Militantes y profesionales, los Abogados por la Justicia Social (AJUS) se autodefinen como “una agrupación político-jurídica que nuclea a numerosos abogados cuyo principal objetivo es contribuir, desde el derecho, a la profundización del modelo de país con inclusión social que iniciaron en el 2003 Néstor y Cristina Kirchner”. En diálogo con Página/12, Diego Segovia, integrante de AJUS, precisó: “Nos proponemos romper la dicotomía entre los profesionales elitistas y el pueblo. Buscamos dar el debate pero en el barrio y con la gente”. Aunque AJUS ya se presentó en sociedad con diferentes acciones, la última iniciativa que emprendió fue una presentación formal ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, para solicitar una manifestación pública respecto de la censura del canal infantil Paka Paka.

Segovia contó que el origen de la agrupación, ahora nucleada con La Cámpora, se remonta “al calor de la 125 (la resolución sobre las retenciones agropecuarias que generó el largo conflicto entre el Gobierno y productores), donde había un discurso jurídico unificado, se escuchaba una sola biblioteca, entonces empezamos a ser la voz jurídica del kirchnerismo dentro de esa agrupación”.

“Somos militantes y circunstancialmente abogados, hay de todo, civilistas, penalistas, laboralistas, trabajamos en comisiones y producimos documentos”, detalló Segovia, que trabaja en la Secretaría de Justicia junto a Julián Alvarez, también de La Cámpora. “Creemos que el Estado es una herramienta de transformación, que funciona y lo que hay que modificar son determinadas estructuras, pero no somos una ONG, somos una organización política.”

En el marco de la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en septiembre de 2010, se dispuso la incorporación a la grilla de programación de la nueva señal Paka Paka, producida por el Ministerio de Educación de la Nación, disposición que, pasados seis meses, aún no fue cumplida por la empresa Cablevisión S.A., del Grupo Clarín. Esta situación “implica no sólo el incumplimiento de leyes nacionales y de tratados internacionales con jerarquía constitucional, sino también un acto de arbitrariedad manifiesta que atenta contra el Estado de Derecho”, sostienen los firmantes de la carta dirigida a la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, Silvana Giúdici (UCR). También califican de “preocupante” la existencia de “grupos que deciden soslayar abiertamente el cumplimiento de la ley”.

Los integrantes de AJUS también tomaron posición ante el conflicto gremial ocurrido semanas atrás en el diario Clarín, que derivó en que el matutino no saliese a la venta un domingo. Al respecto, puntualizaron: “No podemos dejar de mencionar que durante los últimos días asistimos a un escenario en el que se victimiza a una empresa del rubro de la comunicación audiovisual, grupo que justamente es propietario de la empresa Cablevisión S.A. y de cientos de empresas de cableoperadores del interior del país, las que resultan responsables de violar la libertad de expresión al censurar la transmisión del canal Paka Paka”. En tal sentido señalaron que “no puede ni debe tolerarse que los legisladores, que son electos por el voto popular, defiendan los intereses económicos de un grupo de poder, dándole la espalda a la ciudadanía, que efectivamente los colocó en ese lugar con el objeto de representar su voluntad”, sostuvieron, y “en ese escenario de victimización que mencionábamos, no puede pasarse por alto el patético papel desempeñado por algunos legisladores al confundir el quebrantamiento a la libertad de expresarse con el legítimo ejercicio de derechos que les corresponden a los trabajadores”.

A la hora de describir cómo trabajan, Segovia explicó: “Como militantes, además de sentarnos a dar discusión, la damos en la facultad, en el Consejo (de la Magistratura), en el barrio, con los secundarios, o con los adultos mayores”. Sobre estos últimos, consideró que a partir del gobierno de Néstor Kirchner “hubo un cambio de paradigma, los adultos mayores antes eran considerados una cosa y ahora son sujetos de derecho, por eso dimos unas charlas en el Ecunhi sobre derecho y ciudadanía, y propiciamos hablar con ellos de una manera directa para que comprendan sus derechos y cómo peticionar ante las autoridades”.