado como un homicidio común asociado al robo o si lo debe investigar la Justicia Federal, en relación con su papel en los juicios contra represores, como reclaman los abogados que representan a sus hijos. Ellos quieren que se esclarezca si fue “un crimen político” para infundir temor. El máximo tribunal viene analizando el tema, a raíz de que recibió un dictamen de la Procuración que sugiere que lo tramite como un crimen común, en la Justicia de Instrucción. Cuando se presentaron ante la Corte, los abogados de la familia recordaron la pesquisa por la desaparición de Julio López, testigo del juicio contra Miguel Etchecolatz, donde la Corte resolvió que quedara en manos del fuero federal, donde tramitan los expedientes por violaciones a los derechos humanos.

Suppo tenía 51 años cuando fue asesinada con nueve puñaladas en su talabartería, en pleno centro de Rafaela. Había dado testimonio en el juicio que terminó en la condena del ex juez federal Víctor Brusa y cinco represores y había declarado en la etapa de instrucción (y lo haría en el juicio) de la causa donde estaban incluidos su propio secuestro y el de su compañero, Reinaldo Hammeter. Había sido detenida en mayo de 1977 y había pasado por tres centros clandestinos. La mataron el 29 de marzo de 2010 y de su negocio se llevaron sólo 200 pesos.

Hasta ahora el crimen fue investigado por el juez de instrucción Alejandro Mognaschi, quien procesó por homicidio calificado por ensañamiento a Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, dos trapitos de 22 y 19 años, que confesaron el crimen y siguen detenidos. La aparición de un testigo de identidad reservada dio pie a que la familia de Suppo pidiera el cambio de competencia. En su declaración dijo saber que habían matado a Silvia por “lo que dijo o lo que iba a decir”. El testigo advirtió que todo se habría planificado en el pabellón de lesa humanidad del penal de Las Flores. Aunque la Cámara de Apelaciones señaló que la competencia era federal, el juez Reinaldo Rodríguez rechazó hacerse cargo del caso.

Representados por los abogados Lucila Puyol y Guillermo Munné, los hijos de Silvia recurrieron a la Corte. “Pedimos que haya una investigación completa, que no descarte conexiones ni ninguna hipótesis. Así como la desaparición de Julio López fue considerada como un intento por obstruir el avance del esclarecimiento de los crímenes de la dictadura, el caso de Silvia podría tratarse de lo mismo. No descartamos que los detenidos estén vinculados al homicidio, pero queremos saber si fue un crimen político, destinado a infundir temor”, dijo Puyol a Página/12. A un año del asesinato habrá marchas en Rafaela y crece la expectativa por lo que sería una inminente decisión suprema.