¿Qué tienen en común el titular de la Unión Ferroviaria (UF) José Pedraza, preso por el asesinato de Mariano Ferreyra, y el Grupo Exxel, cuyos directivos están procesados por una millonaria estafa a Carrefour? Un importante punto de unión estaría en la Cámara de Casación Penal. Los abogados de la cadena de supermercados denunciaron ayer la presunta manipulación del sorteo de la causa en la que son demandantes para que “le tocara” a la Sala III del máximo tribunal penal. Dos de sus integrantes, los jueces Eduardo Riggi y Gustavo Mitchell, están mencionados en escuchas y bajo la lupa en la causa judicial en la que se investiga un intento de soborno gestionado desde el gremio de Pedraza para que dejaran en libertad a la patota que mató al militante del Partido Obrero (PO). En este expediente, como reveló Página/12 , ya está imputado uno de los secretarios de Casación que se ocupa de realizar los sorteos informáticos y que habría propiciado el “forum shopping” (la maniobra para asegurarse la intervención de ciertos magistrados).

Los letrados que representan a Carrefour pidieron la nulidad de la designación de la Sala III, asignada para revisar los procesamientos que pesan sobre nueve ejecutivos del Exxel Group y uno de la Consultora Price Waterhouse acusados de haber estafado a esa empresa al venderle el 49 por ciento de las acciones de Supermercados Norte con estados contables fraguados. Recientemente, la Justicia les trabó un embargo por 352 millones de dólares. Los abogados relatan en su presentación que el 23 de marzo en la secretaría general de Casación les informaron que la causa no se sortearía, sino que se juntaría por conexidad con otra llamada “Latinstock”, donde también aparece implicado el Exxel, radicada en la Sala IV. Sin embargo, unas semanas después lo que disparó sus sospechas fue que les dijeron que habían advertido que “la conexidad no era procedente” y por eso se mandó a sorteo sólo una vez que entró el último recurso de queja, de Juan Navarro, titular del Exxel. Luego advirtieron que podía haber un paralelismo con las irregularidades detectadas en la causa por el homicidio de Mariano Ferreyra y en su planteo judicial aludieron a la trama descripta por este diario en su edición del 18 de abril.

El intento de coima y “forum shopping” en la causa sobre el homicidio de Ferreyra fue detectado mientras se hacían escuchas a Pedraza. Para investigarlo se abrió un nuevo expediente, que tiene dos aristas: la gestión del soborno y la aparente manipulación del sorteo para que el expediente fuera asignado, como ocurrió, a la Sala III de Casación. Aunque aún hay medidas en trámite, la Justicia –pudo saber este diario– ya tiene pruebas de que el vicepresidente de Belgrano Cargas y contador de la UF, Angel Stafforini, envió dinero (50 mil dólares) para comprar voluntades en Casación al estudio del ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, y que detrás de la negociación estaba Pedraza. Aráoz de Lamadrid, que defendía a uno de los ferroviarios detenidos, fue secretario del juez Riggi, y se comunicaba con un agente de la ex SIDE señalado como intermediario de la coima, Juan José Riquelme. En ciertas escuchas, Riquelme comenta haberse reunido tanto con Riggi como con su colega de la Sala III, Mitchell, confirmaron fuentes del caso. El día que sale sorteada esa sala para revisar las detenciones y procesamiento de la patota ferroviaria que mató a Ferreyra, Aráoz habría hablado por lo menos seis veces con el funcionario de la cámara que hace el sorteo informático, que está imputado.

El pedido de nulidad y recusación de Carrefour contra los jueces que integran actualmente la Sala III intenta poner en evidencia una serie de sugestivas coincidencias entre los magistrados y la historia que rodea al fraude del Exxel y sus protagonistas. El juez Mitchell, dice el escrito al que accedió Página/12 , es pariente (tío) de Alejandro Mitchell, a quien señalan como abogado de Navarro y ofrecen dar pruebas de que mantienen una relación estrecha; en cuanto a la jueza Liliana Catucci, sostienen que la única vez –y primera en dieciocho años– que admitió como camarista de casación revisar un procesamiento sin prisión preventiva fue el del abogado Alejandro Mitchell, procesado por cohecho justamente en una maniobra para direccionar una causa a favor del empresario Raúl Moneta. El juez Riggi, recuerda la denuncia, tiene un vínculo de mucha confianza de años con un nombre, el de Octavio Aráoz de Lamadrid, que justamente es preponderante en el intríngulis del intento de coima de la UF. Desde su estudio familiar, añade el texto, se ejercería la defensa del perito oficial Fernando Robles (que fue segundo del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema) suspendido en sus funciones por actuar en connivencia –algo constatado en filmaciones– con el Exxel precisamente en la demanda promovida por Carrefour.

El sorteo de la Sala III para el caso Ferreyra se hizo el 26 de enero, un día después de que Pedraza mantuviera una conversación telefónica con Stafforini sobre el monto del soborno (mencionaban 50 mil y 75 mil). Según la jueza Wilma López, a cargo de la investigación del homicidio en primera instancia, a Pedraza –cuando aún no había sido detenido– le interesaba que los matones acusados como autores materiales salieran en libertad para debilitar la causa, que tarde o temprano podía complicarlo. El soborno no se habría concretado porque el fiscal Mariano Solessio –ahora subrogado por Sandro Abraldes– decidió anticiparse, ya que detectó el momento en que le llevaban el dinero a Aráoz y lo incautó. Riggi después se excusó de votar en las apelaciones de los ferroviarios, y la sala quedó conformada por Mitchell, Catucci y Juan Fégoli que, tras el escándalo, confirmaron detenciones y procesamientos.

Es muy excepcional que la Cámara de Casación revise procesamientos, porque por definición es un tribunal que se expide sobre sentencias definitivas, situaciones equiparables o detenciones. En las escuchas recopiladas por la jueza López, sin embargo, surgiría que el interés en la Sala III apuntaba a que aceptara la rareza de meterse con los procesamientos, que es lo que también le han pedido los imputados del Exxel. La misma sala es justo la que tiene pendiente hace meses resolver el recurso de Mauricio Macri contra su procesamiento por asociación ilícita en la causa del espionaje.

Ante la fiscalía de Solessio declararon testigos que hablaron sobre los mecanismos de sorteo de causas y explicaron que, como en la Cámara de Casación hay cuatro salas, el sistema estaría programado para que la distribución sea equitativa. Por esa razón, habría una forma de calcular la mayor probabilidad –aunque no con absoluta certeza– de que les toque a ciertos jueces. Esto mismo fue señalado ayer por los abogados de Carrefour, que pidieron un nuevo sorteo con bolillero manual.