Héctor Humberto Gamen, Hugo Idelbrando Pascarelli y Pedro Durán Sáenz son los tres militares juzgados por los crímenes de El Vesubio. Un general y dos coroneles entre los que se encuentran dos jefes de área y el jefe del centro de exterminio. Ayer, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación pidió para ellos la pena máxima de prisión perpetua por homicidio, privación ilegal de la libertad y tormentos, calificándolos como delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio. El pedido se hizo después de dos jornadas de alegatos ante el Tribunal Oral Federal 4 y en el tramo final del juicio oral. Pese al rol que cumplieron, a las pruebas y al pedido de condenas, ninguno de los militares está en prisión. Para desaliento de las víctimas es posible topárselos en los pasillos de los Tribunales en cualquier momento, comiendo sandwichs y medialunas en alguno de los bares, entre segmento y segmento de las audiencias, protegidos por una cara poco conocida y el amparo de la imagen de simples viejitos.

En esas condiciones, durante estos días estuvieron sentados en la sala de audiencia de Comodoro Py. Escucharon ayer el alegato de la secretaría en manos de Lucía Fernández Gómez y Pablo Barbuto. A Pascarelli lo imputaron por un total de tres homicidios y a Gamen y Durán Sáenz, por 25.

Además de los militares, el Tribunal juzga a cinco penitenciarios que están presos y estaban cuerpo a cuerpo con las víctimas. Ellos son Ramón Antonio Erlan, José Néstor Maidana, Diego Salvador Chemes, Ricardo Néstor Martínez y Roberto Carlos Zeolitti. La secretaría pidió para todos –excepto Zeolitti– 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua como coautores materiales de privación ilegal de la libertad, agravada y tormentos reiterados, nuevamente en el marco de un genocidio. Para Zeolitti pidieron 20 años de prisión. El era uno de los jefes de las guardias, pero la secretaría tomó en cuenta a quienes dijeron que fue una de las personas que aportaron información.

Uno de los aspectos singulares de la acusación de la secretaría –que pidió perpetua para todos los militares– estuvo en torno de la tipificación de Durán Sáenz. A Pascarelli y Gamen los consideró “autores mediatos”, pero a Durán Sáenz –el jefe del centro clandestino– lo consideró coautor material como a los penitenciarios en los casos de tormentos y de la privación ilegal de la libertad. Los militares son los únicos acusados por homicidios. Pese a los insistentes pedidos de la fiscalía de Félix Crous, el Tribunal no aceptó ampliar esta acusación porque hizo primar el criterio con el que el juez de primera instancia había elevado la acusación.

Algo de eso explica otro de los ejes del alegato: la acusación por los delitos de violencia sexual. Este es uno de los temas sobre el que algunas querellas empezaron a indagar en los juicios, en una búsqueda por visibilizar aspectos de los centros de exterminio que hasta ahora quedaron opacados. En uno de los párrafos, los abogados dijeron: los abusos sexuales de todo tipo “formaban parte del modus operandi de trato a las mujeres cautivas en cualquiera de los CCD de detención de nuestro país, a lo que hicieron alusión muchísimos de los testimonios que escuchamos estos meses”. También recordaron que en El Vesubio los abusos sexuales terminaban en violaciones. Hablaron del testimonio de Elena Alfaro y del momento en el que ella dijo, después de gritar casi desesperadamente, lo que había vivido: “Yo pido por favor que esto sea considerado crimen contra la humanidad, yo estaba de cuatro meses, mi embarazo era notorio, pero el sadismo era violarse a una embarazada”.

En esa línea, la abogada Liliana Mazeo, del colectivo Justicia Ya!, pidió al Tribunal que separe los testimonios de violencia sexual y los remita al juzgado de primera instancia para que se investigue la comisión del delito de violación sexual y abusos sexuales.