La Aduana devolvió ayer el material incautado en febrero pasado a un avión militar de Estados Unidos que transportaba tropas para ejercicios conjuntos con la Policía Federal. La noticia fue confirmada por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, que distribuyó un comunicado en el que consignó que “el incidente que involucró la retención de materiales propiedad del gobierno de los Estados Unidos, relacionado con una actividad de entrenamiento conjunta previamente planeada y aprobada, que por fallas administrativas involuntarias debieron ser incautados, se ha resuelto satisfactoriamente”.

De esta manera, Washington dio por terminado el episodio abierto el último 10 de febrero. Ese día, un avión C 17 Globemaster III de la Fuerza Aérea norteamericana aterrizó en Ezeiza llevando paracaidistas del ejército y los elementos necesarios para el curso que le impartirían al Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal sobre rescate de rehenes y manejo de situaciones de crisis. Pero, al momento de revisar el equipaje, los funcionarios de Aduana se encontraron con varias cosas que no estaban declaradas en las planillas. Según testimoniaron luego ante el juez Rafael Caputo, hallaron cinco cañones y drogas –como analgésicos y psicotrópicos– no especificados. En el caso de las drogas, además, su ingreso al país no está permitido.

Estos elementos venían mezclados con los otros que estaban declarados y no tenían trabas para su ingreso, por lo que el operativo demoró horas. Dio como para escenas de comedia, como la de los marines fumando encima de una valija que no permitían que se abriera porque contenía “material sensible”. Fue abierta al día siguiente en presencia del canciller Héctor Timerman y fue necesario romper el candado porque nadie quiso aportar la clave de apertura. Contenía software sofisticado, equipos tipo palm, pendrives, notebooks, aparatos de transmisión y encriptadoras. También drogas, calmantes para el dolor, narcóticos y estupefacientes.

El descomiso generó un conflicto entre ambos países. La Cancillería argentina presentó una queja a Estados Unidos por su intento de violar la normativa local. En tanto, el vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, y el encargado de América latina, Arturo Valenzuela, hicieron airados reclamos por lo sucedido. Valenzuela llegó a decir que los marines habían sido “amedrentados” por los funcionarios aduaneros. Curiosamente, ni Crowley ni Valenzuela siguen hoy en sus cargos.

Días más tarde, incluso el presidente Barack Obama sostuvo en una entrevista que la próxima vez que se cruzara en alguna cumbre con Cristina Kirchner le iba a pedir que le devolviera el material incautado.

En el gobierno argentino aseguraban que no se trataba de ninguna disposición especial, sino que el asunto estaba en manos del juez que tramitaba el expediente. Como aclaró ayer el administrador federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, quien confirmó que “el caso ha sido resuelto por el juez administrativo de la Aduana, tal cual lo expresado por la Embajada de los Estados Unidos en su comunicado”.

El comunicado redactado por la representación que encabeza la embajadora Vilma Martínez fue enfático en varios aspectos que anteriormente habían sido puestos en duda, como destacaban ayer en la cancillería argentina. “Argentina y Estados Unidos comparten normas similares de aduana que ambos respetan”, señaló el comunicado. “Luego de una serie de reuniones que se mantuvieron con funcionarios de la Aduana y del Ministerio de Relaciones Exteriores, habiendo cumplimentado con todas las reglamentaciones de la aduana y de las leyes argentinas vigentes, el material mencionado fue devuelto”, continuó. Y concluyó con una convocatoria a la continuidad de la colaboración: “Nos comprometemos a continuar trabajando con la Argentina en una asociación basada en el interés y respeto mutuos, así como también con valores y responsabilidad compartidos”.