La Unidad Fiscal de La Plata que asiste en las causas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura dictaminó que existen pruebas para suponer que la venta de Papel Prensa a La Nación, Clarín y La Razón fue “compulsiva”, producto de maniobras “extorsivas”, y que se hizo “con la directa intervención de la Junta Militar en colusión con los civiles” dueños de los diarios. Según el documento, esa operación se hizo “en el marco de una persecución por motivos políticos, económicos y religiosos, desatada desde el aparato terrorista estatal, que tuvo entre sus víctimas a los miembros del Grupo Graiver”, que incluso tras el despojo de la empresa productora de pasta celulosa fueron secuestrados y torturados, y luego sometidos a un “inconstitucional Consejo de Guerra”. Por todas estas razones, los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro concluyeron que los hechos que rodearon a la transferencia accionaria deben ser juzgados como “delitos de lesa humanidad”.

Tras diez meses de recopilar pruebas, las conclusiones de los fiscales respaldan la denuncia que dio origen a la causa, que fue presentada por la Secretaría de Derechos Humanos. Su titular, Eduardo Luis Duhalde, sostuvo ayer que “con el dictamen se corrobora que Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos se asociaron con la Junta Militar presidida por Jorge Rafael Videla y sus funcionarios José Alfredo Martínez de Hoz y Raimundo Podestá para desapoderar ilegítimamente al Grupo Graiver de su empresa, usando amenazas extorsivas, secuestros, torturas que en un caso produjeron la muerte de una de las víctimas” (en alusión al abogado Jorge Rubinstein, mano derecha de David Graiver).

La imputación de los fiscales no individualiza responsabilidades, pero asocia a los denunciados con crímenes imprescriptibles. A su vez plantean que no son los tribunales de La Plata los que deben llevar adelante el caso, sino la Justicia Federal porteña, ya que “las amenazas, presiones y diversas reuniones y asambleas” que derivaron en la venta presuntamente extorsiva fueron en la ciudad de Buenos Aires. Sugieren que debería volver al juzgado de Daniel Rafecas, que dijo que no se podía escindir el despojo de la empresa de los secuestros de los integrantes del grupo, que estuvieron en centros clandestinos del Circuito Camps. Los fiscales no discuten la conexión, pero proponen causas separadas. El juez Arnaldo Corazza tendrá que resolver.

El contexto de la dictadura, explican los fiscales, fue “propicio para la comisión de delitos de índole económica (...) desde las apropiación de bienes de desaparecidos hasta grandes operaciones realizadas en colusión con sectores civiles”. El dictamen recuerda que en 1973 David Graiver adquirió las primeras acciones de Papel Prensa, que fue ampliando. El 7 de agosto de 1976 muere en un extraño accidente aéreo en México. Todavía allí, su viuda, Lidia Papaleo, comenzó a recibir amenazas telefónicas, con alusiones a que vendiera sus bienes. De regreso a la Argentina con su beba, tanto ella como su entorno comenzaron a recibir “presiones” desde “el gobierno de la última dictadura” para que se desprendieran de sus empresas, que incluían dos bancos, una editorial y una inmobiliaria.

Los fiscales reproducen viejos y más recientes testimonios de Lidia Papaleo y su cuñado Isidoro Graiver: no sólo que tenían que vender todo, sino que los “compradores lógicos de Papel Prensa eran los diarios La Nación, Clarín y La Razón”, según les refirió Francisco Manrique, ex ministro de Acción Social, cercano a Graiver. A Lidia, el presidente de Papel Prensa –Pedro Martínez Segovia– le dijo, en nombre de la Junta Militar, que debía vender la empresa y los compradores debían ser “gente argentina y que no perteneciera a la colectividad judía”. Según varios relatos, muchos mensajes venían del ex ministro Martínez de Hoz, pariente de Martínez Segovia. Para completar el clima de “terror”, dicen los fiscales, se intentaba “instalar en la opinión pública a través de los medios dudas sobre la licitud de la actividad económica de los Graiver”.

En ese escenario, la venta de Papel Prensa bajo “extorsión” se firma el 2 de noviembre de 1976. Tanto Lidia Papaleo como Rafael Ianover –testaferro de Graiver– declararon que firmaron sin saber a qué valor ni en qué condiciones vendían. El precio terminó siendo de 946.600 dólares. Ella dijo que sólo habló con Magnetto, quien le “ordenó que firmara para conservar la vida de su hija y la suya”.

En enero de 1977, un grupo de tareas entró en la casa de Ianover. En los meses sucesivos los Graiver y allegados fueron secuestrados y torturados: Lidia Papaleo, sus suegros, Isidoro, Enrique Brodsky, Lidia Brodsky, Ianover, Lidia Gesualdi y Silvia Fanjul. Rubinstein murió por las torturas. Luego fueron sometidos a un Consejo de Guerra ilegal que los condenó y les interdictó sus bienes en abril de 1977 con el argumento de que daban “ayuda económica con finalidades ideológicas ilícitas a Montoneros”. Todo esto, sostiene la Unidad Fiscal, ilustra una persecución (mediante, advierten, una posible asociación ilícita) “que tenía por finalidad lograr su desaparición de la escena nacional”.