A más de dieciséis meses de su comienzo, el juicio por los crímenes cometidos en la ESMA finalmente entra en la etapa final: durante las próximas semanas, los organismos de derechos humanos querellantes y la fiscalía leerán sus alegatos. En las primeras dos semanas se escucharán las acusaciones por las doce víctimas de la Iglesia de la Santa Cruz, entre las que están tres fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon. Para hoy, el Tribunal Oral Federal 5 admitió –además– una audiencia especial ante el pedido del represor Miguel Donda para declarar nuevamente. La condena está prevista para fines de julio.

Los alegatos se iniciarán este jueves 5. La primera parte estará a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, representada por el abogado Martín Rico. La secretaría alega por las doce víctimas de la Santa Cruz, cuatro de las cuales también están representadas por los abogados Horacio Méndez Carrera y Luis Zamora, que hablarán una semana más tarde. Entre los datos que las querellas revisan estos días está la enorme producción de pruebas surgida en el proceso. A modo de ejemplo, Martín Rico menciona el caso de Remo Berardo, una de las doce víctimas de la Santa Cruz, del grupo secuestrado entre el 8 y 10 de diciembre de 1977 cuando recogían dinero para publicar una solicitada con la lista de los desaparecidos en el diario La Nación. “Durante el Juicio a las Juntas no hubo testigos del operativo a la casa de Remo Berardo –explicó– y ahora un vecino se animó a declarar.” El vecino vivía frente a la casa del pintor, en La Boca, y hasta ahora no había declarado por miedo.

“El caso de la Santa Cruz fue tratado en el Juicio a las Juntas, se condenó a Emilio Massera por la privación ilegal de la libertad pero no se hizo eje en los casos puntuales, sino en una cosa general”, explicó Horacio Méndez Carrera. “A Massera se lo condenó como autor mediato pero el Tribunal no tomó caso por caso y menos las torturas y menos aún los homicidios. Lo que ahora está pasando es que se juzga a los autores inmediatos, a los ejecutores, y este Tribunal entró en el análisis pormenorizado del caso por caso.”

En el juicio se está juzgando a 17 represores por 86 víctimas. Sólo un tramo pertenece a la Santa Cruz. En el Juicio a las Juntas declararon 700 personas. Sólo por el tramo de la Santa Cruz en este caso lo hicieron 250 personas: 54 sobre la infiltración de Alfredo Astiz; 35 sobre el cautiverio y 20 sobre el secuestro. Por eso, Méndez Carrera repite que el juicio produjo una cantidad de “prueba abrumadora, además de otra abrumadora prueba documental”.

Hubo nuevos elementos sobre las razones del secuestro de las monjas francesas, testigos que declararon por los casos de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics, integrantes de la Orden de las Misiones Extranjeras. Hubo datos sobre una cumbre en Toulouse en la que ellas decidieron renunciar a sus votos pese a continuar enlazadas a la Congregación, o sobre el rol de la Casita donde vivían, a la que los represores se referían como “aguantadero” y desde donde ellas hacían trabajo de asistencia a familias de desaparecidos. Méndez Carrera también recuerda que uno de los integrantes de la Armada legitimó durante el juicio la infiltración de Astiz.

La sentencia todavía no tiene fecha cierta, pero el TOF 5 dejó trascender que podría ser a fines de julio. El tribunal, que lleva más de dieciséis meses en el juicio, juzga menos casos que otros cuerpos cuyas sentencias se produjeron al cabo de un año. Los organismos de derechos humanos advierten desde hace meses su preocupación por la demora, acentuada porque el TOF ya tuvo una baja entre los integrantes y si sólo uno más sufre un percance, el juicio se podría caer.