Pocos días después del crítico informe sobre la virtual parálisis de las causas por terrorismo de Estado en Jujuy, elaborado por la Unidad Fiscal de Seguimiento de estos procesos y presentado ante la Corte Suprema, la Justicia de esa provincia reaccionó con el procesamiento del represor Luciano Benjamín Menéndez por violación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio. Lo hizo en apenas uno de los siete grupos de causas demoradas. “Vamos muy lentos acá”, dijo a Página/12 Eva Arroyo, de Hijos Jujuy. A principios de abril, ese organismo y un grupo de abogados se presentaron como querellantes por tres casos emblemáticos de los que fueron víctimas trabajadores del Ingenio Ledesma, del feudo de los Blaquier, recientemente denunciado por su connivencia con la dictadura.

Hugo Condorí, uno de los querellantes, dijo que “antes y durante el proceso militar se violaron sistemáticamente los derechos de los trabajadores en el Ingenio Ledesma, y el motivo porque se reprimió en Ledesma y Calilegua fue económico, una lucha del gremio con la patronal”. Condorí fue titular de la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar Ledesma y compartió la dirección gremial con Jorge Weisz, Carlos Patrignani, Crescencio Vargas y Luis Arédez, todos ellos desaparecidos. Lo detuvieron el 13 de abril de 1976, estuvo en el centro clandestino de detención de la Central de Policía, y tras permanecer encerrado varios días en un baño, fue llevado a la Unidad Penal 1 de barrio Gorriti. Luego lo trasladaron a la Unidad 9 de La Plata y desde ese penal a un centro clandestino, donde fue torturado y luego sacado y vuelto a confinar a la U9, para ser liberado en septiembre de 1977. La presentación fue de los abogados Pablo Pelazzo, Paula Alvarez, Ariel Ruarte y Manuel Ciencia Manzur y la organización Hijos.

La otra querella fue planteada por Susana Pagliero, quien se presentó por la desaparición de su esposo, Carlos Ernesto Patrignani, y por su propio secuestro y detención. Patrignani, al momento de su detención, era asesor legal de la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar Ledesma. Lo secuestraron el 26 de noviembre de 1974, fue confinado al penal de Villa Gorriti hasta diciembre de 1976, cuando fue sacado junto a Jorge Weisz, Reynaldo Aragón, ambos víctimas de desaparición forzada, y los sobrevivientes Ramón Calapeña y Julio Moisés. Susana Pagliero fue secuestrada a fines de diciembre de 1976, cuando reclamaba por la desaparición de su esposo en las oficinas del RIM 20, y fue trasladada al centro clandestino que funcionó en el Comando Radioeléctrico, donde estuvo unos treinta días, y luego conducida al penal de Villa Gorriti, hasta que recuperó su libertad en febrero de 1978.

Las tres querellas fueron recibidas por el juez federal Carlos Olivera Pastor, quien les dijo a los abogados que “las dos causas que están por salir a juicio por delitos de lesa humanidad están vinculadas con la desaparición de Dominga Alvarez de Scurta y de Julio Rolando Alvarez García”. Esto es precisamente lo que viene cuestionando la Unidad Fiscal de Seguimiento. “La existencia de una única causa elevada a juicio oral, con un solo imputado (Menéndez), respecto de una sola víctima y la escasa cantidad de procesados (10), cuando existen requerimientos fiscales sobre la participación de al menos 70 imputados (sin incluir unos 20 que ya han fallecido) en los casos de 158 víctimas, revela claramente la irritante inacción del juzgado a cargo de Olivera Pastor”, dice el informe de la Unidad que conduce el fiscal Jorge Auat. “Más grave aún, demuestra la deliberada obstrucción a los procesos por una sistemática negativa a implementar estrategias de investigación funcionales al principio básico de celeridad procesal, a partir de la continua desmembración de las causas pese a los reiterados planteos de acumulación efectuados desde la fiscalía, en consonancia con la experiencia adquirida en otras jurisdicciones, con resultados contundentes”, agregó el documento. Y en su último párrafo aclaró que los datos de la Unidad sobre la situación en Jujuy confrontan “el falaz relevamiento presentado por el presidente de la Cámara Federal de Salta, el juez Renato Rabbi Cabanillas, quien con un sofisma contable pretendió soslayar la realidad palmaria que se describe en el presente informe”.