El juez Rafael Sal Lari tiene 40 años, hace veinte que trabaja en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Sin quererlo, se ha convertido en el blanco móvil de la derecha “mano dura”. El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, los medios que conduce Daniel Hadad, un editorial del diario La Nación piden su destitución. La cadena C5N es la más franca y directa, lo imputa por “garantista”. El cargo contradice a la Constitución, no les importa. Sus inquisidores se fundan en relatos falaces e interpretaciones tortuosas. Le reprochan liberaciones injustificadas o en casos aberrantes. Le adjudican crímenes cometidos por personas que excarceló en buena ley. Los cargos se expusieron ante el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia. Eran más de diez, fueron cayendo por inconsistentes. Quedó uno, por no haber liberado en tiempo y forma a un detenido, toda una ironía. El trámite sigue por una supuesta demora en una excarcelación que, como él dirá, él proveyó a toda velocidad. El juez está suspendido. Habla con serenidad, gesticula poco. Hace años que lo vienen cazando, hace años que se viene defendiendo: tiene elaborado su discurso. Ninguna pregunta lo sorprende ni le merece una respuesta parca. El reportaje se realizó en el estudio de Radio Nacional, en el programa Gente de a pie. En los largos tres cuartos de hora que duró, Sal Lari se mantuvo tan cordial como concentrado, no probó ni un vaso de agua.

–La causa Miño es el cargo más emblemático de sus acusadores. Se denunció que usted excarceló a un presunto violador de su hija y permitió que se reintegrara a su hogar con la víctima. Aclaremos que el jury rechazó ese cargo, pero explíquenos cómo fue.

–La acusación dice que no sólo permití sino que obligué a la hija a convivir. Eso es errado por dos razones. La primera es que el presunto responsable resultó absuelto en el correspondiente juicio. No se lo puede llamar ni siquiera “presunto abusador”. La absolución ocurrió antes de que se iniciara el jury.

–Pero, cuando usted lo excarceló, estaba bajo proceso. Era sospechoso de un delito sexual...

–Miño fue denunciado por su mujer por abuso sexual contra su hija. La niña fue retirada del domicilio y puesta bajo protección de la jueza de Menores. Cuando la madre requiere la exclusión del hogar de su esposo, la menor ya no vivía ahí. Estaba resguardada por la madre y por una jueza. La única presentación en torno de la exclusión del hogar era esa denuncia de la madre. La fiscal trasladó ese pedido. Yo no dije que no correspondía, sino que no había elementos suficientes para resolver. Consideré que el planteo era prematuro, nunca más se volvió a pedir la exclusión del hogar. La causa avanzó y tampoco la niña vivía en el hogar. Esto es importante.

–O sea: El acusado no volvió a vivir con la menor.

–No, porque ya la chica no estaba en el domicilio. No había una situación de emergencia. El acusado, finalmente, resultó absuelto. El fiscal desistió de la acusación porque notó que los hechos no habían sido tal cual los había relatado la madre. El fiscal y el tribunal pidieron que se investigara a la madre por falsa denuncia.

–El caso Regis es otro tópico de quienes lo cuestionan. Se trata de un ingeniero que fue asesinado por una persona a la que usted había excarcelado un tiempo antes. Se lo responsabiliza por ese hecho ulterior del reo. ¿Por qué lo había liberado?

–El caso Regis terminó con la condena de dos personas imputadas por el delito de homicidio calificado. Las dos habían sido excarceladas cuatro meses antes. Una por mí y una por otro juez, que también fue denunciado. Dispuse esa excarcelación porque esa persona se había presentado a derecho, lo había pedido y había acompañado documentación que indicaba que tenía trabajo, que no se iba a ausentar de su domicilio. En ese marco resolví concederle la excarcelación, que se someta al proceso, pero en libertad. La posibilidad de definir lo contrario está íntimamente vinculada con que esta persona sea procesalmente peligrosa: que se pueda fugar o no someterse al juicio o que pueda alterar la prueba, que pueda inducir a testigos. Ninguna de las circunstancias se daba para que excepcionalmente, como dice la Constitución, se le dictara una prisión preventiva. El ministerio público fiscal consideró que la libertad otorgada por mí había sido correcta o había sido una interpretación lógica del derecho y no la recurrió.

–Usted habló de “peligrosidad para la causa”. ¿El juez debe evaluar si una persona tiene cara de peligrosa, aspecto peligroso? ¿Debe o puede percibir, echarle una ojeada y decir “a éste no puedo dejarlo en la calle porque es un sujeto peligroso”?

–No lo puede hacer. Constitucionalmente, sería muy complicado elaborar un criterio por el cual se pueda hacer un pronóstico de peligrosidad. Es imposible: nadie podría fundar con buenas razones de por qué una persona dentro de cinco, diez minutos, un día, un mes, va a cometer algún hecho evitable de antemano. La ley de excarcelaciones de la provincia de Buenos Aires sufrió diez modificaciones. La ley vigente al tiempo de resolver las excarcelaciones, especialmente, había derogado la posibilidad de considerar que la persona podía volver a cometer un delito.

–El caso por el cual lo suspenden, el único que queda en pie, es González. Curiosamente, se le atribuye haber demorado injustamente la libertad ordenada a un detenido. ¿Cuál es su explicación?

–Ordené la libertad, se libró el oficio de libertad.

–¿Qué lapso medió entre que la Cámara le ordenó la excarcelación y usted la concretó?

–La causa fue remitida por la Cámara, creo, un viernes a las 13.30. A las 14 ya estaba hecho el despacho y firmada la orden de libertad. Fue transmitida a la seccional policial a través de un fax. Además, el lunes la pasó a retirar personal policial que la llevó a la comisaría. El trabajo del juez estaba completo. No había más nada que controlar. El juez toma la decisión y hay personas que se encargan de controlar el cumplimiento.

–O sea, el juzgado lo debe hacer, la policía lo debe efectivizar, pero verificar esos trámites posteriores no es una carga del juez.

–No es una carga del juez. Principalmente, lo tiene que hacer quien recibe el oficio y tiene a la persona detenida. Después, controlar es tarea de la Secretaría del juzgado. La situación fue puesta en conocimiento de la Corte por la Cámara. No se ocultó, corporativamente. La Corte lo analizó y tomó una decisión administrativa. Sancionó a quien era secretaria del juzgado.

–Según entiendo, la suspendieron por quince días.

–La suspendieron quince días.

–La Corte evaluó la gravedad de esa conducta con una sanción no muy severa. Y determinó su responsable. ¿Ahora usted está suspendido por esa causa?

–Sí. El tribunal de enjuiciamiento entendió que debía conocer con más profundidad este hecho.

–¿El jury tiene audiencias de prueba fijadas?

–Todavía no. Uno de los promotores de la acusación, el intendente Gustavo Posse, hizo una presentación pidiendo la nulidad de la decisión del jurado de enjuiciamiento. No se quedó conforme con que hubiera archivado los diez casos que estaban más vinculados con ese discurso de “garantismo” (no me gusta usar ese término porque parece peyorativo y no lo es).

–Al plantear la nulidad, Posse admite, tácitamente, que con ese solo caso no puede sostenerse la destitución.

–Por supuesto. El intendente presenta mi suspensión como un triunfo. Es paradójico, porque el fundamento es todo lo contrario a los casos que llevaba como insignia. Festejaron que yo iba a ser juzgado porque una persona había quedado detenida por más tiempo que el que correspondía. Pero, en realidad, ellos acumularon los casos en los que las personas eran, supuestamente, liberadas con demasiada velocidad por parte mía.

–¿Usted tiene custodia, vive más protegido que el resto de la sociedad, no le preocupa la inseguridad?

–Me preocupa tanto como a las personas que levantan esas banderas, a lo mejor no coincido con sus métodos. No tengo privilegios. Muchas veces vuelvo a mi casa en transporte público, no tengo custodia personal ni en mi casa, no vivo en un barrio cerrado. Mis hijas van al colegio en San Isidro, mi mujer, mis hermanos, mis padres, mis amigos, se desempeñan en San Isidro. Estoy sometido a la misma sensación o realidad de inseguridad que todas las personas en la provincia o en la Argentina. Hago las mismas cosas que el resto de la sociedad, paseo en bicicleta con mis hijas, salgo a caminar, lo mismo que cualquiera.

–¿Cómo es la ecuación de una persona no habituada a una alta exposición pública al ser señalada como una especie de defensor de criminales, liberador de violadores, un riesgo social?

–Es complicado. La campaña ha sido muy fuerte, especialmente del grupo C5N. Con mi familia y mis amigos es fácil, me conocen. También he recibido apoyo de muchas organizaciones y personas del Poder Judicial: la Red de Jueces, la Asociación de Pensamiento Penal, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Mi trabajo tiene exposición pública, puedo estar sometido a estas opiniones. Uno preferiría –más allá de que le parece bien que la gente se exprese– que se digan las cosas como son y que después cada uno forme su opinión. Lo que digo respecto de los casos estuvo siempre documentado, no requería de los medios más que leer de qué se trataba, informar objetivamente. Si después tal o cual persona opinaba que le parecía bien o mal, bienvenido. Yo hago mi trabajo, soy controlado por el Poder Judicial. Inclusive, di exámenes para acceder a cargos de mayor jerarquía. Ninguna Cámara ni un Tribunal de Casación me ha maltratado. En el examen me ha ido bien... a la gente le pueda resultar incómodo porque no tiene información.

–¿A qué atribuye usted esta campaña que tuvo una avanzada mediática y como abogado acusador a un intendente?

–La campaña la ha explicado el doctor Raúl Zaffaroni, por supuesto mucho mejor que yo. Es algo que viene de Estados Unidos. Está de moda, se monta en “garantismo versus mano dura”. El intendente Po-sse, me parece, se equivocó con el pedido de juicio político. Recordemos que hizo un muro separando las personas supuestamente honestas de aquellas que supuestamente no lo eran. No le duró mucho...

–Como en los regalos, lo que vale es la intención...

–Creo que ha sido su motor de campaña electoral. No sé si el intendente ha tenido llegada a los medios nacionales con algún otro tema, más allá del muro. Ha salido por todos los medios como el principal promotor de este juicio y lo ha capitalizado. Montado en un dolor, legítimo pero ajeno, ha usado herramientas que no son de un buen gobierno. El tiene una responsabilidad institucional como intendente.

–Es más sencillo discutir con un intendente que con las víctimas. ¿Qué les diría a víctimas como las Madres del Dolor, que tanto lo cuestionan?

–No les diría nada duro. Ellas han pasado por una situación traumática y no sé cómo reaccionaría yo en una situación así. Me gustan más las personas que, tras pasar por una situación traumática, vuelcan su vida a hacer obras positivas. Entiendo sus quejas, hace más de tres años que recibo críticas y adjetivaciones por parte de las Madres del Dolor y no hemos hecho nada. Tienen todo el derecho de opinar desde el dolor. Me gustaría que describieran los casos tal cual fueron. Con el caso Miño, ellas han dicho cosas que no son ciertas, conociendo que no lo eran. Entiendo: me tengo que someter a lo que dicen la Constitución y las normas. Son dos planos distintos: el del derecho y cómo se resuelve, y el del dolor de las madres.

–Si algún amigo suyo, que no sea abogado, le aconsejara: “Si te toca un sospechoso de floja reputación y te pide la excarcelación, la próxima dejalo adentro”. ¿Qué le respondería?

–Acotado al mismo ejemplo, volvería a hacer lo mismo. Le corresponde a la persona porque se lo presume inocente y porque la ley así lo establece. Cuando uno empieza a explicar y lo pone a ese amigo en situación de una persona imputada, entiende. Y elegiría, si se viera involucrado en un proceso penal, un juez que respete las garantías y no que piense que la persona que tiene enfrente puede cometer algún otro hecho y por eso preventivamente dejarlo detenido.

–¿Piensa que su enjuiciamiento tiene un fin de disciplinamiento del Poder Judicial?

–Absolutamente. No sé si el objetivo de quien lo promovió era disciplinar al Poder Judicial, pero ha producido ese efecto. La suspensión ha generado mayor injerencia en el disciplinamiento y, eventualmente, una resolución negativa del caso va a ser mucho más terrible. Tenemos la esperanza, la seguridad, de que si el tribunal resuelve conforme a lo que dicen las normas, el caso va a terminar en la absolución. Pero, por supuesto, todo este proceso es para disciplinar al Poder Judicial. Se van a alinear con lo que el Ejecutivo les manda, los jueces no van a querer (con lógica) someterse a este procedimiento. Es desgastante profesionalmente, humanamente, cualquiera va a tratar de preservarse de todo esto.