Parecía que había caído en el olvido. Sin embargo, la causa del espionaje sigue su curso y ayer volvió a darle un disgusto a Mauricio Macri. La Cámara Federal rechazó un pedido suyo para que todo el expediente, en el que está procesado por asociación ilícita, se declare nulo. El jefe de Gobierno porteño había planteado que el llamado anónimo que originó la investigación al alertar al dirigente de familiares de AMIA Sergio Burstein de que le habían pinchado ilegalmente el teléfono (lo que se comprobó) lo había hecho un agente de la Secretaría de Inteligencia (SI) que, de ese modo, había violado su obligación de guardar secreto. Más allá de que nunca se pudo corroborar si el supuesto agente era tal, el tribunal sostuvo por unanimidad que ese llamado no violó ninguna garantía constitucional sino que, al contrario, permitió que un delito “que atentaba contra la privacidad” dejara de cometerse.

La causa del espionaje se inició en 2009, tras un llamado anónimo que atendió la hija de Burstein en su casa: “El teléfono de tu papá –le advirtieron– lo tiene pinchado el Fino Palacios”, en alusión al ex jefe de la Policía Metropolitana y comisario favorito de Macri. Los investigadores corroboraron que Burstein tenía el teléfono intervenido, bajo una insólita modalidad: su nombre figuraba vinculado a una causa por homicidio en Misiones, desde donde un juez había pedido la intervención de su teléfono, que hizo la SIDE, y las grabaciones las retiraba el espía Ciro James.

Con el tiempo, resultó que una decena de personas tenía sus teléfonos pinchados del mismo modo: el cuñado de Macri (Daniel Leonardo), el empresario Carlos Avila, dos gerentes de supermercado Coto, el abogado Francisco Castex, entre otros. Detrás de la mayoría de las escuchas estaban, en tándem, James y Palacios. Ambos estuvieron presos hasta diciembre por decisión del juez Norberto Oyarbide, a cargo del expediente. Macri fue procesado sin prisión preventiva. Todos como parte de una misma organización.

Una de las estrategias que usó el jefe de Gobierno para intentar derribar la causa fue cuestionar el modo en que se originó: salió a decir que el llamado anónimo lo había hecho un agente de la SIDE y que quería que eso se investigara. Detrás de ese planteo había una acusación al gobierno nacional que, según Macri, estaba detrás de la causa. El nombre del supuesto agente es Hugo Alvarez y cuando fue a declarar negó haber hecho la llamada. Oyarbide rechazó el planteo de nulidad publicitado por el líder de PRO y ahora la Cámara hizo lo propio.

En el fallo firmado ayer, los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero se preguntan, suponiendo que un día se confirmara que la voz enigmática hubiera sido la de un agente de la SI, “¿el hecho de que haya sido un agente de inteligencia el que, sin darse a conocer, alertara a la familia Burstein de que sus conversaciones estaban siendo ilegalmente intervenidas, convierte en nula la denuncia posteriormente radicada?”. Luego dicen que la respuesta es “negativa”. Sostienen que “de ningún modo” puede interpretarse que “la ley imponga el deber de guardar secreto acerca de actividades delictivas”. Incluso dicen que si un agente de inteligencia está frente a un delito debería denunciarlo. En este caso, insisten, el alerta fue lo que permitió frenar el delito. Y ponen un toque de ironía: “Como es irrazonable que la ley obliga a guardar el secreto sobre las actividades delictivas cometidas a través del aparato de inteligencia, lo que equivale a decir que obliga a callar el delito (...), bueno sería aclarar también de dónde surge la versión que identifica al autor del llamado de alerta con la Secretaría de Inteligencia”. Burstein planteó que la hipótesis de que quien llamó fue un agente de la SI “fue introducida por Macri valiéndose tal vez del aparato de inteligencia precisamente investigado”.

Con una traba menos, la causa del espionaje tiene varias definiciones pendientes. La Cámara de Casación aún no se expidió sobre el procesamiento de Macri, y el juez Oyarbide debe resolver en qué situación quedan varios imputados, entre ellos el ex ministro de Educación Mariano Narodowski, su ex jefa de Gabinete Roxana Barroso, el titular de Recursos Humanos de la Ciudad, Andrés Ibarra, y el comisario Osvaldo Chamorro, ex número dos de Palacios en la Metropolitana.