El fiscal chaqueño Jorge Eduardo Auat pidió la detención de 51 represores acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar y se pronunció por la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La denuncia roza al actual jefe del Ejército Ricardo Brinzoni, que era secretario de la intervención militar en la provincia cuando se cometieron estos crímenes y está imputado directamente en otra querella, por la masacre de Margarita Belén.
Las presiones que reciben los ministros de la Corte Suprema para ratificar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y dejar tranquilos a los militares –puntualmente al jefe del Ejército– no son receptadas por todos los funcionarios judiciales. Auat recogió testimonios del juicio por la Verdad del Chaco, viejos expedientes de habeas corpus y el informe que una comisión investigadora de la Cámara de Diputados de la provincia hizo en los primeros años de democracia y presentó anteayer esta nueva denuncia ante el juez federal Carlos Skidelsky. El fiscal imputó a 38 policías y 13 militares por la desaparición de catorce personas.
Entre los represores señalados por Auat hay varios que comparten con Brinzoni su condición de acusados en la causa por la masacre de Margarita Belén, en la que 22 detenidos fueron ejecutados y el crimen se pretendió encubrir bajo la figura de un “enfrentamiento con delincuentes subversivos”. El general Cristino Nicolaides, los tenientes Aldo Héctor Martínez Segon y Luis Patetta, del grupo de Artillería 7 y los policías Lucio Caballero y José Francisco Rodríguez Valiente son algunos de los imputados por las desapariciones de Carlos Terenchuk, Eva Beatriz Cabral, Raúl Caire, Delicia González, Abel Arce, Sara Fulvia Ayala de Morel, Pedro Crisólogo Morel, Mónica Almirón de Lauroni, José Oviedo, Enzo Lauroni, Julio Andrés Pereyra, Roberto Yedro, Fernando Gabriel Pierola y Reinaldo Zapata Soñez.
“Con el sistema de guardias de requisas y golpes estuvimos un año y medio. En pleno invierno nos sacaban a las cuatro de la mañana a bañarnos con agua fría porque nunca hubo agua caliente y en la Alcaldía los baños no tienen vidrio”, contó Norberto Mario Mendoza. “Yo me acostumbraba a bajar la venda ante determinada circunstancia, por ejemplo entre los `descansos’ que nos daban, entre tortura y sesión de tortura. Como estábamos atados y durante la noche, cuando menos ruido había, había una cierta quietud, que algunos momentos dejaba dormir. Recuerdo un personaje, sentado en un sillón mullido, con la pierna de costado, que se golpeaba la mano con una regla negra que se usaban en los escritorios, con borde metálico, con bronce. Cuando yo me dormía, me pegaba en los pies”, declaró Carlos Aranda. Estas son partes de algunos de los testimonios que describen las condiciones de los desaparecidos del Chaco que citó Auat en su escrito.
En el dictamen, el fiscal señaló que “si funcionarios estatales han recurrido en masa al secuestro, tortura y asesinato por causas políticas, y, una vez restablecido el orden, no se reacciona contra los responsables o se lo hace en una medida mendaz, queda reafirmado que lo que se ha hecho por entonces `estaba bien’: `secuestrar, torturar y matar es correcto’. La sociedad ya no podrá decirse a sí misma `confiamos en el valor de la vida y de la integridad física y moral del hombre’ porque, demostradas las lesiones a los derechos fundamentales permaneció muda y reafirmó con ello, la vigencia del comunicado de los infractores: las normas que prohíben torturar y matar por causas políticas no rigen para nosotros. Con este comunicado social se desestabiliza la expectativa aparentemente firme, según el texto constitucional argentino de que `quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormentos y los azotes’. Allí se desestabiliza el orden jurídico, violando el mandato constitucional de mantener vigente la protección jurídica de la sociedad contra esos delitos aberrantes”. El año pasado, y también en base al juicio por la Verdad que impulsó la agrupación Hijos (Hijos por la Verdad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), el juez Skidelsky abrió una causa por torturas que recibieron los detenidos chaqueños antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. En ese caso no necesitó anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero aseguró que los tormentos eran crímenes de lesa humanidad y como tales imprescriptibles e inamnistiables. El fiscal consideró en el escrito presentado anteayer que, teniendo en cuenta la existencia de aquella causa, “un imperativo insoslayable de igualdad ante la ley, obliga a sacar el cepo y proceder a investigar la totalidad de los hechos aberrantes que se denuncian, a fin de poner a todos los responsables en una misma situación jurídica, sin discriminaciones que lleven a la odiosa e injusta situación de punición para algunos e impunidad para otros”.