Argentina formó parte de la lista de países a los que el gobierno de Barack Obama intentó convencer para que recibieran en su territorio presos provenientes de la cárcel de Guantánamo, según pudo confirmar Página/12 de fuentes de la Cancillería. El ofrecimiento se produjo poco después de la llegada de Obama a la Casa Blanca, en los primeros meses de 2009, y tuvo una respuesta negativa de parte de Argentina que llegó a generar cierto momento de tensión. No fue el único país de América del Sur que Estados Unidos sondeó en aquel momento: también Brasil y Chile recibieron la oferta que rechazaron.

El cierre de la cárcel de Guantánamo, uno de los presentes griegos que heredó de la administración de George Bush, fue una de las primeras promesas de Obama como presidente. Las filtraciones de los cables secretos obtenidos por Wikileaks permiten seguir ahora el recorrido de su gobierno para intentar dar cumplimiento a la promesa. No sólo fracasó en su objetivo, sino que se convirtió en un papelón que desde el lunes pasado vienen ventilando las nuevas revelaciones que publican los diarios The New York Times, Le Monde y El País.

Aunque hasta ahora no haya aparecido en esos cables, Argentina fue otro de los países que formaron parte de la larga lista de objetivos en el plan que elaboró el Departamento de Estado. Hubo varios contactos y sutiles presiones por parte de Estados Unidos para que Argentina se definiera, pero el esfuerzo chocó con la negativa de la presidenta Cristina Kirchner.

Obama designó un diplomático de carrera para que se ocupara específicamente del caso Guantánamo, quien realizó personalmente las primeras gestiones. Así fue que se contactó con el hoy canciller Héctor Timerman, por entonces embajador argentino en Washington. La cita fue en su despacho en el Departamento de Estado. Pese a que se trata del ministerio de Hillary Clinton, el funcionario norteamericano no mencionó en ningún momento a la secretaria e insistió en que Obama le había encargado que se pusiera en contacto con Argentina. Todavía envuelto en el aura que lo acompañó en su llegada a la presidencia como primer afroamericano en el cargo, Obama quería aprovechar los deseos que pudieran tener otros gobiernos del mundo en tener un gesto de amistad hacia él.

El ofrecimiento tenía algo de extravagante. Estados Unidos proponía pagar 22 mil dólares anuales por cabeza por cada preso que Argentina aceptara llevarse desde la cárcel levantada en una base militar en territorio cubano, como para cubrir gastos. Incluso ofrecía la posibilidad de que funcionarios argentinos viajaran a Guantánamo y se entrevistaran con los prisioneros para elegir a los que consideraran más a su gusto. Una especie de cárcel-shopping.

Timerman le respondió que, como correspondía a la situación, transmitiría la oferta al gobierno argentino, pero le anticipó al funcionario norteamericano su desacuerdo con la iniciativa. “Para Argentina sería una situación muy complicada porque ustedes secuestraron a esta gente”, le respondió Timerman. “La Justicia es la Justicia y en nuestro país se está juzgando a militares que hicieron cosas parecidas a lo de Guantánamo”, le advirtió. Lo puso al tanto del caso de su padre, el periodista Jacobo, secuestrado y torturado por la dictadura.

El imperio contraataca

En tanto no hubo una respuesta definitiva, Estados Unidos volvió a la carga. El entonces canciller Jorge Taiana recibió llamados de Hillary Clinton y visitas de la embajadora en Buenos Aires, Vilma Martínez, siempre con el pedido que las gestiones quedaran bajo estricta reserva. Al gobierno argentino efectivamente le atraía la idea de realizar un gesto de buena voluntad hacia Obama que sirviera para enderezar un vínculo que había terminado muy maltrecho luego de la gestión Bush. Pero el plan Guantánamo no cerraba por ningún lado.

Para empezar, los presos no llegarían en calidad de detenidos, sino que acá debían ser liberados, dado que ni Estados Unidos tenía pruebas en su contra como para condenarlos. Pero no se los quería dejar volver a sus países porque tal vez efectivamente fueran terroristas o por miedo a que los verdaderos terroristas los mataran luego de haber estado en contacto con los militares norteamericanos. Por lo tanto, debían venir a Argentina y quedar en un estado de libertad ambulatoria sin posibilidad de abandonar el país. Y para eso había que crear una legislación especial o inventarles alguna infracción para que, por ejemplo, los ex huéspedes de Guantánamo no pudieran sacar el pasaporte argentino.

Por otro lado, estaba la cuestión de la notoria violación a los derechos humanos. “Habían estado detenidos de manera ilegal durante varios años. Nos pareció que recibirlos era avalar de hecho algo que creíamos que no estaba bien”, responden en el entorno del ex canciller Taiana.

Como ya se sospechaba por entonces y ahora terminan de confirmar los cables filtrados por Wikileaks, alrededor de la cárcel de Guantánamo se produjeron mil y una irregularidades. En principio, quienes vendrían habían sido apresados de manera no aclarada: no eran prisioneros de guerra, ni estaban amparados por el derecho internacional, ni tenían acceso a la Justicia. No sería extraño, además, que ya en el país organismos de derechos humanos plantearan una acusación contra Estados Unidos por privación ilegítima de la libertad y algún juez argentino le diera curso.

“Nos comprábamos un pleito. Además, en nuestro país hubo atentados terroristas, por lo que las complicaciones podían multiplicarse. Por ejemplo, que la comunidad judía también nos hiciera planteos”, recuerdan en la Cancillería. Con este panorama, el análisis no se extendió demasiado. Aseguran que cuando el asunto llegó a la Presidenta se mostró firme en la negativa. El rechazo, recuerdan, generó cierto momento de tensión bilateral. Es que pese a las muchas contras del proyecto, hubo 30 países en el mundo –incluso algunos desarrollados como España– que aceptaron los sourvenirs de Guantánamo. Ninguno de América del Sur: Brasil y Chile siguieron el camino argentino.