Para el fiscal Fernando Fiszer ya hay suficientes pruebas recolectadas que demuestran que el asesinato de Mariano Ferreyra respondió a un “plan criminal” que fue “organizado” desde la Unión Ferroviaria (UF). Por eso pidió que vayan a juicio oral el titular del gremio, José Pedraza; su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, y los ocho integrantes de la patota que al atacar una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca en Barracas mataron al militante del Partido Obrero (PO) e hirieron a balazos a otras tres personas. Las querellas que representan a dos de los heridos ya pidieron la semana pasada el cierre de la investigación respecto de los autores materiales e intelectuales para pasar a la etapa de juicio y, entre hoy y mañana, lo harán los abogados de la mamá de Ferreyra. A este paso, en Tribunales no descartan que Pedraza y sus hombres estén en el banquillo este mismo año.

De acuerdo con la presentación que hizo Fiszer ayer en el juzgado de Wilma López, Pedraza y el resto de los imputados deberían ser juzgados por homicidio calificado, es decir agravado “por el concurso premeditado” que hubo entre ellos, a lo que se suma la tentativa de asesinar a otros tres militantes del PO, entre ellos Elsa Rodríguez, quien quedó hemipléjica por el disparo que recibió en la cabeza. Nelson Aguirre y Ariel Pintos fueron baleados en las piernas. Fiszer evaluó que la patota, bajo órdenes de la cúpula gremial, generó una situación de “desventaja” sobre los manifestantes, tercerizados y militantes de agrupaciones sociales. Los ferroviarios los superaban en número aquel 20 de octubre –mostró la fiscalía–, utilizaron violencia física, llevaban armas de fuego y los atacaron en el momento en que se retiraban pacíficamente.

Según Fiszer, la investigación cuenta con evidencias claras de que Pedraza, Fernández y el delegado Pablo Díaz, también encargado de la Comisión de Reclamos, actuaron como instigadores del homicidio de Ferreyra. Tenían, sostuvo, una motivación: “aleccionar” a los trabajadores tercerizados que cuestionaban el sistema de subcontratación de servicios ferroviarios para abaratar costos (hasta quedó demostrada la relación de Pedraza con una de las “empresas tercerizadas”, la Cooperativa Unión del Mercosur). Regularizarlos era una amenaza para su hegemonía en la UF, por eso la fiscalía planteó que querían asegurar su “poder político y económico”.

Díaz fue reclutador del grupo de choque y daba instrucciones en el lugar de los hechos, según se reconstruyó, mientras se comunicaba con el Gallego Fernández, quien estaba con Pedraza en la sede del gremio. Para la fiscalía, la mayoría de los matones deberían ser considerados coautores. Los barrabravas Gabriel Sánchez y Cristian Favale están acusados de disparar. El delegado Claudio Alcorcel llevó a gente ajena al sector ferroviario, como Favale. El portero de los talleres de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez y el picaboletos Guillermo Uño quedaron comprometidos en la recolección de las armas para su posterior ocultamiento. Jorge González y Salvador Pipitó intentaron evitar que el canal C5N filmara los hechos.

La abogada del PO Claudia Ferrero, con el patrocinio de María del Carmen Verdú, ya pidió la elevación a juicio de estos diez imputados, pero aclaró que considera “que no se encuentra completa la instrucción respecto de la totalidad de las responsabilidades”, como las de directivos de Ugofe (empresa que administra las ex líneas Roca, Belgrano y San Martín bajo tutela estatal, y contrata a las tercerizadas) y “funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación”.

Hoy harían su presentación el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el abogado Alberto Bovino, que representan a Beatriz Rial, la madre del joven asesinado. Luego, la jueza les dará intervención a las defensas para que hagan sus propias presentaciones. Pueden oponerse al juicio, pero una vez que la jueza resuelva la elevación, ya no será una decisión apelable. Y fue la magistrada, precisamente, la primera en señalar que consideraba que la instrucción está terminada en cuanto a los autores, algo que luego volcará en una resolución final en algunas semanas. Ahora, según fuentes judiciales, estaría por citar a indagatoria, en un expediente paralelo, a los policías que habrían facilitado el ataque.

En otra señal propicia para la realización del juicio, como ya informó Página/12, la Cámara de Casación Penal rechazó todas las excarcelaciones y los pedidos de revisión de los procesamientos presentados por los miembros de la fuerza de choque. Algunos recurrirían ahora a la Corte. Pedraza, Fernández y Alcorcel ya se presentaron ante ese tribunal. En el ínterin, con miras al juicio, siguen intentando poner en discusión la trayectoria de la bala que mató a Ferreyra, para demostrar que rebotó y que el disparo no fue directo, o sea, que no hubo dolo. Especulan, así, con evitar que una eventual condena sea a prisión perpetua. Para el juzgado, de todos modos, los demás heridos demuestran que disparaban al cuerpo.