La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió al Estado argentino un pedido de Jorge Portillo –víctima de la represión policial del 20 de diciembre de 2001, que lo dejó paralítico– para que en dos meses dé una respuesta. Se trata de un paso previo a que la CIDH admita el caso de Portillo contra Argentina por “violación al derecho de justicia”: su causa fue archivada a pesar de haber sido identificados los policías que dispararon aquella jornada en el barrio de Saavedra.

El abogado Rodolfo Yanzón precisó que “el traslado al Estado argentino abre una posibilidad de justicia para Jorge Portillo, que ni siquiera fue indemnizado en estos casi diez años”. En diciembre de 2005 fueron sobreseídos los nueve policías imputados por haberle disparado el 20 de diciembre de 2001, mientras el gobierno de la Alianza agonizaba y cundían los saqueos y la represión en todo el país.

Aquel día 20, a la madrugada, “Tuly” Portillo se había despedido de su novia y volvía a su casa. Ya habían empezado los saqueos y uno se estaba produciendo en un supermercado chino que estaba en su camino. Dobló por Ruiz Huidobro hacia Melián y se encontró con dos patrulleros y un auto particular. “La gente se les fue encima y yo quedé en medio de la calle, entre las balas y los piedrazos. Fueron dos fogonazos y cuando me di cuenta estaba en el piso. Me quise parar, me quemaba la panza”, había relatado en una entrevista cuando Página/12 reveló los detalles de su historia. En aquel momento tenía 20 años, quería ser futbolista profesional y manejaba la posibilidad de pasar de Platense a un club italiano. Pero quedó inmovilizado en una silla de ruedas. La bala ingresó en su cuerpo por el hombro, perforó sus pulmones, le rompió una vértebra, le rozó la médula y la arteria del brazo. “Sentía que, cuando respiraba, el aire seguía de largo. No movía las piernas y me volvía más loco”, evocó.

La jueza federal María Servini de Cubría, que llevaba la causa principal por la represión del 20 de diciembre, no quiso tomar el caso. El juez de instrucción Ricardo Farías recibió el expediente, pero lo delegó en el fiscal Carlos Donoso Castex, que determinó que la bala que hirió al joven era calibre 9 milímetros e identificó a seis policías. Pero los peritajes realizados a las armas que les secuestraron determinaron que ninguno de ellos fue quien disparó contra Portillo. Entonces, el fiscal archivó el expediente hasta que la Policía Federal lograra la “individualización y captura del autor del suceso”. La sala IV de la Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento de los policías y ordenó que se profundizara la investigación. A pesar de esa decisión, el nuevo juez de la causa, Rodolfo Cresseri, sobreseyó otra vez a los uniformados y el fiscal Donoso Castex no apeló el fallo ni el archivo del expediente. Cuando el Estado responda al respecto, la CIDH tendrá la palabra.