El abogado del titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y de su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, le pidió ayer a la Sala I de la Cámara del Crimen que libere a sus clientes: dijo que fueron procesados en forma “disparatada” y “arbitraria” como instigadores del asesinato del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra, ocurrido durante una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca el 20 de octubre pasado. Esgrimió falta de pruebas y que no se demostró el doble rol de empresario y gremialista que la jueza Wilma López atribuyó a Pedraza para explicar su interés en atacar a los subcontratados que ponían en jaque su poderío, asentado no sólo sobre la UF, sino también sobre Belgrano Cargas y la cooperativa Unión del Mercosur.

Una de las respuestas más reveladoras provino del fiscal Fernando Fiszer cuando, para ilustrar las posibilidades de la cúpula gremial de direccionar dinero entre esas entidades ferroviarias, reveló que en el allanamiento al estudio de Octavio Aráoz de Lamadrid, ex abogado de uno de los integrantes de la patota acusados, se halló una factura de noviembre por 370 mil (no dice si pesos o dólares) a nombre de Belgrano Cargas. Se sospecha que era parte del dinero destinado a una supuesta coima dirigida a un juez de la Cámara de Casación –de quien Aráoz había sido secretario– para conseguir la libertad de los detenidos y debilitar la causa que, se veía venir, llegaría hasta lo más alto del sindicato. Fiszer refrescó que ese intento de entorpecer la investigación fue una de las razones por las que se rechazó excarcelar al líder ferroviario, que aparecía en escuchas gestionando ese pago.

Según afirmó la jueza al firmar los procesamientos, en una de las escuchas Pedraza se comunicaba con “quien sería Angel Satfforini, director de Belgrano Cargas” y hablaban del posible pago de un soborno. Pedraza le dice “serán 75 o 50”, y el directivo le responde “si no llegás, nosotros ponemos la diferencia y después lo recuperamos”. Pretendían, según los investigadores, conseguir la libertad de los siete primeros detenidos por el crimen a través de un juez de Casación, que sería Eduardo Riggi. Esto explicaría la supuesta intervención de Aráoz de Lamadrid, ex secretario del camarista y luego juez federal subrogante, quien se presentó como abogado de Guillermo Uño, uno de los ferroviarios presos. Ayer Fiszer reveló que la factura número 01 de Aráoz de Lamadrid como abogado matriculado, de noviembre pasado, era a nombre de Belgrano Cargas, llevaba la cifra 370 mil, sin precisar la moneda, “por honorarios profesionales por asesoramiento jurídico integral”.

Con el dato, Fiszer pretendía ilustrar el manejo económico del que la defensa decía no encontrar pruebas, dejar en claro uno de los motivos por los que se había rechazado la excarcelación y defender el valor de las escuchas. Para la fiscalía y la jueza López, el ataque a los trabajadores que cuestionaban la tercerización pretendía neutralizar una amenaza concreta a la hegemonía en la UF, que se complementaba con manejos a través de Belgrano Cargas (que explotó el gremio desde fines de los ’90) y de la Cooperativa del Mercosur. Ambas tienen en común el nombre de la esposa de Pedraza, Graciela Coria. En la primera, como directiva. En la segunda, resaltó Fiszer ayer, como propietaria del inmueble donde funciona; se suma la presencia de su hermana como tesorera, su sobrino como empleado y el consejo de administración con directivos de la UF.

Carlos Froment, abogado de Pedraza y Fernández, dijo que los treinta tercerizados que protestaban el día que mataron a Ferreyra o los 1500 regularizados con posterioridad no podían tener ninguna injerencia política en un sindicato con 18 mil afiliados. Tanto Fiszer, como a su turno la abogada del PO, Claudia Ferrero, y María del Carmen Vedú, de Correpi, en representación de dos de los heridos, retrucaron que cualquiera fuera el número “un grupo de trabajadores conscientes” implicaban un “riesgo” para Pedraza.

El otro punto clave de la audiencia rondó las pruebas, en especial el análisis de los llamados telefónicos. La defensa siempre sostuvo para despegar a Fernández y Pedraza que no estuvieron en el lugar de los hechos (Barracas) y nada los liga a los autores materiales. La jueza había advertido que, desde el gremio, Fernández, con Pedraza a su lado, se comunicaba permanentemente durante el ataque con el delegado Pablo Díaz (uno de los detenidos señalado como quien comandaba la patota) y puso a la vista cadenas de llamadas que llevaban a los miembros de la patota. Froment sostuvo que era lo más normal que Fernández hablara con los delegados. Se quejó de que los acusaran por “su rol sindical y no por lo que hicieron”. “Lo que son determina lo que hicieron”, dijo Verdú. Luego la fiscalía precisó que para “instigar” un crimen ni siquiera hace falta conocer al que luego lo ejecuta, hasta alcanza la ascendencia psicológica del más poderoso.

“Los llamados aislados no dicen nada, pero analizados en todo el cuadro adquieren relevancia”, advirtió el abogado Diego Morales, del CELS, que representa a Beatriz Rial, la mamá de Mariano. Dijo que las llamadas siempre partían de Fernández a Díaz y que hay que mirar los horarios, ya que algunos son significativos, como el de las 13.23, que coincide con el inicio de los disparos, y con la declaración de un testigo que escucha a Díaz dar orden de “sacar los fierros”. Ferrero recordó que a la mañana Fernández habló con Díaz y éste inmediatamente se contacta con Cristian Favale, el barrabrava acusado de disparar.

Mientras parte del público escuchaba desde afuera, por la ventana, los jueces Jorge Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis María Bunge Campos anunciaron que tomarán una decisión sobre la situación de Pedraza, Fernández y el delegado Claudio Alcorcel para el jueves que viene. Afuera, en una esquina, un grupo de la UF pedía la excarcelación de su líder. En la otra esquina, el PO pedía que quede preso. La Policía Federal marcaba la distancia entre ellos, a diferencia del día que mataron a Mariano, donde dejó vía libre a la patota.