El gobierno porteño decidió maquillar su perfil social de abandono. María Eugenia Vidal, ministra de Desarrollo Social, es la compañera de fórmula de Mauricio Macri por esa razón, entre otras. En el PRO sobrevino una súbita inquietud por los indigentes porque se vienen tiempos electorales. Según esta lógica, los violentos operativos nocturnos de la UCEP serían piantavotos y un aumento en los subsidios no. Las sumas que se pagaban por desalojo acaban de aumentar de 450 a 700 pesos por adulto y de 700 a 1200 por familia. Pero la ciudad continúa abonándolos en diez cómodas cuotas. También se relanzó en marzo el programa Buenos Aires Presente (BAP) que pasó de tener 70 empleados en 2007 a 300 en la actualidad. El 2 de junio comenzó a aplicarse el Plan Invierno u Operativo Frío que consiste en comprometer a distintas iglesias para que alojen a personas en situación de calle a cambio de una contribución en dinero. Pese a esta batería de medidas, sectores católicos denuncian que la dinámica de los desalojos con respecto a 2010 se mantiene y que desde “el Ministerio de Desarrollo Social se acosa a familias que habitan inquilinatos de la zona sur proponiéndoles que se vayan a vivir a la provincia de Buenos Aires con la excusa de supuestas clausuras de inmuebles y con falsas promesas de soluciones habitacionales”. Así lo revela un documento de la Comisión de Justicia y Paz de los misioneros claretianos y el Movimiento Popular en Lucha, Latinoamérica, Dignidad y Resistencia, que reúne a decenas de familias con problemas de vivienda.

En la parroquia Inmaculado Corazón de María del barrio de Constitución, todos los miércoles se realiza el encuentro de la Mesa de Trabajo por Vivienda. La iglesia cubre una de las zonas más postergadas de la ciudad y la concurrencia de familias, lejos de disminuir, aumenta. El documento, redactado por el laico Rafael Atuati, señala que “según nuestras modestas estadísticas, cada semana se suman a nuestras reuniones dos o tres casas nuevas en conflicto y en la zona sur, una cantidad superior (cinco o seis), padece un desalojo”. Horacio Avila, de la organización Proyecto 7 que nuclea a gente en situación de calle, brinda una mirada distinta. Dice que en Desarrollo Social, a donde ingresó a trabajar como asesor después de cuestionar con dureza las políticas del gobierno porteño, “se reforzaron todos los programas y se mejoraron los paradores. Hace un mes reabrió el de Retiro que estaba cerrado desde febrero. Ahora tiene más baños, duchas y hay tres plasmas. Y Proyecto 7 se hizo cargo del Hogar Monteagudo que queda en Parque Patricios y dispone de cien camas”. La ciudad, según los datos que maneja, cuenta con 1700 plazas disponibles para personas sin techo, aunque hay paradores que están saturados, como el de Costanera Sur.

El documento de la Comisión de Justicia y Paz critica la experiencia de autogestión en el ahora denominado Centro de Integración Monteagudo porque, según dice, “se trata de una estrategia vieja y conocida: evitar la asignación de recursos del Estado a las políticas sociales, utilizando a la población vulnerable para realizar tareas de administración y gestión (sin pagarles) bajo el disfraz de la “participación de los propios beneficiarios”. En cambio, la organización de Avila dice que “es el primero en el mundo dirigido en forma colectiva por las mismas personas que lo utilizan. Para eso tenemos asambleas semanales, donde en conjunto se definen ‘encuadres de convivencia’, horarios, talleres, actividades. Estamos convencidos de que es la única forma de que estos lugares cambien y que se empiecen a aplicar políticas más de fondo sobre integración social”.

En lo único que coinciden los dos sectores es en cómo se modificó la instancia previa a los de-salojos. “Ahora se trata de mediar con la intervención del BAP o la Defensoría del Pueblo. Van para explorar el terreno, censan a la gente antes”, cuenta Fernando Guzmán, de Justicia y Paz, quien hace trabajo social en la zona sur de la ciudad. Con todo, el documento titulado “Con Vidal los pobres no son bienvenidos” recuerda que “los operativos de la UCEP se hacían en coordinación con el BAP que depende de De-sarrollo Social, cuyos integrantes le brindaban la información de dónde se refugiaban las personas en situación de calle”. Avila comenta que cuando ingresó al ministerio exigió por escrito que “jamás deberá llegarse a un desalojo violento”.

El Programa Buenos Aires Presente se relanzó en marzo y coincidió con la segunda inasistencia de Macri a la indagatoria por la causa UCEP, en la que deberá declarar este miércoles 15. Es el tercer intento del juez de Instrucción Facundo Cubas para que comparezca en su despacho. Cuando el jefe de Gobierno y su ministra Vidal presentaron las bondades del remozado BAP pidieron que los vecinos se comunicaran a la línea 108 para alertar sobre personas en situación de calle. También difundieron el aumento de su planta de empleados, que hoy ronda los 300 y se dividen en tres grupos de trabajo. Un BAP Móvil que recorre la ciudad, uno zonal que tiene caminantes en zonas específicas y un BAP de la Tercera Edad.

Pasar el invierno

Con el mismo delineador, el macrismo continúa maquillando su política social y el primer jueves de junio lanzó el Operativo Frío, también conocido como Plan Invierno. En 2010 se intentó realizarlo en la iglesia católica Inmaculado Corazón de María y también en la Primera Iglesia Evangélica Metodista del pastor Hugo Urcola, ubicada sobre la avenida Corrientes al 700, en pleno centro porteño. En ambos casos, el emisario del Centro de Gestión y Participación (CGP) Nº 1 de la calle Uruguay 740 escuchó la misma respuesta: “No, gracias”. Las razones las explicó después el sacerdote Jorge Alonso, de la comunidad claretiana: “Primero crean los pobres y después nos piden que los ocultemos”. Más adelante una mujer lo llamó para aclararle que la oferta de 18 pesos diarios más un colchón por cada persona en situación de calle, sólo sería aplicable en los días de mucho frío. “Por debajo de los 5 grados”, le aclararon. Hasta el mes pasado, en varias de las parroquias del sur de la ciudad no se tenían noticias del operativo para sacar a los indigentes de las calles ante el invierno que se aproxima.

El texto de Justicia y Paz y el Movimiento Popular en Lucha Latinoamérica, Dignidad y Resistencia, señala que las organizaciones sociales y la intervención de la Justicia frustraron “el intento de modificar el decreto que regula los subsidios habitacionales, exigiendo que las familias beneficiarias debieran estar en situación efectiva de calle para tener acceso al subsidio –cuando antes la inminencia de situación de calle era requisito suficiente para la intervención estatal– o el malogrado Plan Invierno, mediante el cual el gobierno porteño quiso ocultar temporalmente a los habitantes pobres de la ciudad, ofreciendo recursos a instituciones como iglesias, clubes deportivos y organizaciones barriales, para que funcionaran como albergues nocturnos durante los meses en que el frío golpea más duro.

La repentina vocación social de un ministerio que cerró la Subsecretaría de Desarrollo Social en septiembre de 2010 durante un par de semanas porque carecía de dinero para pagar subsidios, no sólo va decorada con la candidatura de Vidal a vicejefa de Gobierno. Uno de sus principales colaboradores, José Luis Acevedo, quien estaba a cargo de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, ahora es el décimo candidato a legislador en la lista del PRO. En cambio, a Pablo Díaz, quien dirigía el área de Atención Inmediata, lo pasaron al Ministerio de Espacio Público. Los dos eran cuestionados por los sin techo como integrantes del staff de la ministra. El propio Avila, quien vivió en la calle durante cinco años y tiene autoridad para hablar del tema, los defenestró –también hizo lo propio con Vidal– en una carta abierta que le envió a Macri cuando lideraba los frazadazos contra el gobierno porteño. Una forma de hacerse notar que tienen los pobres de toda pobreza.