El presidente del grupo Techint, Paolo Rocca, que se opuso a que el Estado ejerza los derechos accionarios que le corresponden, y la presidenta CFK.
Imagen: Rafael Yohai & DyN.

El martes 12, la presidente CFK suspendió su agenda y volvió a Olivos, por una nueva lipotimia, cuando su presión bajó a 5/9. Le ha ocurrido muchas veces a lo largo de su vida. A su edad, la hipotensión es un seguro de vida. Pero antes de dejar la Casa Rosada, firmó el decreto 441, por el que se suprime el inciso f. del artículo 76 de la Ley Nº 24.241, según el cual las inversiones de las AFJP en empresas nacionales o extranjeras, absorbidas por la ANSES, en ningún caso “habilitarán para ejercer más del cinco por ciento (5%) del derecho de voto, en toda clase de asambleas, cualquiera sea la tenencia respectiva”. Esto hizo subir la presión en la cúpula empresarial y desencadenó una sarta de sobreactuaciones declarativas de cámaras patronales, grupos de lobby y medios aliados. Los médicos llaman a la hipertensión el asesino silencioso y consideran suicida no controlar los factores de riesgo. Desde la recuperación de los fondos previsionales de manos de las ruinosas AFJP, el Estado insiste en ejercer sus derechos como accionista minoritario, según las previsiones de la ley de sociedades, pero las principales empresas se lo niegan. En algunos casos, como el Grupo Clarín, no aceptan la designación de ningún director que represente a los jubilados, pese a que la ANSES posee el 9 por ciento de su paquete accionario, porque a cambio de los recursos del sistema previsional entregaron acciones sin derecho a voto. En otros, como la trasnacional italiana Techint, sólo incluyeron al anterior representante estatal como parte de una negociación. La administradora de fondos jubilatorios posee 25,97 por ciento del paquete de SIDERAR pero sólo tenía representación por una quinta parte de esas acciones y además no se le permitía designar a quien quisiera. En abril de 2009 Techint negoció incluir en la lista de directores por la mayoría al ex ministro Aldo Ferrer, a quien hasta designó presidente de SIDERAR, posición que dejó este año para hacerse cargo de la embajada argentina en Francia. La necesidad y la urgencia se debían a que todas las empresas que presentaron balances en abril tenían plazo hasta fin de mes para realizar su asamblea de accionistas.

Cuidado con el Inadi

El Estado propuso en reemplazo de Ferrer al macroeconomista Axel Kicillof, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires y subgerente general de Aerolíneas Argentinas. El operador político del holding con sedes en Milán, Luxemburgo y los Países Bajos, Luis Betnaza, se negó a designarlo. El ministro Amado Boudou le explicó las impecables calificaciones académicas de Kicillof, le dijo que él garantizaba la seriedad de su desempeño y que el gobierno necesitaba completar la formación de quienes deberán asumir mayores responsabilidades en el futuro. Esto no tranquilizó a Betnaza, quien más de una vez ha explicado que las relaciones del holding con el Grupo Clarín limitan su capacidad de acción respecto del gobierno. Para no provocar las iras del INADI, Betnaza propuso en lugar de Kicillof al ex director de la CEPAL, Benny Kosacoff. Según el economista Jorge Gaggero, Kosacoff organiza un nuevo centro de estudios con aportes de Techint, que también editó un libraco con los artículos que Benny publicó durante treinta años en la revista de Techint. Para Gaggero, lo más revelador de la concepción del holding sobre sus relaciones con el Estado es que el accionista mayoritario pretenda designar al minoritario que debe controlarlo y sólo se le ocurra un académico cautivo. Ante esta declaración de hostilidad, el Poder Ejecutivo removió la limitación legal: ahora el Estado tendrá facultades para designar no uno sino tres directores en SIDERAR y ya no por graciosa concesión de los italianos sino por derecho propio, en representación de la minoría. Pero Techint lo rechazó en la asamblea del viernes con apoyo del representante en el directorio de la UOM. En 2009, cuando los italianos suspendieron trabajadores y Néstor Kirchner los amenazó con la expropiación, el líder de la UOM de San Nicolás, Naldo Brunelli, hizo saber que lo apoyaría. Pero ahora prefirió acompañar a Paolo Rocca: juntos cuestionaron los derechos de la ANSES y pasaron la asamblea a cuarto intermedio por un mes (ver Las migas del sándwich).

La posibilidad de que el Estado nombre a quien prefiera, más que el número de directores a designar en cada empresa, está en el fondo de la discusión. El gobierno piensa que el rechazo de Kicillof puede ser una jugada política de la empresa italiana. Avala esta hipótesis la interpretación retorcida del holding, transmitida por uno de sus voceros oficiosos, de estrecha relación amistosa con Betnaza. Según el columnista de negocios de La Nación, Carlos Pagni, se trataría del abordaje de la organización kirchnerista La Cámpora sobre las empresas privadas, como avanzada estatizadora al estilo chavista, interpretación que de inmediato fue retomada por Clarín.

Falsedades a repetición

En realidad, aún con la aplicación del voto acumulativo (contemplado en el artículo 263 de la ley de sociedades para impedir la anulación de las minorías), el Estado sólo tendría en los directorios un observador cercano capaz de detectar maniobras en perjuicio de sus mandantes, que en este caso son los jubilados y pensionados del sistema previsional. Pero siempre carecerá de capacidad de atribuciones de dirección. Estas son las cosas que un director minoritario puede controlar:

- Aprobación del balance. A partir del informe del director estatal, la Anses decide si aprueba o no el balance. En el caso de Transportadora de Gas del Norte, también de Techint, se abstuvo, y esto abrió la vía judicial para impugnarlo. Así, se torna más difícil que la empresa falsee sus resultados para escamotear fondos a los jubilados.

- Honorarios de los directores. No pueden ser más del 5 por ciento del total, porque de otro modo también así se podría burlar a los tenedores de acciones.

- Distribución de dividendos. Si una empresa no distribuye sus ganancias debe constituir un fondo facultativo y explicar qué hará con él. Por ejemplo, el Grupo Clarín acumuló más de 800 millones de pesos sin distribuir. Cuando Anses exigió el pago por su 9 por ciento que les correspondía a los jubilados el Grupo se negó. El Estado recurrió a la Justicia por esos casi 80 millones de pesos, perdió en primera instancia y recurrió a la Cámara de Apelaciones, que debe decidir ahora. Lo mismo pasó con Emdersa, que distribuye y comercializa energía eléctrica en Salta, La Rioja y San Luis. Aunque estos juicios no han concluido, bastó que se iniciaran para que el resto de las empresas comenzaran a distribuir aunque sea una parte de sus dividendos.

- Emisión de deuda, Obligaciones Negociables o acciones. En cada caso deben analizarse los plazos y las razones de la decisión que se adopta. Los directores por la minoría verifican que éstas sean las más convenientes para sus representados, cosa que no siempre ocurre.

- Aprobación de la gestión de los directores y designación de nuevos. Los directores expresan la voluntad de los accionistas que representan y cuyos intereses no son homogéneos, como se ve en los ejemplos anteriores. De ahí la importancia de la gestión de cada director.

Juego de posiciones

Es difícil rebatir que el decreto 441 responde al legítimo propósito de defender los intereses de los representados por la ANSES y que fue necesario dictarlo porque los mayores conglomerados, bajo la conducción de Techint y el Grupo Clarín, se negaban a permitir el ejercicio de ese control. Una virtud de la decisión es el sinceramiento de posiciones, entre las empresas que rehúsan toda fiscalización y el Estado que la reivindica como un derecho y un deber. Por lo pronto, ya produjo una división entre quienes conducen la estrategia patronal y algunas empresas que admiten sin objeciones la presencia del socio estatal en sus directorios, acaso porque no tienen nada que ocultar. Ahora, el mismo debate se trasladará a la Justicia y a la política, dado que la vigencia del 441 depende de la decisión del Congreso. Para anularlo, la ley requiere que ambas cámaras lo rechacen. Hace casi dos años el Grupo Ahhh... anunció que la modificaría, para que bastara con el rechazo de una cámara, pero hasta ahora no consiguió cumplir ese propósito. Nada indica que pueda obtener ahora los votos necesarios para objetar el decreto 441 en un Congreso en el que, salvo el PRO, ningún partido puede sostener una posición unitaria sobre este tema. En algunos casos, como la UCR y la Coalición Cívica Libertadora, las diferencias internas se hicieron públicas. En otros, como Proyecto Sur, permanecieron ocultas, porque el rápido pronunciamiento de Claudio Lozano a favor de su vigencia, abortó los estudios que había pedido Fernando Solanas con el propósito de oponerse. Cualquiera sea el resultado, esta facultad del Estado de controlar a las grandes empresas privadas será debatida con ardor en la Comisión Bicameral de DNUs y luego en el recinto. También en esta instancia los alineamientos serán nítidos, terreno en el cual la ventaja del gobierno es apreciable, porque no ofrece fisuras entre el discurso y la práctica. Las otras fuerzas deberán optar entre conceder un triunfo político a CFK o ir detrás de las mayores empresas, embanderados por supuesto en grandes principios, como la exigencia de que este tipo de decisiones no se tomen por decreto sino mediante una ley. Tal argumento es poco eficaz, cuando la última palabra sobre el decreto de todos modos la tendrá el Congreso. Además hay un gran entrenamiento popular en la decodificación de las ampulosas peroratas institucionales de la oposición, sobre todo cuando es ostensible que la disputa se refiere a intereses mensurables en moneda nacional, a beneficios tangibles para los muy pocos muy poderosos o para los muchos débiles, salvo que se pretenda que entre Techint y la Bobe, el débil es el holding italiano. Pero en tal caso, aun perdiendo una votación, el gobierno ganaría. También por decreto, el alcalde porteño modificó el Código Contravencional para sancionar con penas de hasta 50 mil pesos o hasta diez días de prisión a quienes perturben la producción de los diarios Clarín o La Nación o bloquen su salida de las plantas impresoras. La prohibición de que los trabajadores de esos medios se expresen en los mismos términos en que suelen hacerlo los empleados de otras empresas fue adoptada en nombre de la libertad de expresión, una auténtica paradoja de PRO. Además de eludir a la Legislatura, el ingeniero Maurizio Macrì desconoció la Constitución Nacional, que prohíbe los decretos de necesidad y urgencia en materia penal.

La asamblea

Durante la asamblea del viernes, el accionista mayoritario de SIDERAR (que es otra máscara del mismo holding, su controlante Ternium, que posee el 61 por ciento de votos y acciones) sostuvo que al cierre del depósito de las acciones, el 11 de abril, los derechos políticos de la ANSES se limitaban al 5 por ciento de los votos, restricción que fue removida al día siguiente por el decreto 441. En consecuencia propuso que cada votación del orden del día se realizara dos veces: tomando en cuenta la representación mocha al 5 por ciento y la expandida al 25,9 por ciento. Esta forma de doble cómputo, aprobada por la mayoría, y concebida para no desconocer ni acatar la decisión presidencial, no está contemplada en la ley de sociedades comerciales. La apoderada que representó las acciónes de la Anses, María José Van Morlegan, dejó constancia de que ello implicaba negar validez al decreto 441 y se reservó el derecho a acudir a la Justicia.

Otro asesor legal de Techint fundamentó el rechazo a la pretensión de la Anses en un argumento incongruente con el anterior. Dijo que a la fecha en que comunicó su asistencia (conforme la Ley de Sociedades) aún no estaba en vigencia el decreto, lo cual implica un reconocimiento a su vigencia.

En la votación de cada punto del orden del día Van Morlegan insistió en que representaba el 25,97 por ciento del paquete accionario. En nombre de ese porcentaje rechazó el balance, la propuesta de contratar asesores y profesionales independientes para el Comité de Auditoría, la fijación de honorarios del Directorio y consejo de vigilancia por 5,6 millones de pesos, la utilización de los dividendos y el pase a cuarto intermedio. En cambio, se abstuvo sobre la evaluación de la gestión del directorio y tomó nota sin pronunciarse sobre el estado contable consolidado, el informe del comité de auditoría y los honorarios superiores a un millón de pesos fijados para PwC por la auditoría de los estados contables, dejando constancia de que no implicaba aprobarlos. El punto más disputado fue el de los dividendos. El directorio había propuesto distribuir 403 millones de pesos, pero Techint mocionó llevar esa distribución hasta 1500 millones. Además de votar en contra, la Anses pidió explicaciones sobre una cuenta de reserva por otros 6.455 millones acumulados sin distribuir, por la reserva facultativa de 43 millones y por la partida de resultados diferidos, por otros 691 millones. Ante la pregunta sobre por qué se reservan y no se distribuyen, Techint se negó alegando que el punto no figuraba en el orden del día. El asesor de la Anses, Ricardo Nissen (ex director de la Inspección General de Justicia y uno de los más conocidos expertos del país en sociedades comerciales) respondió que si la asamblea aprueba los balances y las cuentas, correspondía clarificar y fundamentar ese punto. Todo parece indicar que allí está el gato encerrado. Luego Techint mocionó pasar a cuarto intermedio hasta el 11 de mayo, sin nombrar las nuevas autoridades. Lo fundamentó en las posibles objeciones al decreto 441. Nissen preguntó qué consultas necesitaba hacer cada accionista si era evidente que el DNU no había perdido vigencia y se refirió a las manifestaciones de diversos legisladores de la oposición que se habían pronunciado en ese sentido.

Amigos de toda la vida

Al caer el sol del viernes y luego de consultas con la Anses, la Sindicatura General de la Nación y la Procuración General del Tesoro, la Comisión Nacional de Valores (CNV) declaró la irregularidad e ineficacia de lo decidido. Los abogados de Techint preparaban el recurso de amparo con el que intentarán empantanar el caso, siguiendo la misma estrategia de Clarín.

Mientras Betnaza y el CEO de Techint discutían con el ministro de Economía la designación del reemplazante de Ferrer en el directorio, los ejecutivos que conducen la operación diaria, como David Uriburu, negociaban con diversos funcionarios el cumplimiento de compromisos anteriores. En 2009, Paolo Rocca solicitó a CFK que intercediera ante el teniente coronel Hugo Chávez para que Venezuela cumpliera con el pago por la expropiación de tres empresas de Techint. A cambio se comprometió a invertir ese importe para terminar el horno de colada continua y el nuevo tren de laminacion iniciados en San Nicolás. Pero ese compromiso no se cumplió y la construcción volvió a detenerse, como al iniciarse la crisis global de 2008. Esta vez el holding alegó que había menos demanda de bienes intermedios y propuso compensarlo con un incremento de la inversión en Canning y Ensenada para producir la chapa que se utiliza en la fabricación de electrodomésticos y automóviles. Luego de una reunión con Boudou anunciaron que este año invertirían en el país el 10 por ciento de su facturación, que no es una forma habitual de medida. Pero aún falta documentar el compromiso. Un sector desarrolista del gobierno refunfuña por esta propuesta. “Están ganando mucha guita y pueden reorientarse hacia lo más rentable y paralizar lo estructural. Si van a hacer más chapa, bienvenido. Pero nosotros les respondemos que digan qué necesitan para terminar el horno y el tren, que es lo que el país necesita”. El ejemplo que se escucha en el edificio de los tres ministerios es el de General Motors, que ante la crisis de su casa matriz, en 2009 pidió ayuda al gobierno y obtuvo un préstamo de la ANSES de 259 millones que le permitió no paralizar la línea de montaje de un nuevo modelo. El préstamo se canceló tres años antes de su vencimiento y la empresa incrementó su producción, sus exportaciones y su plantilla laboral. Cuando el holding italiano recibió la sugerencia de seguir el mismo camino, respondió que las cosas estaban bien desde el punto de vista económico, pero que el problema era político. “Nosotros somos amigos de toda la vida de Clarín”, concluyó.