La presencia de Juan Carlos Maqueda en la Corte Suprema empieza a evidenciar su sentido. El juez que a fin de año designó el gobierno de Eduardo Duhalde en el máximo tribunal dio el paso necesario para detener un fallo contra la pesificación al pedir tiempo extra para estudiar el expediente. Los ministros, en su mayoría, estaban dispuestos a firmar hoy una resolución que ordenaría la devolución de 247 millones de dólares acorralados que reclama la provincia de San Luis. Varios de ellos ayer decían que, como mucho, darán a su colega una semana más, aunque pidió dos. Otro tema que los supremos podrían discutir hoy es la legalidad de la candidatura a gobernador de Catamarca de Luis Barrionuevo (ver aparte).
Con la sola designación en la Corte de Maqueda, quien asumió el 30 de diciembre, el Gobierno logró –en sus tentativas de facilitar un acuerdo con el FMI– abortar un fallo que ordenaría la redolarización de los depósitos, o al menos la devolución de su equivalente en pesos. Lo último que desean en la Casa Rosada, cuando acaba de llegar una nueva misión conjunta del Fondo y del Banco Mundial, es que la resolución de Sus Señorías se produzca justo esta semana. Así se lo han hecho saber.
Desde que a comienzos de febrero se reanudó la actividad judicial, la Corte, a su vez, fue renovando explicaciones de por qué no resuelve las demandas contra la pesificación pese a que en diciembre del año pasado estaban agrupadas las cinco voluntades necesarias –Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Carlos Fayt– para firmar un fallo redolarizador.
En la causa iniciada por Mirta Beratz, considerada posible caso testigo, el problema es que los ministros aún no se pronunciaron sobre la recusación planteada contra Maqueda por Nito Artaza y sus seguidores, quienes consideran que no debe firmar fallos sobre la pesificación porque como senador votó, por ejemplo, la derogación de la ley de intangibilidad de los depósitos. El propio juez cuestionado demoró lo suficiente su descargo como para propiciar un empantanamiento. Lo entregó sobre finales de la semana pasada, alegando que se considera en perfectas condiciones de opinar. Para entonces, la mayoría de los supremos se había puesto de acuerdo en resolver el reclamo de San Luis y declarar de una buena vez la inconstitucionalidad de la pesificación. En el Gobierno estaban perfectamente al tanto. El pedido de un plus de tiempo de Maqueda vuelve a poner un freno a ese asunto.
Por lo pronto, cuando se junten hoy los ministros intentarán resolver la recusación contra su nuevo compañero. Al menos esa era la especulación reinante ayer a la tarde. Lo que aún no estaba claro era en qué sentido se expedirían. Aunque Nazareno, López, Vázquez y Moliné venían inclinándose por impedir su intervención en casos del corralón, no había mayoría de cinco garantizada. Al parecer, algunos jueces, con Antonio Boggiano a la cabeza, quedaron obnubilados con el informe que el cordobés presentó, citando un largo listado de antecedentes célebres como el de Figueroa Alcorta, quien luego de haber sido presidente y senador, como ministro de la Corte se pronunció sobre legislación que él mismo había promulgado y sus compañeros rechazaron las recusaciones al respecto.
Otra traba que puede multiplicar las dilaciones es que el conjuez Santiago Kiernan –designado en reemplazo de Enrique Petracchi, que está excusado por tener plata acorralada– se estaría jubilando. “Podría habernos avisado antes ¿no?”, suspiró un ministro.