El Ministerio de Trabajo, otro de los actores del conflicto derivado por el bloqueo de la planta de impresión del diario Clarín, intervino ayer convocando a una reunión de las partes que culminó sin resultados. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, negó que el Gobierno o el jefe de la CGT, Hugo Moyano, estén “detrás” del piquete, y rechazó que la protesta –que calificó como “un conflicto laboral de larga data”– constituya “un ataque a la libertad de prensa”. Tomada recibió instrucciones de la presidenta Cristina Kirchner “para que avanzara lo más rápidamente posible” para resolver el asunto. Mientras, a través de una solicitada que se difundirá hoy, la empresa Artes Gráficas Rioplatense (AGR) afirmó que “no tiene ningún conflicto colectivo con su personal” y aseguró ser “víctima de un acto de extorsión”.

Tomada negó “con seguridad” que la protesta haya sido promovida por Moyano o el propio Gobierno, y reafirmó que “lo que hay detrás de esto es un conflicto laboral”. Tomada se expresó en duros términos contra los dirigentes opositores que criticaron la medida que impidió la distribución de la edición dominical de Clarín. “Así de silenciosos son los dirigentes políticos al hablar del bloqueo a la libertad de expresión y no hablar del bloqueo a la libertad sindical; todos estos dirigentes que hablaron ayer me hubiera gustado que dedicaran ese tiempo a investigar lo que pasa en la empresa Artes Gráficas, y a darse cuenta de que el Grupo Clarín cree que está exento de cumplir la legislación argentina en materia de representación sindical en todas sus empresas”, cuestionó. El funcionario desmintió que el Gobierno no hubiera actuado para facilitar la salida del diario al afirmar que “ayer mismo, apenas tomamos conocimiento del tema, intervinimos y convocamos a la reunión de hoy (por ayer al mediodía), lo que provocó el levantamiento de la medida”.

De hecho, el encuentro se produjo, pero las partes no llegaron a ningún acuerdo porque la comisión interna se retiró, según consta en el acta firmada en el Ministerio de Trabajo. El subsecretario de Trabajo, Alvaro Ruiz, abrió la reunión y dijo que el ministerio pretendía establecer una agenda para resolver el conflicto, cuyo antecedente inmediato es la reincorporación de los delegados despedidos que ahora denuncian persecución gremial. Según fuentes del ministerio, en ese momento los representantes de la comisión interna dijeron que no estaban dispuestos a dialogar con el abogado de la empresa porque no lo consideraban representativo y resolvieron retirarse, no sin antes calificar la presencia del letrado como una “falta de respeto”. El abogado de la empresa aclaró que tenía poder para representar a AGR y que el gerente general Raúl Scialava no había concurrido porque se encontraba de viaje.

Ruiz destacó que el ministerio buscaba un canal diálogo que permita garantizar el ejercicio de la libertad sindical y convocó a las partes de nuevo a una reunión mañana a las 15. Las fuentes enfatizaron que la única forma de constatar las “irregularidades” vinculadas con la denunciada persecución gremial –falta de pago a los delegados, sanciones a cualquier trabajador que hable con ellos, reclusión en una habitación rodeados de personal de seguridad y seguimiento de sus movimientos con cámaras– es ingresando en forma sorpresiva a la planta con inspectores. Tomada destacó que “hace poco tiempo logramos que la empresa acatara fallos que disponían la reincorporación de los trabajadores”, pero “según dicen estos delegados, hay trabas permanentes a la actividad sindical”. Y cuestionó a “los representantes de la empresa que ni siquiera venían a las audiencias convocadas por este ministerio. Tuvimos que traerlos por la fuerza pública”.