Fernando de Santibañes, fiel amigo y consejero del ex presidente Fernando de la Rúa, volvió a caer en desgracia. La Cámara Federal ordenó ayer profundizar una investigación para determinar si un contrato millonario, que firmó cuando era Secretario de Inteligencia con la consultora del asesor de imagen norteamericano Dick Morris, fue utilizado como pantalla para cubrir gastos de la campaña política. La sala II de ese tribunal revocó el sobreseimiento que el juez Jorge Urso le había dictado al ex funcionario, que nunca fue citado en la causa. A pesar de haber secuestrado el contrato de la caja fuerte de la SIDE, entre otras medidas, el magistrado había archivado el expediente por inexistencia de delito. Pero al revisar su actuación los camaristas consideraron que todavía hay “hipótesis no exploradas”, como las versiones que indican que esos fondos habrían sido usados para desacreditar al “principal opositor político” de De la Rúa, el actual presidente Eduardo Duhalde.
El contrato en cuestión fue firmado entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la consultora de comunicación política de Morris para la realización de una campaña destinada a resaltar los logros de la administración aliancista. Mattie Lolavar era socia del consultor y aseguró que cobró 25 mil dólares mensuales de las cajas de la SIDE, mientras que Morris habría recibido 1 millón 600 mil por ocho meses de trabajo. Cuando se enteró del escándalo de los sobornos en el Senado, la mujer le dijo a Página/12 desde Virginia: “Nunca entendí por qué si estaban mirando todas estas cuentas (de la SIDE) no encontraron el dinero que cobramos nosotros, los norteamericanos”. Lolavar había dicho que “en principio me dijeron que mi contrato iba a ser firmado directamente por el gobierno argentino, pero no fue así”. Morris le comunicó que lo harían a través de su consultora Ikon, que fue la contratada por la SIDE. A su vez, Ikon subcontrató a Triumph, la empresa de Lolavar. “Me explicaron que lo hacían de ese modo por la resistencia que podía generar nuestro trabajo”, recordó en una entrevista con la revista Noticias. Y agregó que le indicaron que su tarea constituía una “operación encubierta”.
El fiscal Oscar Amirante había acusado al ex secretario de Inteligencia y al propio De la Rúa de malversación de caudales del Estado, por haber utilizado fondos públicos para una supuesta campaña de imagen. De Santibañes nunca fue llamado a declarar y quedó sobreseído. Al ser interrogado como testigo, su sucesor Carlos Becerra aportó documentación vinculada a los contratos y aseguró que según la ley secreta que rige la labor de los espías lo realizado fue una “tarea normal”. Página/12 pudo saber que el fiscal determinó que la gestión de Morris no habría sido sólo de imagen sino también de lobby para contactar a importadores norteamericanos con productores tucumanos de limones y naranjas. Amirante supo además que la SIDE llegó a pagar 2 de las tres cuotas pautadas y que Becerra suspendió las erogaciones. El juez estimó que el objeto del convenio respondía a la misión y funciones que la ley 20195 asigna a la SIDE y, por lo tanto, no se habría dado a los fondos una aplicación diferente a la acordada por la norma. El fiscal, en cambio, opinó que la relación contractual entre la SIDE y la consultora era “ajena” a los fines del organismo y, de tal manera, Santibañes “habría excedido su función al firmar el acuerdo y destinar fondos públicos al pago de actividades que a la secretaría le están vedadas”.
Urso cerró el caso pero Amirante apeló. En su resolución de ayer los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Luraschi le dieron la razón al fiscal, revocaron el sobreseimiento de De Santibañes y ordenaron “profundizar la pesquisa”. Consideraron “apropiado” determinar “qué grado de verosimilitud poseen aquellas versiones que afirman que el contrato fue utilizado a modo de ‘pantalla’ para encubrir el pago de prestaciones realizadas durante la campaña presidencial del doctor Fernando de la Rúa”. Las “versiones” aludidas refieren que, en el marco del cumplimiento deesas “prestaciones”, se emprendieron “acciones tendientes a desacreditar públicamente a su principal opositor político” y que, “a través de la utilización de los servicios allí convenidos, el contrato redundó en beneficio personal de algunos funcionarios allegados a su entorno”. Los camaristas dispusieron que también “deberá investigarse un acuerdo anterior” de mayo de 2000 entre Ikon y la SIDE con motivo de la visita a los Estados Unidos del entonces Presidente de la Nación.