El juez federal Norberto Oyarbide dará a conocer hoy la sentencia de una causa iniciada en el año 2000, que busca determinar la responsabilidad del Estado de Turquía en el genocidio armenio, ocurrido entre 1915 y 1923. La demanda fue iniciada en Argentina por un descendiente de las víctimas en el marco de los Juicios por la Verdad, y fue apoyada por varias entidades de la comunidad armenia. Se estima que el fallo podría ser inédito para la Justicia trasnacional, por lo que el magistrado convocó a una conferencia de prensa a las 13.30 en Comodoro Py. Para la investigación se recolectaron documentos clasificados de varios países, que incluyen informes de la Cancillería alemana en donde, según la querella, se prueba la existencia de un “plan sistemático” de aniquilación del pueblo armenio. El 29 de diciembre de 2000, Gregorio Hairabedian radicó una demanda inscripta en el denominado Derecho a la Verdad para que se investigara el asesinato de integrantes de su familia paterna y materna. La causa recayó en el juzgado a cargo de Oyarbide, que llevó adelante una investigación internacional, que tras diez años culmina en la sentencia que se dará a conocer hoy. En 2002, el juez solicitó al gobierno turco que informara “la suerte corrida” por los familiares de Hairabedian y que proveyera a la Justicia argentina de todos los archivos que tuvieran relación con las víctimas. A su vez, se enviaron exhortos a los gobiernos de Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y el Vaticano para que remitieran informes relativos a lo ocurrido en Turquía en aquellos años.

Desde Alemania se suministraron telegramas enviados por cónsules y agregados diplomáticos de ese país en el Imperio Otomano que, de acuerdo con los investigadores, “mencionaban no sólo la existencia de crímenes contra armenios, sino también de un plan sistemático de eliminación ideado por Turquía para eliminar al pueblo armenio”. Esa prueba resultó vital para la causa porque se trató de comunicaciones internas entre países por entonces aliados.

En paralelo y por su cuenta, en los últimos cinco años los demandantes lograron también ubicar documentos estatales que habían sido retaceados a la Justicia, tales como informes secretos, cartas diplomáticas y otro tipo de documentos clasificados desde Armenia, Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, Vaticano y Jerusalén. Junto a los testimonios orales, este material pasó a engrosar la causa, y es en el que se apoya la querella para afirmar que existe sobrada prueba de los crímenes que el Estado turco cometió contra los armenios y de la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, que deben ser calificadas bajo la figura de “genocidio”.

Informe: Gabriel Morini.